Hablar de fiscalidad y administración pública en pleno 2020 supone un gran conflicto de intereses. Solamente colocar el tema en la palestra, genera opiniones divididas.
Antilavadodedinero / Asfixiadoelcontrabando
Aunque, desde un punto de vista personal, todos queremos contar con el respaldo de un sistema de seguridad social que no deje duda a la incertidumbre, y todos sabemos que la innovación es la única manera de capitalizar el talento para crecer en el futuro, son muy pocas las personas que verdaderamente toman conciencia de que nuestra prosperidad nacional e individual depende de ello.
Una gran mayoría, supone que la fiscalidad no debe renunciar a cumplir sus objetivos de equidad en un entorno donde la desigualdad es la medida del día a día. Sin embargo, también nos encontramos con la otra cara de la moneda (la clase media) quien se ve afectada por los altos gravámenes del impuesto sobre la renta.
Si a eso le sumamos las noticias sobre mala gestión, corruptelas, despilfarros, la crisis ocasionada por la pandemia del COVID con los ingresos cayendo y los gastos subiendo, obtenemos un escenario bastante negativo.
Fiscalidad y Administración pública en medio de la crisis: ¿Qué se puede esperar en los próximos años?
A este respecto, el informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2020-2021 de mayo de este año (AIREF), alerta sobre las consecuencias de la crisis, la necesidad de reducir la deuda pública a menos del 70% por ciento del PIB en 20 años y la obligación de volver al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, lo que nos aboca indefectiblemente a un incremento de la presión fiscal.
En la misma línea, un informe de julio de este año, del Banco de España, alerta que el acusado descenso esperado del PIB nominal también impulsará la ratio al alza. Por esta razón, algunas personalidades políticas y expertas en el área han insistido muy reiteradamente en la necesidad de trazar “un plan a futuro” para reducir la deuda pública que nos dejará la pandemia.
Bajo este contexto, se hace necesario poner de relieve la existencia de medios para mejorar la recaudación, simplificar la gestión de los impuestos, reducir los costes administrativos y facilitar el cumplimiento de las normas tributarias, todo ello sin subir los impuestos ni reformarlos. Pero, ¿cómo hacerlo de manera congruente?…la respuesta tal vez esté en las herramientas tecnológicas.
¿Qué nos ofrece la tecnología en materia de fiscalidad y administración pública?
Cuando hablamos de gestión fiscal tecnológica, se hace énfasis en tratar de aplicar en la gestión de los impuestos la mejor tecnología emergente disponible como por ejemplo analítica de datos, blockchain, Internet de las cosas (IoT), computación en nube, georreferenciación, aprendizaje de máquinas y apps, entre otras.
Muchas de estas tecnologías son disruptivas ya que entrañan un potencial grande para contribuir al progreso fiscal. Por ejemplo, de acuerdo con este estudio realizado por el FMI se estima que reducir la brecha de digitalización a la mitad podría incrementar la recaudación del IVA en un 1,7% del PIB en países en desarrollo.
A su vez, los interfaces estandarizados permiten la conexión segura de sistemas de información empresarial de los contribuyentes directamente con los sistemas tributarios, flexibilizando la operación y reduciendo el costo del cumplimiento, como lo ofrecen las administraciones tributarias de Nueva Zelanda o Reino Unido por citar algunos casos de éxito mundial.
Uno de los tópicos fundamentales que debemos tomar en cuenta, es la trazabilidad como elemento de regulación interna en la guerra contra el fraude fiscal. Actualmente existen ya herramientas tecnológicas tanto para la trazabilidad de los productos (códigos de seguimiento, tags, internet, códigos QR) como para la trazabilidad de la información (big data protegida con blockchain). Gracias a la implementación de estos se podrían detectar la mayoría de fraudes relacionados al comercio ilícito.
Por otro lado, la tecnología del blockchain puede mejorar la gestión del IVA intracomunitario o en países federales, para reducir el fraude entre fronteras, como se ha propuesto para el IVA en la Unión Europea; y también puede facilitar el control aduanero como hace la administración de aduanas de Singapur.
En resumidas cuentas, muchas de estas mejoras son necesarias o mejor dicho urgentes. Aún hay un gran camino por recorrer para que la fiscalidad y administración pública llegue a un nivel óptimo, o tan siquiera razonablemente satisfactorio, de eficiencia a través de las nuevas tecnologías. Aunque el futuro se pueda vislumbrar positivamente, lo cierto es que sin un esfuerzo importante en este sentido, es difícil que se logre superar los grandes retos que se avecinan
