En medio de la crisis mundial por la pandemia, la gestión que los gobiernos lleven a cabo en la contención del covid-19 es vital para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
Antilavadodedinero / eltiempo
Por desgracia, algunos funcionarios de distintos países fueron protagonistas de escándalos de corrupción durante estos tiempos.
Es evidente que todos los países alrededor del mundo, en mayor o menor medida, han tenido que disponer de grandes cantidades de recursos públicos para manejar la crisis económica y sanitaria.
La grave situación ha llevado a que muchos gobiernos declaren medidas como el estado de alarma, lo cual les da mucho más poder a sus mandatarios. Esto puede terminar en un indiscriminado aprovechamiento de los recursos y en varios casos de corrupción.
Al respecto, la investigadora de Fedesarrollo Daphne Álvarez dijo que “la corrupción es la misma de siempre: simplemente hay más recursos disponibles”.
Es por ello que algunas autoridades han visto el panorama actual como un escenario ideal para obtener beneficios individuales sin importar las fatídicas consecuencias colectivas.
El ‘vacunagate’
Perú está sumido en un enorme escándalo luego de que se diera a conocer que 487 personas, incluidos varios funcionarios públicos, se vacunaron irregularmente durante las pruebas de la vacuna china Sinopharm, en octubre del año pasado.
El primero en pronunciarse fue el expresidente Martín Vizcarra, quien sostuvo, en conversación con el medio ‘Perú21’, que se había vacunado como ‘voluntario’, pero la universidad encargada del estudio desmintió esta información.
Después de él siguieron Pilar Mazzetti, ministra de Salud, y Elizabeth Astete, ministra de Relaciones Exteriores, quienes también admitieron haberse vacunado.
La vacunación irregular se dio a partir de 3.200 dosis adicionales del fármaco que se le brindaron al equipo de investigación, sin embargo, muchas personas se aprovecharon de su posición política para adueñarse de estas provisiones.
Francisco Sagasti, mandatario actual, se sintió “indignado y furioso” ante la situación y de inmediato abrió una investigación para retirar de sus cargos a todos los funcionarios que vacunaron antes que al resto de la población.
Cabe resaltar que Perú está en plena segunda ola de la pandemia y en medio de una campaña presidencial que se decidirá a finales de abril.
Las ambulancias del gobernador de Putumayo
El 6 de mayo del 2020, la Procuraduría le abrió una investigación a Buanerges Florencio Rosero, gobernador del departamento de Putumayo, por supuestas irregularidades en los pagos de 10 ambulancias para atender a pacientes de covid-19.
Más de cinco meses después, en noviembre, la Fiscalía pidió que se le dictara prisión domiciliaria.
Se determinó que el contrato de los vehículos, valorado por alrededor de 3 mil millones y medio de pesos, tendría un sobrecosto de más de mil millones de pesos.
El 13 de noviembre, Rosero no aceptó los cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esta entidad decidió ordenarle casa por cárcel debido a que consideró que existía riesgo de “continuar con la actividad delictiva”.
También fueron investigados Jorge Alberto Molina Giraldo, el secretario de Salud del departamento, y Fanny Chávez y Alexandra Benavides González, jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios.
La red de corrupción de Wilson Witzel
El 28 de agosto de 2020, Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro (Brasil), fue destituido de su cargo en una gran operación policial por su presunta implicación en esquemas de corrupción del área de la salud.
De acuerdo con la Fiscalía, Witzel, de 52 años, desde su llegada al cargo (enero de 2019) habría creado una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos.
Entre los casos más destacados están la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por el coronavirus y la compra irregular de respiradores y medicamentos.
De los siete hospitales planeados para combatir la pandemia apenas dos salieron del papel.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) detalló que la red de corrupción que tejió Witzel incluía delitos de corrupción activa, pasiva, asociación para delinquir y lavado de capitales.
Se abrieron decenas de investigaciones y detenciones, como en el caso del líder evangélico del Partido Social Cristiano (PSC), al que Witzel también pertenecía.
Las pruebas PCR del Alcalde de Quito
El martes 16 de febrero empezó una audiencia en Quito (Ecuador) para imputar a Jorge Yunda, alcalde de la ciudad, por presuntas irregularidades en la compra de pruebas PCR llevada a cabo en abril del año pasado.
Según el periódico ecuatoriano ‘El Comercio’, además de Yunda hay 6 funcionarios más de la Secretaría de Salud de Quito que son investigados.
“Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso es conseguir vacunas para Quito; si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto”, dijo Yunda en su cuenta de Twitter un día antes de la audiencia.
Por su parte, la Fiscalía del país afirmó tener elementos suficientes para ganar en el proceso judicial. Entre ellos, hay correos y mensajes de texto enviados entre el 29 de marzo y el 13 de abril.
Mientras se determinan todos los detalles del caso, los funcionarios permanecen en prisión preventiva para “garantizar su comparecencia en el proceso”, aseguró la Fiscalía.
La alcaldesa española que se vacunó primero
Imma Colom, alcaldesa del municipio Tossa de Mar, en España, se vacunó contra el covid-19 el 12 de enero, mucho antes que su población.
Según ‘EFE’, la oposición, el grupo llamado ‘Tossa Unida’, mostró su indignación y afirmó que era “un acto de insolidaridad” y de “falta de respeto para el resto vecinos y vecinas”.
Ratificó que la alcaldesa se vacunó “adelantándose a la orden que se ha establecido por las autoridades sanitarias, sin ser grupo prioritario en esta vacunación”.
Por su parte, Colom se dejó fotografiar vacunándose en un hogar geriátrico y aseguró sentirse “muy orgullosa” de lo que había hecho.
Su equipo de gobierno sostuvo que Colom es doctora de profesión y pasa largas horas en el geriátrico de forma voluntaria. Ante esta actividad, se le recomendó vacunarse.
Al igual que otros empleados, Colom se vacunó “con la intención de proteger a los ancianos de posibles contagios”, aseguró su equipo.
El excesivo precio de bolsas para cadáveres
El 20 de mayo de 2020, la Contraloría de Ecuador emitió dos informes con indicios de responsabilidad penal en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales de Los Guasmo Sur y Ceibos, en Guayaquil.
‘El Comercio’, de Ecuador, informó que en el hospital del Guasmo Sur el sobreprecio era de 1.283 % mientras que en Los Ceibos es de 1.311 %.
En la primera entidad de salud el contrato era por 300 bolsas a un precio de 145 dólares cada una (514 mil pesos colombianos). Es decir, un contrato de 43.500 dólares (154 millones de pesos).
En Los Ceibos se adquirieron 4.000 fundas en 148,5 dólares por unidad (527 mil pesos). El costo total fue de 594 mil dólares (más de 2 mil millones de pesos). Cabe mencionar que el precio estándar de una bolsa de cadáver es de 12 dólares (42 mil pesos).
Las entidades no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado que ofrecían mejores costos. Afirmaron, sin embargo, que el proceso había tenido total transparencia.
‘EFE’ confirmó que se capturaron 16 personas relacionadas con este caso en diversas oficinas alrededor de la ciudad de Guayaquil.
