Los jueces investigan las comisiones repartidas a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, fundamentales en el esquema de corrupción que acompañó la fracasada reconstrucción del entramado eléctrico venezolano, a través de Termocentro de Duro Felguera.
Antilavadodedinero / AlbertoNews / ElConfidencial
Las relaciones oscuras del chavismo con empresas españolas van más allá de Plus Ultra y sus polémicos magnates boliburgueses. La empresa asturiana Duro Felguera, también rescatada por el Gobierno como la aerolínea, lleva varios años bajo la lupa de la Audiencia Nacional por sus vínculos con dos de los funcionarios clave en los esquemas de corrupción de la revolución bolivariana.
Duro Felguera, que recibirá 120 millones de euros de ayuda estatal, formó parte del grupo de empresas españolas que aterrizaron en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La antigua siderúrgica firmó en 2009 un contrato millonario por 1.500 millones de dólares para levantar la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Termocentro, llamada a abastecer Caracas con el objetivo de mejorar un decadente sistema eléctrico, resquebrajado hoy por la corrupción, la falta de mantenimiento y la desinversión. Sólo en 2020 se produjeron 157.719 apagones, según el Comité de Afectados. Un acuerdo que Hugo Chávez habría decidido para sellar la paz con España tras el encontronazo con el Rey Juan Carlos durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, el famoso «¡Por qué no te callas!», según OKDiario.
EL MUNDO desveló en 2015 que Duro Felguera pagó 50 millones a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía que aparece en distintos expedientes de corrupción. La compañía española firmó un sospechoso contrato con la empresa consultora de Villalobos por proporcionar información de forma oral. La semana pasada, un tribunal negó la residencia en Suiza a Villalobos por considerarlo «una amenaza para la seguridad pública y un riesgo para la reputación de la nación».
La Policía española detuvo en 2017 a Villalobos, sobre el que pesa la petición de extradición desde EEUU, acusado de blanquear capitales de Petróleos de Venezuela (PDVSA). No obstante, Villalobos consiguió el amparo del Tribunal Constitucional español, que confirmó su libertad provisional.
En el embrollo también aparece otro de los grandes señalados por corrupción y por la trama de sobornos, Javier Alvarado, quien fuera presidente de Electricidad de Caracas y más tarde ministro de Desarrollo Eléctrico.
El Gobierno de Maduro mantiene deudas con buena parte de las empresas españolas que han operado en Venezuela, en torno a los 100 millones con Duro Felguera. La empresa española sí entregó a tiempo su central de última generación con una capacidad para producir 900 mg (megavatios), pero el posterior abandonó de las autoridades la convirtió en una especie de fantasma eléctrico. La compañía conserva 200 contenedores con un nuevo turbogenerador a gas almacenados desde hace años, tras la negativa de Caracas para completar la operación.
Durante los grandes apagones de 2019, la empresa asturiana ofreció a la vicepresidenta Delcy Rodríguez poner en marcha Termocentro, pero el gobierno chavista le otorgó la concesión a una empresa panameña desconocida que nada ha conseguido desde entonces.
Los medios de Venezuela han tenido acceso en exclusiva al escrito de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de septiembre pasado y a las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en la Audiencia Nacional en otoño de 2017. Fueron hechas ante el juez en el primer trimestre del presente año.
Al margen de Nervis Villalobos, los querellados son su mujer e ingeniera de Sistemas, Milagros Coromoto Torres; Luis Barrios Melan, supuesto testaferro de Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, presidente de CA Electricidad de Caracas; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano, y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.
Termocentro y la crisis eléctrica en Venezuela
El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada “UTE Termocentro” para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas Terca CA, cuyo presidente era Luis Barrios Melean, y Duro Felguera. Firmaron dos contratos primeros en 2008.
Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, “Terca e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía CA (Ingespre), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. Terca cedió entonces todos los derechos a Ingespre sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Lean era un testaferro de Villalobos y que Terca era controlada por este desde un principio. Solo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.
Indica el escrito de la Fiscalía: “Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas”. Añade el escrito: “Entre estas autoridades estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009”.
Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos.
Entre las sociedades controladas por él —entre las citadas por la instrucción judicial y las halladas por Venezuela Leaks y en un listado conservador— están Kingsway Holdings Overseas Ltd, registrada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Lda, de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited SA, de Panamá, Kinsway Europe SL, de España, y Auyantepuy INC, de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas están relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.
Ahora entiendes por qué cuando Chávez muere, el país está como está. Era el único que controlaba todo. Creó un modelo que solo podía entender él
En sus declaraciones al juez, Villalobos admitió que firmó una comisión del 5,5% de la operación, aunque no reconoció nada irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo confesó haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con Ingespre, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.
Preguntado por el magistrado acerca de cómo se pagó desde el Estado a Duro Felguera, Villalobos contestó: “Básicamente, unos recursos del Fondo Chino, que es un fideicomiso que se hace con préstamos del Gobierno chino, que se repaga con petróleo a futuro. Y el presidente disponía de unas cantidades importantes de dinero en ese fondo, y también del Fonden, que era un fondo que se creaba o que creó el Estado de Venezuela con recursos de los excedentes petroleros”.
Añade que esos pagos de grandes sumas siempre los autorizaba Chávez en persona. “La complejidad de esto es muy criticada. Es decir, que ahora lo ves, ahora entiendes por qué cuando el presidente Chávez muere, el país está como está. Porque era el único que controlaba todo. O sea, él creó un modelo que solamente lo podía entender él”, declara Villalobos ante el magistrado.
Añade Villalobos en su declaración en la Audiencia Nacional sobre Chávez: “Tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.
Su esposa, Milagros Coromoto Torres, ante el juez de la Audiencia Nacional, se desmarcó de todo conocimiento de los negocios de su marido aunque comparta accionariado en varias sociedades: “No, eso de los negocios lo maneja mi marido, lo desconozco realmente. Todo lo que se relaciona al tema de los negocios y de dónde saca el dinero y en qué cuentas lo tiene y cómo lo moviliza, eso se encarga él”.
Consultada Duro Felguera por la investigación en marcha como compañía querellada, manifiesta que “no ha cometido irregularidades en los pagos realizados” y agrega que “la documentación permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria —prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)— y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía”.
Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, citado por el juez el pasado 16 de abril, no compareció. Ha declinado hablar con los medios de la investigación Venezuela Leaks. También era cliente de la entidad CBH. Un archivo interno del banco reza que “es un cliente cualificado que no representa mayor riesgo”, aunque ocupó cargos como presidente de la empresa pública Bariven, una filial de PDVSA, hasta febrero de 2013.
Alvarado Ochoa era una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en CBH, pero pasó los filtros del banco suizo sin problemas. La apertura de su cuenta ocurrió casualmente solo un día antes que la de Nervis Villalobos.
La memoria interna del CBH estimaba que en junio de 2013 su fortuna superaba los 20 millones de dólares. Tenía cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley y CBH, según la nota bancaria.
Por su lado, Julia Van Den Brule admitió en la Audiencia Nacional que Villalobos le abonó 70.000 euros en 2009 “por motivos personales”.
Houston lo reclama
Nervis Villalobos está en prisión en Soto del Real porque está pendiente de su extradición a Estados Unidos. Un juzgado de Houston lo acusa desde agosto de 2017 de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales junto a otros ex altos funcionarios y empresarios venezolanos. Entre ellos, Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de PDVSA ya extraditado a Texas.
La Justicia norteamericana investiga a Villalobos por haber participado en una trama de corrupción que consistía básicamente en conseguir licitaciones en Venezuela a favor de empresarios afincados en Estados Unidos. Para ello, pagaban sobornos a altos funcionarios del sector energético de su país de origen, principalmente de la petrolera PDVSA. Según el escrito de acusación, practicaron esos cohechos entre 2011 y 2013 y blanquearon no menos de 27 millones de dólares procedentes de los sobornos por medio de bancos suizos, panameños y estadounidenses.
Recordemos que Villalobos abrió su cuenta en CBH en julio de 2011, según una memoria interna del CBH.
El auto judicial señala de manera anonimizada varias cuentas en bancos suizos. Informa que Villalobos era copropietario de “Swiss Account 1”, adonde se transfirieron una gran parte de los 27 millones de dólares del supuesto esquema de corrupción por el que se le investiga.
