El Ministerio Público de Honduras presentó el lunes una acusación formal contra 11 personas, entre ellas, dos funcionarios y una hermana del presidente Juan Orlando Hernández, imputados por varios delitos de corrupción.
Antilavadodedinero / sandiegouniontribune
El MP informó que a esas 11 personas se les involucra en la sustracción de fondos públicos que superan los 122 millones de lempiras (unos cuatro millones de dólares) a través de una empresa fantasma de nombre Servicios e Inversiones AID.
El requerimiento fiscal fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia por haber dos secretarios de Estado entre los acusados, señala un documento divulgado por el MP.
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), a cargo de la investigación denominada “Hermes”, indicó que en 2014 la entonces ministra de Comunicaciones y Estrategia del Gobierno solicitó al ministro de Gestión Financiera de Casa Presidencial la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AID. La UFERCO no da un nombre específico, pero el cargo lo tenía Hilda Hernández, quien falleció en 2017 y también era hermana del presidente.
Según el documento divulgado por la fiscalía, esa empresa suscribió con Casa Presidencial 29 contratos de manera directa y sistemática hasta diciembre de 2016.
“Los contratos fueron firmados para la prestación de servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional”, detalla el documento. La cantidad “sobrepasaba en más de 49 millones de lempiras (más de dos millones de dólares) el presupuesto aprobado por Casa Presidencial para el rubro de publicidad y propaganda”.
“Los fondos públicos también fueron usados para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campañas políticas, diseño y montaje de restaurantes, renta de vehículos blindados, compra de semilla para producción de viveros de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana”, añade el documento.
Los señalados son el secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro Alexander Pineda Díaz; el gerente administrativo de Casa Presidencial, Harvis Edulfo Herrera Carballo, la contadora general de Casa Presidencia, Lesly Mirella Fúnez Sierra y el gerente administrativo de Casa Presidencial, Axel Eduardo Huete González. Los cuatro son acusados por violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude.
También son señaladas Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Claudia Yamilia Noriega González y Normal Guillermo Noriega Rodríguez, acusados por lavado de activos.
En el requerimiento también figuran el subjefe de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas, Mario Alberto Villanueva Menjívar, acusado de Testaferrato, así como Gloria Margarita Vargas, hermana del presidente Juan Orlando Hernández; Judit Mariel Muñoz Casteñada y Julio Antonio Galdámes Fuentes, señalados por el delito de encubrimiento agravado.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Moral, dijo a The Associated Press que tras la presentación del requerimiento fiscal a las personas acusadas por lavado de activos se les tendría que librar orden de captura porque la ley así lo contempla para ese tipo de delitos.
En el caso de los demás, sus abogados deberán presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para conocer el requerimiento y determinar la fecha en que sus representados deberán ser citados a declarar.
