La justicia del Vaticano dicta mañana sentencia en un caso de malversación de fondos y lavado de dinero ligado al IOR.
AntilavadoDeDinero / notimerica.com
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano dictará sentencia este jueves en el proceso que ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), conocido como banco del Vaticano, Angelo Caloia de 81 años y contra el abogado ligado al instituto, Gabriele Liuzzo de 97 años, por los delitos de malversación de fondos y lavado de dinero.
Se les acusa de haber obtenido en forma ilícita millones de euros producto de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2001 y 2008. Las pesquisas consideran la venta de 29 edificios, por los cuales estos funcionarios podrían haber ganado hasta 70 millones de dólares.
El fiscal del Vaticano, Giampiero Milano, abrió en mayo de 2018 el juicio oral ante las evidencias de que ambos funcionarios, Caloia, que ejerció como jefe de IOR entre 1989 y 2009, y Liuzzo, desviaron más de 50 millones de euros entre 2001 y 2008 en una operación ilícita a través de la venta de una parte considerable de los activos de bienes raíces del instituto bancario.
En esa gestión también estuvo implicado el exdirector general del IOR, Lelio Scaletti, que falleció antes de que se cerraran las investigaciones.
Las pesquisas comenzaron en 2014 tras una denuncia que fue presentada por el propio IOR. El Vaticano se personificó como parte civil subsidiaria en este juicio lo que le conferirá el derecho de exigir una indemnización, en caso de que sean hallados culpables, por los daños causados.
El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, el mismo que está investigando el caso de la compra opaca de un inmueble de lujo en Londres que habría provocado pérdidas millonarias a las finanzas del Vaticano, ha pedido 8 años de prisión por lavado de dinero y malversación de fondos. El magistrado ha confiscado de forma preventiva 32 millones de euros de sus cuentas bancarias, algunas abiertas precisamente en el IOR, además del secuestro de bienes inmuebles por valor de 25 millones de euros.
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