Después de mil obstáculos y contratiempos, arranca el primer juicio federal en Estados Unidos contra las tres grandes distribuidores de opiáceos, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen.
Antilavadodedinero / Larazon
La demanda, que será juzgada en una pequeña localidad de Virginia Occidental, ha sido presentada por cientos de comunidades, de ciudades y condados, respaldada por varias naciones indias y cuenta con la potencia de fuego de una Fiscalía decidida a saldar cuentas.
Acusan a las tres compañías de lucrarse hasta límites obscenos con la venta y distribución de unos calmantes que engancharon a millones de ciudadanos, desataron una crisis de opiáceos como se conocía desde los días del crack, causando cientos de miles de muertos y laminando cientos de comunidades.
Hay precedentes para esta la demanda. Hace apenas un año uno de los gigantes farmacéuticos, Purdue Pharma, solicitaba la bancarrota para evitar la quiebra. Había sido demandado por más de 27 Estados y miles de ciudadanos, que le reclaman indemnizaciones millonarias en los tribunales.
Los creadores del OxyContin anunciaron que habían alcanzado un acuerdo con más de «24 fiscales generales» y «funcionarios análogos de 5 territorios de Estados Unidos». El acuerdo está estimado en más de 10.000 millones de dólares, destinados a «abordar la crisis de los opioides» mediante la creación con todos los activos de la compañía de un fideicomiso «u otra entidad establecida en beneficio de los reclamantes».
Solo en 2017 se estima que murieron más de 47.000 estadounidenses por sobredosis de opiáceos, casi 200 al día. Otra farmacéutica, Jonnson & Johnson, fue sentenciada a pagar una indemnización al Estado de 465 millones de dólares. El Tribunal de Distrito del Condado de Cleveland responsabilizó a la compañía de contribuir a la crisis de opiáceos. La multa quedaba lejos de los 16.000 millones que pedían las acusaciones. La empresa fue condenada no solo por minimizar los efectos secundarios de sus productos, sino también por exagerar sus virtudes.
Ahora, en el condado de Cabell, los abogados de la acusación y los fiscales pedirán más de 500 millones de dólares en cheques. Las distribuidoras argumentan que ellas cumplieron escrupulosamente la ley y que se limitaron a vender unos productos que contaban con todas las bendiciones de las agencias de regulación de los medicamentos. Argumentan que no son culpables de la falta de cuidado de los médicos que recetaron los opiáceos.
Se espera que el juicio dure no menos de tres meses, durante los cuales el tribunal escuchará a decenas de expertos y peritos, testigos y abogados, víctimas y forenses, y tendrá la oportunidad de analizar miles de documentos e informes. La guerra contra las farmaceúticas más irresponsables conoce una nueva etapa, mientras los expertos advierten de que la pandemia habría exacerbado el consumo de opioides.
Nuevas y viejas noticias de un país con zonas muy tocadas por la destrucción de los empleos fabriles y el tejido industrial, inundada primero por la prescripción y venta de analgésicos legales y, de su mano, por el regreso de la heroína.
