Seis ejecutivos del refinador estadounidense Citgo han estado encarcelados en Caracas por cargos de corrupción desde 2017, pero documentos judiciales muestran que altos funcionarios de Venezuela estaban enterados de un acuerdo de financiamiento que según el fiscal general del país fue firmado en secreto por los detenidos.
Antilavadodedinero / Infobae
Los documentos, que no habían sido reportados anteriormente, muestran que autoridades venezolanas, incluidos tres ministros, fueron informados del acuerdo -para que Citgo recibiera un préstamo de hasta 4.000 millones de dólares- durante al menos dos reuniones del directorio de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, la empresa matriz del refinador estadounidense.
El acuerdo de financiamiento nunca fue ejecutado y un tribunal de Caracas condenó a fines de 2020 a los seis ejecutivos a entre 8 y 13 años de prisión. Washington ha acusado al presidente Nicolás Maduro de usar a los ejecutivos en prisión como una moneda de cambio para buscar concesiones de Estados Unidos.
Maduro, quien perdió ante la oposición venezolana el control de Citgo en 2019, a raíz de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA con la intención de desalojarlo del poder; acusa a Washington de buscar fomentar un golpe de Estado para hacerse con el control del petróleo venezolano.
Los seis ejecutivos -José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas-, han negado los cargos. El grupo incluye cinco estadounidenses naturalizados y un residente permanente.
Los fiscales calificaron la propuesta de Frontier Management Group Ltd y Apollo Global Management LLC de refinanciar la deuda de Citgo como «desfavorable para la empresa».
El 21 de noviembre de 2017, un día después de que los ejecutivos fueron arrestados en una reunión en la sede de PDVSA en Caracas, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo en una conferencia de prensa que firmaron el acuerdo «sin siquiera comunicar o coordinar con las más altas autoridades competentes».
Sin embargo, las actas de la reunión que son parte de la evidencia en el proceso y fueron vistas por Reuters, muestran que el 14 de junio de 2017, el directorio de PDVSA acordó negociar con Apollo y Frontier, especificando que el directorio debía aprobar los términos finales. Esas minutas muestran además que en una reunión el 18 de mayo de 2017, la junta también discutió los planes de refinanciamiento de Citgo.
El directorio de PDVSA incluía a la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien también fue vicepresidenta de asuntos internacionales de PDVSA. Rodríguez es ahora la vicepresidente ejecutiva de Maduro.
Su nombre, así como el de los ministros de Planificación, Ricardo Menéndez y el ahora exministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; quienes también eran parte del directorio de PDVSA, se incluyó en la línea de «c.c» o una abreviación para ‘con copia’ en ambas minutas. Reuters no pudo determinar si Rodríguez, Menéndez y Torres asistieron a alguna de esas reuniones.
«¿Cómo todo esto se hizo a espalda del Ejecutivo Nacional, sin el beneplácito, usando las palabras de la Fiscalía, si está suscrito igualmente o emitido a la ciudadana Delcy Rodríguez?», dijo un abogado defensor de Pereira, Zambrano y Zambrano en una declaración final en el juzgado del 26 de noviembre de 2020.
Otro abogado de Pereira, Zambrano y Zambrano declinó hacer más comentarios, al igual que un abogado de Toledo y Cárdenas.
Un abogado de Vadell refirió a Reuters a los comentarios que envió al juez al cierre del juicio que señalaban la ausencia del nombre de Vadell en las actas de PDVSA como prueba adicional de que su cliente no participó en el trato.
Ni Rodríguez, Torres ni el Ministerio de Planificación respondieron a las solicitudes de comentarios.
Ni la Fiscalía General de Venezuela, el Ministerio de Información ni PDVSA respondieron las preguntas de Reuters. Citgo, controlada por la oposición de Venezuela desde que Washington sancionó a PDVSA en 2019, declinó hacer comentarios.
Pereira, entonces gerente general interino de Citgo, reconoció su participación en las conversaciones de refinanciamiento, pero dijo que estaba actuando según las instrucciones del directorio de PDVSA. Los otros cinco hombres dijeron que no estaban involucrados en el trato y que las finanzas corporativas no estaban entre sus responsabilidades laborales.
Estados Unidos etiqueta a Maduro como un dictador, argumentando que manipuló su reelección de 2018 y usa el sistema de justicia para reprimir a la oposición.
El Departamento de Estado estadounidense califica el juicio a los ejecutivos como un fraude. Un portavoz del Departamento de Estado, consultado sobre los documentos que muestran que los funcionarios venezolanos conocían las negociaciones, calificó las detenciones como «injustas e ilegales».
«Continuaremos trabajando con nuestros aliados para buscar la liberación de los Seis de Citgo y otros estadounidenses detenidos ilegalmente en el extranjero», dijo el portavoz.
Una fuente cercana a Apollo dijo que la compañía estudió el acuerdo después de ser contactada por Frontier, pero decidió no participar. Frontier, con sede en Dubai, cerró en octubre de 2019, según el registro público de Dubai. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York. Reporte adicional de Matt Spetalnick en Washington)
