El Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro creada en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El director de Fincen es nombrado por el secretario del Tesoro y reporta al subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El Fincen advirtió en un comunicado que “durante varios años gestores de alto nivel de Banca Privada d’Andorra (BPA) han facilitado conscientemente acciones en nombre de terceras personas para blanquear capitales procedentes de organizaciones criminales”. BPA tenía entonces presencia en el Principado, en Panamá, y en España a través de Banco Madrid, una entidad especializada en gestión de grandes patrimonios y banca de inversión donde tenían cuentas Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y cuatro de sus hijos.
La nota enviada por el Fincen, con fecha 10 de marzo de 2015, señalaba que “la corrupción de los gestores de BPA y los débiles controles de lavado de dinero han convertido a BPA en un vehículo para que terceras personas vinculadas al crimen organizado blanqueasen capitales”.
El supervisor estadounidense aclaró que las presuntas actividades ilícitas habían tenido lugar principalmente en la sede central que la entidad tenía en el Principado. La investigación se centraba en la canalización de fondos obtenidos con actividades ilegales en Rusia y China, entre otros lugares, y que se enviaban a EEUU a través de transferencias directas hacia cuatro bancos estadounidenses por importe de cientos de millones de dólares. “Los gestores de BPA crearon servicios financieros a medida para estos clientes con el objetivo de ocultar la procedencia del dinero”, añadía el comunicado.
El Departamento del Tesoro de EEUU solicitó que se abriera una acción legal contra BPA que implicaría la prohibición sobre cualquier entidad financiera registrada en EEUU que mantuviera cuentas abiertas con BPA o con cualquier otro banco extranjero que sirviera para canalizar las operaciones de la entidad andorrana. Ello podría suponer la prohibición de Banco de Madrid de operar con cualquier entidad registrada en EEUU.
Como se sabe, esta medida significaba impedir a BPA de cualquier tipo de operación en dólares, puesto que para realizarlas los dólares siempre deben pasar por EEUU y el resto de los bancos también le cerrarían las puertas a BPA, debido a esta advertencia.
Dos días después, los bancos estadounidenses no bloquearon a BPA, pero le impedían realizar operaciones en dólares. Los bancos europeos toman una medida similar y BPA se queda sin corresponsales.
El sistema financiero de Andorra no se encuentra bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) ni cuenta con la red de seguridad de las instituciones europeas, está obligado a encontrar una solución propia a su problema bancario, es decir, entre el gobierno y el sector financiero privado, que supone el 19% del producto interior bruto (PIB) del país.
Un ruso y un chino, un enano y un gigante
Entre las actividades ilegales detectadas, BPA presuntamente había identificado transacciones con el magnate ruso Andrei Petrov, que en 2013 fue arrestado en España acusado de blanqueo de capitales. También presuntamente se había detectado que un ejecutivo del banco andorrano habría aceptado “desorbitadas comisiones” para realizar transacciones relacionadas con la actividad de la petrolera pública venezolana Petróleos de Venezuela.
Otra de las actividades ilegales que se mencionaban como identificadas estaba relacionada con el empresario chino Gao Ping, que fue detenido en España en 2012. Ping, según la nota, “actuó en nombre de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de personas y estableció una relación con BPA para lavar dinero en nombre de estas organizaciones y numerosos empresarios españoles”.
“Estamos advirtiendo una tendencia donde empresarios y profesionales están siendo reclutados por organizaciones criminales internacionales para facilitar prácticas corruptas, como crear corporaciones pantalla para lavar el dinero procedente de actividades ilegales”, señaló Peter Edge, director adjunto del Homeland Security Investigations (HSI).
Intervención de BPA
El supervisor bancario del Principado de Andorra intervino la BPA después de recibir la comunicación del Departamento del Tesoro de EEUU, sin afectar a la actividad de Banco de Madrid. El Ejecutivo andorrano designó a dos interventores “para garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana”, según declaró el jefe de gobierno de Andorra, Toni Martí.
El viernes 13 de marzo de 2015 fue detenido el director general de BPA. La acusación provenía de un español llamado Rafael Pallardó que era quien importaba y exportaba, y tenía como principal cliente al chino Gao Ping. La Impositiva española descubrió el truco que ambos utilizaban. Les sacaban un cero a las declaraciones. Por ejemplo, si importaban mercadería china por cien mil dólares, la declaraban por diez mil. Entonces Pallardó declaró que el director general de BPA era cómplice.
Días después, el gobierno de Andorra aceleró el proceso de liquidación de BPA para que no contaminara al resto del sector financiero del país formado por Crèdit Andorrà, Andbanc, Banca Mora y Banc Sabadell d’Andorra. Para ello convocó a todas estas entidades con el objetivo de buscar una salida conjunta y urgente a la crisis.
El mayor problema era encontrar un encaje jurídico a esta situación, en la que se trata de liquidar un banco que no tenía aún un problema de solvencia, pero que había perdido por completo la confianza de los inversores y no tenía acceso a la liquidez en los mercados internacionales.
Otro elemento que empujó a las autoridades a actuar de forma acelerada fue el corralito aplicado a los clientes con depósitos en BPA, a los que solo se les permitía sacar 2.500 euros por persona a la semana. Esta medida no podía prolongarse mucho más tiempo, atendiendo a las especiales condiciones del país con una población de apenas 88.000 habitantes.
Un equipo numeroso de asesores de KPMG, Deloitte, Ernst & Young y bufetes jurídicos se instalaron en Andorra para poder llevar a cabo una liquidación. El gobierno necesitaba crear una figura jurídica similar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en España.
El Departamento del Tesoro de EEUU estableció un plazo de meses para que las partes hicieran sus alegaciones. El gobierno de Andorra no hizo nada. Los propietarios de BPA, la familia Cierco, iniciaron una acción judicial paralela en EEUU, exigiendo que el Departamento del Tesoro diera pruebas de sus acusaciones. El juez les dio la razón a los propietarios de la BPA. El Departamento del Tesoro jamás respondió, alegando que no tenía tiempo para ello. Finalmente, en febrero de 2016, el Departamento del Tesoro retiró su nota acusatoria.
El caso “Emperador”. El llamado caso “Emperador”, que vinculaba al chino Gao Ping y Rafael Pallardó, llevó dos años a la cárcel al exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel.
Pallardó, abogado barcelonés, es considerado por la policía y por la Fiscalía Anticorrupción como el “hombre de los maletines” de la mafia china en España que lideraba, siempre según estas fuentes, el empresario chino Gao Ping.
El caso Emperador es una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la denominada “mafia china”, involucrada en casos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como de contrabando, delitos contra la hacienda pública y coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.
Hasta el momento se han llevado a cabo 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas. Entre los detenidos se destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosos negocios; José Borrás, concejal del PSOE y el actor porno Nacho Vidal. Gao Ping es un gran propietario que posee un enorme chalet en Somosaguas, una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. También tiene contactos políticos de alto nivel. Gao negó conocer a Nacho Vidal o haber visto alguna de sus películas. Las relaciones de Ping alcanzaron incluso a tres parientes lejanos del rey Juan Carlos I, a quienes el fiscal anticorrupción pidió imputar.
En los registros (llevados a cabo en Madrid, Barcelona, Málaga, y otras ciudades del País Vasco y Castilla y León) se han intervenido seis millones de euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas, y se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades.
Lo curioso del caso es la coincidencia de la “Operación Emperador” con la segunda fase de la Amnistía Fiscal del gobierno español; como dato, antes de la “Operación Emperador” el gobierno español recaudó 100 millones de euros en 4 meses y, tras la “Operación”, hasta la finalización de dicha Amnistía, el gobierno español recaudó más de 1.100 millones en tan solo un mes y medio.
Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales y el propio juez (tras retener más de 100 horas a los detenidos), el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos, entre ellos el empresario chino Gao Ping. El 16 de abril de 2013 el juez Andreu decretó prisión incondicional para Gao Ping y su esposa tras hallar nuevos indicios. Varias semanas después, el 13 de mayo se decretó orden de búsqueda y captura contra dos de los principales colaboradores de Ping, después de que no se presentaran en dependencias judiciales como estaban obligados y comprobarse su paradero desconocido.
El caso “Emperador”, que fue destapado en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental. Entre otros, el banquero suizo Marc Pérez, del HSBC, estaba implicado como parte fundamental de la trama internacional de blanqueo. En 2014 la Audiencia Nacional ordenó la cárcel para el banquero Marc Pérez. En mayo de 2017, Hacienda concluyó (cuatro años y medio después) que Gao Ping defraudó 17 millones en IVA y aranceles.
En marzo de 2016, la consultora PwC informó que la BPA tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que tenía la entidad financiera andorrana investigada por blanqueo. Esos clientes contaban con un volumen de fondos gestionados por el banco de 1.000 millones de euros en inversión crediticia, depósitos y activos fuera de balance. La cifra representaba el 19% del volumen total de negocio del banco andorrano.
En abril de 2016, el exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel Prats, y Santiago Rosselló, exdirector financiero de la entidad intervenida, se vieron salpicados por los Papeles de Panamá. Los dos exbanqueros aparecieron vinculados a una sociedad creada por el bufete panameño Mossack Fonseca.
En agosto de 2016, la justicia andorrana abrió una investigación tras la declaración de Higini Cierco (uno de los máximos accionistas de la extinta BPA) sobre presuntas coacciones y amenazas de “mandos policiales españoles” para conseguir datos para alimentar la denominada ‘operación Catalunya’, concebida supuestamente para desprestigiar a políticos independentistas.
Asimismo, el grupo empresarial recordó que continuará “trabajando para demostrar completamente” que BPA siempre operó siguiendo la legalidad y la normativa vigente en cada momento en el Principado de Andorra.
La verdad de la milanesa
La fuerza del movimiento independentista catalán ha ido creciendo, a través de los últimos años. Jordi Pujol, casado con Marta Ferrusola en 1956, y padre de siete hijos, fue presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003, cargo que le llevó a ser uno de los más destacados políticos a nivel nacional.
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el extranjero”, según sus afirmaciones, procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el “momento adecuado” para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, sería una cifra en el entorno de cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política.
En realidad tenía 30 millones de euros en el banco andorrano Andbank y en el 2012 se llevó 3 millones de euros a BPA. El conocido comisario Villarejo, que realizaba escuchas por todos lados, lo sabía, pero como el rey Juan Carlos I tenía cuentas en Andbank, producto de las coimas de la venta de armas a Arabia Saudita, las autoridades decidieron tomar a BPA como chivo expiatorio.
En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluiría que “la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un ‘beneficio económico no justificado’ de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar ‘grandes sumas de origen desconocido’ que responde a un plan preconcebido y ordenado”, según informó la agencia EFE.
En este informe de 102 páginas, la Policía cree que la dinámica de ocultación de dinero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de organización criminal, ya que actuaba “como un grupo organizado que venía desarrollando una actividad presuntamente ilícita” liderado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
