Este domingo, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley contra el crimen organizado, iniciativa anunciada tras las recientes balaceras en diversas comunas por conflictos entre bandas rivales y que terminó con el fallecimiento de personas inocentes.
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“Nuestra legislación para combatir el delito de la asociación ilícita data del año 1874 y está totalmente obsoleta y ha demostrado ser muy ineficaz. Y desgraciadamente, la combinación entre las drogas, las armas, la corrupción y la violencia en cuya raíz se encuentra el crimen organizado, también está amenazando con penetrar a nuestras policías, instituciones y poderes del Estado”, detalló el jefe de Estado.
Además, señaló que es consciente de que “la delincuencia ha evolucionado en nuestro país, desde delincuentes normalmente individuales y con poca organización hacia bandas delictuales con altos niveles de organización y planificación, con abundancia de recursos financieros y tecnológicos, con armamento de grueso calibre y alto poder de fuego, y con capacidad para causar un grave daño a nuestra sociedad”.
“Estamos un punto de inflexión, que nos obliga a actuar ahora con decisión y urgencia, porque mañana puede ser demasiado tarde”, agregó.
Ante esto, el presidente anunció que este proyecto modificará el delito de asociación ilícita, vigente en el Código Penal, y lo sustituye por dos nuevas figuras denominadas como asociación delictiva y asociación criminal.
Sobre el primero, el mandatario explicó que “va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad de hasta 5 años”.
Mientras que el segundo “va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años”.
Asimismo, afirmó que la iniciativa también incluirá la infiltración en bandas, agentes encubiertos e intervenciones de llamadas telefónicas. “Siempre para aplicar estos instrumentos se requiere la autorización previa de un juez de garantía para cautelar los derechos fundamentales de las personas”, dijo.
