La presunta utilización de información privilegiada es uno de los elementos clave que podrían desentrañar el Caso Banco Popular, puesto que, tanto a nivel de la liquidez como de la depreciación del valor bursátil hay sospechas de que pudo existir una transmisión de información.
Antilavadodedinero / Diario16
Dentro de la investigación judicial del Caso Popular apenas se ha dado importancia a un asunto que podría ser clave y, por esta razón, un ciudadano ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en la que se reclama al Ministerio Público que «se abra una investigación de oficio; en segundo término, que se propongan medidas cautelares a los diferentes órganos judiciales en los que se están practicando diligencias en las que una de las partes sea Banco Santander hasta que estos hechos sean resueltos, teniendo en cuenta que esta entidad financiera se está beneficiando presuntamente de las consecuencias de unos hechos presuntamente delictivos.
En tercer lugar, instar a las fuerzas de seguridad a practicar registros en las diferentes sedes de los organismos y empresas públicas (tabla adjunta) que retiraron fondos de Banco Popular para determinar si existió algún tipo de comunicación en la que se transmitiera información privilegiada de cara a comunicar a estos organismos que desde el día 3 de junio de 2017 se había iniciado el procedimiento para la resolución de Banco Popular.
En cuarto lugar, instar a las fuerzas de seguridad a practicar registros en las sedes del FROB, Banco Santander y Ministerio de Asuntos Económicos para determinar si desde estos organismos se difundió esa información privilegiada».
La información privilegiada es un punto clave para entender lo que ocurrió con Banco Popular y por eso la Justicia debe investigar a fondo porque no fueron casuales las salidas coordinadas de depósitos a partir del día 5 de junio de 2017.
El despacho de cabecera del Santander, Uría y Menéndez, el mismo que fue contratado por Emilio Saracho para su tercera línea de defensa y para el Proyecto Noya, es decir, la venta del Popular, envió dos documentos muy importantes al secretario del Consejo de Administración el día 2 de junio de 2017.
En uno se daban instrucciones sobre la inviabilidad y se dejaba muy claro que en ese día el incumplimiento de la ratio de liquidez era irrelevante. En el otro, se dan instrucciones muy claras sobre las medidas a adoptar en el día de la resolución.
Las fechas son importantes para determinar la presunta utilización de información privilegiada a la hora de atacar a la liquidez de Banco Popular. Sobre todo, hay que tener en cuenta que la única causa de resolución fue la crisis de liquidez, como ya está demostrado y aceptado por todos los organismos públicos y privados, al igual que la única causa de la ruina de 1,2 millones de personas fue la propia resolución que sólo fue posible gracias a la fuga de depósitos que pudo venir propiciada por la transmisión de información privilegiada.
El día 2 de junio de 2017 el Popular recibe las instrucciones de Uría porque el banco no incumplía todavía con las ratios regulatorias de liquidez ni, por supuesto, con las de solvencia. Por tanto, el día 2 de junio no estaba en condiciones de ser declarado inviable.
El día 3 de junio se celebró una Sesión Ejecutiva ampliada de la Junta Única de Resolución (JUR) en la que se acordó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) debería iniciar un procedimiento competitivo de venta de Banco Popular determinando las normas de procedimiento, algo que la Comisión Rectora del FROB hizo ese mismo día.
En ese día el Popular tampoco incumplía las ratios regulatorias de liquidez, como tampoco el domingo 4 de junio. Sin embargo, el primer día laborable tras esa reunión fue cuando se produjo la fuga de miles de millones de euros en depósitos de organismos y empresas públicas como la Tesorería de la Seguridad Social, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la SAREB, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Canaria o Ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona, por citar algunos.
Que organismos tan distantes decidieran al unísono retirar sus depósitos del Popular no puede si no venir de una estrategia conjunta que sólo se pudo dar con la utilización de información privilegiada.
De ahí que sea fundamental que la Justicia, en este caso la Fiscalía, inicie una investigación para resolver un asunto crucial para los afectados, puesto que, de demostrarse la utilización de información privilegiada, sería la confirmación de que toda la operación estaba preparada.
También es importante dilucidar un aspecto que responsabilizaría directamente al Estado de complicidad con una operación de la que se está beneficiando el Santander a costa de la ruina de 1,2 millones de personas.
Esta denuncia es el principio, pero ya existe un movimiento entre accionistas tanto del Popular como del Santander a la hora de determinar responsabilidades en ámbitos relacionados con la resolución como, por ejemplo, la compra de activos procedentes de ejecuciones del Popular por debajo de su precio de mercado.
Son muchas las informaciones que llegan a Diario16 sobre la creación de diferentes plataformas de afectados que pretenden evitar los presuntos abusos del Santander.
