Los Ajos, Colombia, fue la última morada para un puñado de mineros, víctimas de una actividad más insegura que rentable. Las minería ilegal trajo otra tragedia en las fauces del socavón.
AntilavadoDeDinero / elcomercio.com
La noticia movilizó a los efectivos policiales cuando al mediodía del miércoles un deslizamiento de tierra sepultó a ocho personas. Cinco de ellas resultaron fallecidas.
La minería ilegal no es realmente nueva en la zona pero la tragedia constituye una nueva ‘veta’ para explorar un drama humano oculto en la inmensidad de la selva, que a su vez encierra un millonario negocio.
Hace casi una década, en una zona cercana, el gobierno colombiano de entonces detectó, tomó con fuerzas militares y destruyó un numeroso parque de maquinaria pesada que movilizaba inmensas masas de tierra.
En un informe periodístico sobre el problema, las autoridades precisaron que 52 frentes mineros se hallan diseminados en la zona. Las fotografías aéreas y el trabajo de los drones revelan la amplitud de ciertos campamentos clandestinos.
La minería ilegal no paga impuestos, destruye la selva -una parte del Chocó- horadándola inmisericordemente y contamina las aguas de los ríos si se usa mercurio, volviéndolas inservibles para el riego. A su alrededor suele haber tenencia ilegal de armas, trata e incluso lavado de dinero. Estas operaciones clandestinas debieran estar ocultas pero constituyen un secreto a voces que la actividad se lleva adelante y hasta patrullajes periódicos de las Fuerzas Armadas localizan los campamentos.
Excavadoras y otras maquinarias delatan una actividad constante. Muchos minadores operan a espaldas de quienes explotan ilegalmente las minas, pero cabe preguntarse quién compra el oro. Los mercados podrían estar incluso en otros países, como sucedía en Buenos Aires, en San Lorenzo, zona caliente ya conocida desarticulada hace un tiempo.
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