La Oficina Anticorrupció ha comenzado a investigar los bienes y el patrimonio de los 1.580 cargos de Baleares para determinar si todo lo que incluyeron en sus declaraciones cuando accedieron al cargo se corresponde con la realidad.
Antilavadodedinero / UltimaHora
Para esta investigación, la Oficina ya ha comenzado a cruzar todos los datos que presentaron los cargos con aquellos datos que tienen las diversas administraciones. Estas declaraciones se cotejarán con las del catastro, la Agencia Tributaria, Hacienda, la Seguridad Social y hasta la Dirección General de Tráfico.
Con todo este cruce de datos se podrá comprobar si sus ingresos, sus bienes patrimoniales, los inmuebles de su propiedad y hasta si los vehículos que han declarado son los que realmente tienen.
Consejo del Notariado
Pero además de todas estas administraciones, una de las instituciones clave para determinar si lo que se declaró es lo real está en el Consejo General del Notariado. En esta institución está la base de datos de la titularidad real de las empresas, es decir, se sabe quién es el propietario de una empresa de forma directa, lo que permite sortear la red enmarañada de sociedades creadas con el único fin de que no se sepa quién es su dueño.
Esta colaboración con el Consejo General del Notariado permitirá a la Oficina Anticorrupció saber si alguno de los 1.580 cargos investigados es propietario de una empresa no declarada porque está a nombre de otra sociedad.
La Oficina Anticorrupció también tendrá acceso a todas las actuaciones notariales que hayan realizado en los últimos lo que se conoce como Personas Expuestas Políticamente. Son miembros de los distintos gobiernos, sobre los que existe un censo que implica una especial vigilancia en cualquier operación que realicen con la presencia de un notario, como la compra de un inmueble, por ejemplo.
Redes neuronales
En esencia, la investigación de la Oficina Anticorrupció está basado en la conjunción de un sistema de redes neuronales que analizan las posibles incongruencias de las declaraciones que presentaron los cargos tras su toma de posesión. Este sistema permite que salten las alarmas cuando la empresa de uno de estos cargos obtenga contratos de forma recurrente con una misma Administración, por citar un ejemplo.
Todos los cargos de las Islas tuvieron que presentar una declaración de bienes y patrimonio al inicio de la legislatura. Tuvieron que hacerlo los miembros del Govern, pero también los diputados del Parlament, los miembros de los consells y los responsables de los ayuntamientos. La Oficina Anticorrupció tuvo que enviar un requerimiento a algunos altos cargos para que presentaran la declaración con la amenaza de una multa.
