La Comisión de Justicia de la Asamblea se reunió hoy, para iniciar el análisis de un proyecto unificado de la Ley anticorrupción para Ecuador.
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El marco normativo está entre los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la aprobación de USD 2 000 millones en diciembre.
Los recursos son claves pues el Fisco necesita USD 3 700 millones para cerrar el año. La Comisión revisó el texto unificado y suspendió la sesión a fin de que los asambleístas tengan tiempo de revisar el documento y realizar observaciones. El organismo legislativo retomará el miércoles 25 de noviembre del 2020 la reunión para recibir los aportes de los legisladores y preparar el informe para primer debate.
El Fondo Monetario solicita tipificar los delitos de corrupción, tanto de funcionarios públicos como del sector privado, lo cual requiere una reforma al Código Orgánico Integral Penal (Coip). El documento que analiza la Comisión recoge el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo y las propuestas de otros seis asambleístas.
A continuación, algunas propuestas de la Ley unificada contra la corrupción: 1. El proyecto unificado incluye la inhabilitación para contratación con el Estado para empresas o personas cuando existan sentencias condenatorias por delitos de corrupción.
2. Actualmente, se establece una pena de 10 a 13 años para personas que cometan peculado; sin embargo, el proyecto de reforma plantea que se aplicará la máxima pena si el delito se hace abusando del estado de excepción, situación de desastre nacional, si la entidad afectada quiebra, urgencias de sectores vulnerables, salud, IESS, entre otros.
3. Se incorpora la figura de «obstrucción de la justicia».
Es cuando una persona, mediante el uso de la fuera, amenaza u ofrecimiento de un beneficio, que impidan la prestación de testimonio o aportación de pruebas o induzca a una persona a prestar falso testimonio dentro de procesos de delitos contra la administración pública. Se castiga con 3 a 7 años. La máxima pena se aplicará si el delito se comete en medio de la declaratoria de una emergencia.
4. La elusión de procedimientos de contratación pública en provecho propio será sancionada según el monto del contrato, desde 6 meses (USD 10 000) hasta 20 años (más de USD 250 000).
5. El tráfico de influencias ya existe en el Código, con una pena de 3 a 5 años. En la reforma se plantea que si este delito se comete en situaciones de emergencia se aplicará la máxima pena, además se propone la disolución de compañías que incurran en esta falta.
6. Incluye el delito de sobreprecio en contratación pública se plantea sancionar con cinco a siete años de prisión.
7. Incluye la figura de corrupción en el sector privado: los empleados, directivos, accionistas de una empresa que acepten, reciba o solicite donativo, promesa o cualquier ventaja que permita favorecer a otro en la adquisición o comercialización de bienes y servicios o en la relación comercial será sancionado con 1 a 3 años de cárcel. Además, si existe responsabilidad de la empresa se dispondrá la disolución de la empresa.
8. La instrucción fiscal se puede ampliar de manera excepcional por 12 meses. Actualmente, dura 90 días. Esto se podrá hacer en delitos económicos, sustancias sujetas a fiscalización, régimen de desarrollo y eficiencia del sector público, etc.
