Las empresas suizas aparecen regularmente en los titulares de los medios de prensa por su implicación en casos internacionales de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, pocas de ellas responden penalmente por sus actos. Un informe del capítulo suizo de Transparencia Internacional subraya lagunas en la legislación del país y en su aplicación.
Antilavadodedinero / swissinfo
La impunidad de las empresas suizas debe terminar, dice Transparencia Internacional. Suiza introdujo la responsabilidad penal de las empresas (artículo 102 del Código Penal), también conocida como punibilidad empresarial, en 2003. Desde entonces, una empresa puede ser considerada responsable si se le acusa de no haber tomado todas las disposiciones razonables y necesarias para prevenir infracciones graves como la corrupción o el blanqueo de capitales.
A pesar de los frecuentes escándalos, la principal organización no gubernamental anticorrupción del mundo solamente ha registrado ocho condenas en 20 años. Una de las más recientes es aquella de Gunvor en 2019. El Ministerio Público de la Confederación condenó al comerciante ginebrino de materias primas al pago de 94 millones de francos, incluida una multa de 4 millones, por sus vínculos con actos de corrupción en el Congo y Costa de Marfil. Los 90 millones de francos correspondían a la totalidad de los beneficios obtenidos por los casos en cuestión.
Estudios realizados por la Universidad de San Gallen en 2016 y la Escuela Superior de Técnica y Economía de Coira en 2012 han demostrado que alrededor del 20% de las empresas suizas que operan en el extranjero experimentan problemas relacionados con la corrupción. Según Transparencia Internacional, el bajo número de condenas demuestra la debilidad de la norma penal y pone de relieve las deficiencias en su uso.
Francia es un buen alumno
“En comparación con los países vecinos, la normativa suiza no está muy desarrollada”, afirma Martin Hilti, director de la sección suiza de la ONG. El principal problema es que la ley y su aplicación no ofrecen suficientes incentivos para que las empresas se denuncien y cooperen con los tribunales. Y sin cooperación, es difícil reunir pruebas cuando se trata de grandes casos con ramificaciones internacionales. “Sin autodenuncia y la colaboración de la empresa, es difícil responsabilizarla de sus actos”, afirma Hilti.
El informe de la ONG cita a Francia y al Reino Unido como ejemplos de buenas prácticas. En el Hexágono, la ley Sapin 2 permite a una empresa en tela de juicio eludir una demanda firmando un acuerdo con el Ministerio Público. Para ello, debe cumplir ciertas obligaciones, incluida la de someterse a un programa de cumplimiento. Desde su promulgación en 2016, las empresas francesas han sido condenadas con frecuencia por todo tipo de delitos.
Romper el círculo vicioso de la corrupción
Suiza haría bien en seguir su ejemplo, según Transparencia Internacional. En particular, sería conveniente prever la posibilidad de exención de la sanción para las empresas que se autodenuncien. La ley y los ministerios públicos también deberían regular mejor los mecanismos para concluir acuerdos fuera de los procesos judiciales. “Si saben exactamente en qué va a consistir el procedimiento, cuánto va a durar y qué pueden esperar, las empresas tienen interés en querer resolver el problema. A menudo están atrapadas en un círculo vicioso de corrupción”, comenta Hilti.
Transparencia Internacional también señala otras deficiencias. Entre otras cosas, considera que las sanciones no son suficientemente disuasorias. Hay que elevar el límite máximo de las multas de cinco millones de francos e inscribir las condenas penales de las empresas en el registro judicial.
