El presidente Enrique Peña Nieto presumía que en el país gobernaba un “nuevo PRI”. Rodeado por nuevos cuadros y bajo la narrativa de “Mover a México”, la intención era presentar un partido rejuvenecido y dejar atrás la sombra que siempre lo ha perseguido: la corrupción y la impunidad.
Antilavadodediner / Infobae
Pero con el paso del tiempo, la realidad se impuso dejando en claro que las viejas prácticas no habían quedado atrás, sino que se habían perfeccionado.
Roberto Sandoval, César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, dejaron de ser el ejemplo de un tricolor renovado, para dejar un legado de excesos, corrupción e impunidad. A la lista se han sumado otros ex gobernadores, algunos de los cuales se encuentran presos, mientras que otros aún permanecen prófugos o son investigados.
Desde el inicio y hasta el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros, fue señalado de conocer las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas.
Fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración, la violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado escalaron de una manera dramática, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.
Hoy es buscado en 194 países luego de que este viernes 13 de noviembre, un juez de control de Nayarit emitió una orden de aprehensión acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones. Pero no es la primera vez que recaen señalamientos sobre el exgobernador.
Desde el 17 de mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.
Es por eso que el pasado 28 de febrero, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, informó que el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit, en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció que mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias del ex gobernador de extracción priista, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco.
Algunos de sus más cercanos colaboradores como el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido el 27 de marzo de 2017, también fue acusado de narcotráfico. Su arresto ocurrió en San Diego California cuando aún era fiscal en funciones. Ha sido señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro y desapariciones forzadas.
Las autoridades mexicanas acusan a Sandoval, de enriquecimiento ilícito, por lo que en el 2018, la extinta Procuraduría General de la República le aseguró al menos 5 propiedades, entre las que se encuentra La Cantera, una finca de 40 mil metros cuadrados.
También está acusado de uso indebido de funciones por haber condicionado la entrega del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) a quienes no votaran por el Revolucionario Institucional en la elección, así como del desvío de recursos para beneficiar a candidatos del PRI en las elecciones de 2018.
Investigaciones periodísticas revelaron que, además, Roberto Sandoval construyó una red de empresas con familiares, socios y colaboradores que van desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda, calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos hasta actividades con fines asistenciales.
César Duarte, el gobernador que dejó en la ruina a ChihuahuaCésar Duarte, junto al ex presidente Enrique Peña Nieto. César Duarte, junto al ex presidente Enrique Peña Nieto.
César Duarte Jáquez, gobernó Chihuahua de 2010-2016. Durante su administración, dejó al estado en la bancarrota luego de perpetrar el desvío y disposición indebida de 1,200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.
Aunado a esto, investigaciones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. Era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos, así como ranchos con búfalos y otros animales exóticos.
Pero su ambición no llegó ahí y obtuvo su propio banco. Fue apoyado por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien autorizó que César Duarte fuera el accionista mayoritario del Banco Unión Progreso de Chihuahua.
En 2014, se detectaron 342 transferencias del gobierno del estado de Chihuahua hacia el Banco Unión Progreso, donde se contabilizaron al menos 80,000 millones de pesos en pagos que salieron desde la Secretaría de Hacienda. Al término de su gobierno, Duarte Jáquez se esfumó.
Fue al inicio de la administración del actual gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra César Duarte, al denunciar que había un desfalco millonario a las arcas públicas.Foto: REUTERS/Jose Luis González Foto: REUTERS/Jose Luis González
En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6,000 millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015, lo cual fue conocido como la “Operación Safiro” (con “s”) en el cual seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.
La “Operación Safiro” quedó al descubierto tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y luego con la captura de Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, se supieron más detalles.
Yáñez declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT (apéndice de la SHCP encabezada por Luis Videgaray) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, ya que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Yáñez Herrera fue sentenciado a sólo cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.
El 25 de enero de 2019, la Comisión partidaria del PRI decidió expulsarlo de sus filas, pero fue hasta el 12 de junio de ese año que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Duarte Jáquez permaneció prófugo durante más de tres años hasta que el pasado 8 de julio fue detenido por autoridades estadounidenses en el estado de Florida. Desde ese momento a la fecha,el exmandatario estatal ha intentado evitar su extradición a México.
Gobernó Veracruz del 1 de diciembre del 2010 al 12 de octubre del 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado.
Cuando aún estaba en funciones, fue señalado de encabezar una compleja estrategia para lograr el desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
Luego de permanecer medio año prófugo de la justicia mexicana, Duarte de Ochoa fue detenido en un hotel de lujo ubicado en Guatemala el 16 de abril de 2017 acusado de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero después la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le reclasificó el delito de delincuencia organizada a enriquecimiento ilícito, que es menos grave.
En una entrevista otorgada al periódico Reforma el 8 de julio de 2019, Duarte reveló que cuando aún era presidente Enrique Peña Nieto, le regaló una suma de dinero (no precisó cifras) para ayudarlo porque tenía “cargos de conciencia” por la persecución que padecía.
Javier Duarte aseguró que con ese mismo dinero, sobornó al ex encargado de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada.
Durante una audiencia, Duarte declaró que su renuncia al gobierno del estado de Veracruz y su posterior huida a Guatemala, fueron por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. La orden habría llegado a través del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien habría arreglado una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para simular que pediría su renuncia.
“Fue una negociación (la captura), en donde me dijeron ‘te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas’, dijo Duarte en una entrevista telefónica a Ciro Gómez Leyva el pasado 9 de julio de 2019.
Pese a que ha interpuesto varios amparos, el ex gobernador veracruzano permanece preso en el Reclusorio Norte de la capital del país. En mayo de 2020, una juez confirmó la sentencia de Duarte de 9 años de prisión, pero ordenó regresarle 40 inmuebles que se le habían decomisado.
El pasado 8 de noviembre, Javier Duarte se dijo dispuesto a declarar en contra Peña Nieto. Duarte de Ochoa aseguró que el exmandatario sí recibió recursos para su campaña presidencial en 2012, por parte de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que se dijo dispuesto a declarar “lo que le consta” sin buscar un beneficio o criterio de oportunidad.
Fue gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 y en poco tiempo, pasó de ser uno de los políticos más jóvenes y con mayor proyección del PRI (tenía 31 años cuando llegó a la gubernatura), a ser uno de los políticos más señalados.
Al término de su administración, se realizaron múltiples acusaciones que lo involucraban en la venta ilegal del patrimonio del estado, del quebranto a las arcas estatales por 30 mil millones de pesos, despojos a particulares y violaciones a los derechos humanos.
Durante su administración, que se caracterizó por los lujos, fiestas y viajes; se permitió el desmonte en la zona de manglares del Malecón Tajama. Para justificar esta acción, el mismo Borge dijo que el Fondo de Coordinación al Turismo junto con la Semarnat, habían asegurado y resguardado la flora y fauna de la zona, lo cual era mentira y todo derivó en un desastre ecológico. Pero eso no es todo, también fue señalado de haber elevado el endeudamiento del estado por más de 22 mil millones de pesos.
Luego de permanecer varios meses prófugo, Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá, bajo los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y la supuesta venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.
El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México para enfrentar los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la administración pública. Al día siguiente fue recluido en el Centro federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.
En mayo de 2019, un juez de control de Chetumal le dictó dos años de prisión preventiva justificada y de dos meses por el delito de aprovechamiento ilícito del poder en la subcontratación presuntamente ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de pesos.
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Roberto Borge aún no tiene dictada una sentencia, pero de ser encontrado culpable, podría alcanzar una pena máxima de 15 años de cárcel.
En febrero de 2020, el gobierno mexicano sumó un nuevo delito a la acusación contra Roberto Borge: delincuencia organizada.
Gobernó Nuevo León de 2009 a 2015. Durante su mandato fue señalado de haber dado estímulos millonarios a la armadora coreana de automóviles KIA, que habría derivado en un desfalco 3 mil millones de pesos a las arcas estatales.
Tras la llegada de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” al gobierno estatal, se desarrolló la llamada “Operación Tornado” en la que se dio a conocer el desfalco. Se aseguró que el priista tenía 20 expedientes abiertos y de ser encontrado culpable en por lo menos uno, el ex gobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
Pero dos años después (2017), Rodrigo Medina libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio.
El juez determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la administración de “El Bronco”.
Fue gobernador de Tabasco de 2007 a 2012. Durante su administración, la entidad sufrió crisis relacionadas con la carencia de recursos para pagos a proveedores, particularmente del sector médico.
En 2013 la PGR lo acusó por la presunta evasión fiscal, toda vez que el político tabasqueño no declaró ingresos en el año 2009. Según las autoridades, solo reportó 2,552,207 pesos, cuando en realidad obtuvo 10,357,979 pesos.
También estuvo envuelto en la polémica luego de que declaró que tenía más de 1,000 camisas, 300 trajes, 400 pantalones y 400 pares de zapatos. Posteriormente dijo que se trataron de “comentarios lamentables” y aseguró que su guardarropa consistía solamente de 30 camisas y unos 10 pares de zapatos.
Su detención se realizó a petición de la fiscalía estatal que lo acusó del desvío de al menos 1,900 millones de pesos que estaban destinados a programas sociales. Granier Melo ingresó en junio de 2013 al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, en la Ciudad de México, pero debido a su estado de salud, fue trasladado al Reclusorio de Tepepan, también ubicado en la capital del país.
El 18 de enero de 2019, Granier Melo dejó la Torre Médica de Tepepan para ser trasladado a su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, en donde estaría en prisión domiciliaria. En mayo de ese mismo año, un juez le concedió la libertad absoluta,luego de cumplir 71 años de edad.
Fausto Vallejo Figueroa y la sombra del narcotráficoFausto Vallejo Michoacán 163 Fausto Vallejo Michoacán 163
Asumió como mandatario estatal el 15 de febrero de 2012 y casi enseguida comenzaron los rumores de sus vínculos con los narcotraficantes; a la par, su salud empezó a mermar. La inseguridad llegó -en esos momentos- a sus índices más altos con enfrentamientos entre los cárteles y el levantamiento de las autodefensas, que surgieron como grupos de ciudadanos que tomaron las armas para defenderse.
En junio de 2014 fue dado a conocer un video en el que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador, aparecía en una reunión con Servando Gómez “La Tuta”, en ese momento líder de “Los Caballeros Templarios” en donde supuestamente, analizaban la situación del estado.
Ahí “La Tuta” aseguraba que el diputado federal priista, Alfredo Anaya Gudiño, lo buscó para explorar la posibilidad de ser gobernador interino debido a que Fausto Vallejo se encontraba muy enfermo e incluso, ya tenía múltiples trasplantes.
Tras la revelación del video, la renuncia de Fausto Vallejo llegó 5 días después, argumentando problemas de salud.
Pero de acuerdo con documentación confidencial de seguridad pública e inteligencia militar, revelaban que Rodrigo Vallejo, alias “El Gerber”, comenzó a trabajar para distintos grupos criminales de Michoacán desde muy joven, pero cobró más importancia cuando su padre ganó la gubernatura. Rodrigo Vallejo se encuentra preso acusado de vínculos con el narcotráfico
“El Gerber” aparecía en la estructura de las organizaciones criminales de “La Empresa”, “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”, en las que cumplía un papel importante para el lavado de dinero y como intermediario con empresarios, comerciantes y políticos.
Con esas evidencias, la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) detuvo ese mismo año a Rodrigo Vallejo, pero poco después fue liberado, luego de que un juez consideró que las autoridades habían violentado las “garantías individuales” del acusado y le dictó una fianza de 7,000 pesos.
En 2015 se publicaron un nuevos videos de Rodrigo con “La Tuta”. Vallejo dijo que la reunión se llevó a cabo porque “La Tuta” lo amenazó de asesinarlo a él o a su hermano Fausto si no le reportaban recursos de los negocios que emprendían.
Vallejo Mora fue nuevamente capturado por el delito de delincuencia organizada y liberado en el mes de junio de ese año, aunque la Fiscalía no pudo demostrar su responsabilidad.
El 26 de enero de 2019, Rodrigo Vallejo volvió a ser detenido por agentes de la Fiscalía General de la República, en cumplimentó con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 en Guanajuato.
