Son horas decisivas en la Cámara de Casación Penal. La sala I de este tribunal se dispone a definir esta semana el destino de la causa dólar futuro, el expediente que el 4 de marzo motivó una de las últimas apariciones de Cristina Kirchner con un duro ataque contra los jueces. La decisión debe determinar si la vicepresidenta se enfrenta a un nuevo juicio oral.
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Según publica La Nación La Sala I de la Cámara de Casación Penal debe fallar a favor o en contra de su pedido para ser sobreseída en la causa de dólar futuro
En la causa, la vicepresidenta, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli y su actual presidente, Miguel Ángel Pesce, junto a otros exdirectivos del Banco Central, están acusados de haber defraudado al Estado a través de las operatorias de venta de dólar futuro entre agosto y noviembre de 2015.
El plazo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa para resolver si el caso va a juicio o si los acusados son sobreseídos vence esta semana. La decisión debe ahora responder al planteo de los acusados contra una decisión del Tribunal Oral Federal 1, a cargo del juicio oral –que todavía no se hizo–, que rechazó sobreseerlos. El máximo tribunal penal deberá determinar ahora si deja sin efecto ese fallo que rechazó los sobreseimientos –y ordena a ese tribunal dictar otro fallo– o si rechaza el planteo y la causa sigue su curso hacia el juicio oral y público.
Sea cual sea el sentido del fallo, su efecto será de alto impacto político. Esta es una de las causas rotuladas por el kirchnerismo como un caso de “lawfare”. Fue instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio e investigada por el fiscal Eduardo Taiano. El año pasado se incorporó a este expediente un peritaje contable que determinó que no hubo perjuicio económico para el Estado. Fue a partir de esa prueba que los acusados pidieron sus sobreseimientos.
Durante su extenso y encendido alegato por este planteo, Cristina Kirchner acusó a los jueces Petrone y Barroetaveña de ser responsables del armado de causas y del triunfo de Mauricio Macri en las urnas en 2015. “El poder es un poder permanente en la Argentina. Primero fueron las Fuerzas Armadas y después, el Poder Judicial. Ustedes, los que siguen velando por sus intereses”, les dijo a los jueces del tribunal. Y, señalándolos con el dedo, afirmó: “Ustedes contribuyeron a que Macri ganara”.
En su exposición frente a los jueces, la vicepresidenta no pidió ser sobreseída, sino que les exigió “actuar de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional”.
En los tribunales federales de Comodoro Py ironizan sobre el tema. Incluso algún experimentado fiscal federal dijo a LA NACION: “Cuando se dan alegatos tan fuertes y con acusaciones contra los jueces, terminan provocando el efecto contrario al buscado”.
Los jueces Petrone y Barroetaveña suelen conformar la mayoría de la Sala I. La jueza Ana María Figueroa, en varios de los fallos firmados en causas de corrupción, y con un perfil afín a la Lista Celeste en la interna de los jueces, suele posicionarse en el lado contrario, con votos en disidencia. Así se dieron los pronunciamientos cuando le tocó a estos tres jueces analizar la validez de las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los cuadernos: dos a uno a favor de la constitucionalidad de la ley y su aplicación en ese caso.
El fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, ya dictaminó en contra del planteo de las defensas. Pleé sostuvo que el juicio oral permitirá analizar las pruebas de la causa y llegar a una definición. “La pericia o los peritos deben ser llevados al juicio y las partes confrontarán con él para verificar si sus argumentaciones son o no convincentes para considerar si ha existido o no un delito”, dijo. El fiscal ante el Tribunal Oral 1, Diego Velasco, también se opuso al sobreseimiento.
La Cámara de Casación se convirtió, en los últimos meses, en uno de los principales blancos de los ataques del Gobierno contra la Justicia Federal. Cuatro de sus trece integrantes son duramente apuntados por el kirchnerismo. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky son señalados por haber ingresado a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.
El juez Juan Carlos Gemignani, por otro lado, está denunciado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, por haber mandado un mensaje machista a sus colegas del tribunal el Día Internacional de la Mujer. Y Eduardo Riggi fue denunciado por el abogado de Cristina Kirchner y Fabián De Sousa, Carlos Beraldi, por supuesto encubrimiento a Mauricio Macri en una de las causas donde se lo investiga por presiones a De Sousa y Cristóbal López.
