Juan Francisco Sandoval lidia con una agenda agitada y un futuro incierto menos de una semana después de ser destituido como fiscal anticorrupción de Guatemala y abandonar su país, temiendo represalias.
Antilavadodedinero / BBC
Su alejamiento ha generado desde protestas en las calles de Guatemala hasta inquietud en Estados Unidos, que el martes anunció el congelamiento temporal de su cooperación con el Ministerio Público del país centroamericano, cuya jefa Consuelo Porras removió a Sandoval.
Desde un lugar que prefiere mantener en reserva, Sandoval dice a BBC Mundo que sus investigaciones apuntaban a posibles actos de corrupción de personas «por lo menos cercanas al círculo» del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
Y afirma que las pesquisas podrían haber acabado en un pedido para levantar la inmunidad del propio Giammattei, quien ha negado estar detrás de la destitución de Sandoval.
En medio de la polémica, el presidente dijo el mismo martes que puso a disposición «toda la información que el Ministerio Público requiera» sobre cualquier caso «para poder dilucidar la verdad y que no queden dudas de la forma en que se ha actuado».
Sin embargo, nada de esto parece calmar las sospechas de Sandoval, un abogado de 39 años a quien el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, definió como un «campeón anticorrupción».
Lo que sigue son extractos de la charla con el hombre que hasta la semana pasada lideró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) guatemalteca:
¿Lo tomó por sorpresa su destitución o era algo que esperaba?
Desde hace tres años y dos meses, cuando asumió Consuelo Porras como fiscal general, se venía manejando en el ámbito de los operadores de justicia mi eventual destitución por el trabajo que desarrollé en conjunto con la Cicig (la disuelta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).
Se trató de mantener, gracias al apoyo de la comunidad internacional, a Juan Francisco Sandoval como parte del equipo de trabajo del Ministerio Público.
Sin embargo, en las últimas semanas de forma paulatina fue evidente la manera en que la fiscal general empezó a presionar y de alguna manera a tomar por completo la Fiscalía.
Entonces es una situación que yo veía venir en el último tiempo. No me lo esperé que fuera tan pronto.
Usted dijo al ser destituido que creía que uno de los motivos de la medida era que estaba investigando al gobierno del presidente Alejandro Giammattei. ¿En qué se basó para eso y hasta dónde avanzaron esas investigaciones?
Existían muchos avances en las investigaciones que apuntaban a que pudo existir -porque imagínese si yo estuviera afirmando categóricamente, como si estuviera dictando sentencia- pero apuntaban a que personas por lo menos cercanas al círculo del gobernante pudieron haber participado en actos de corrupción.
¿En qué manera puedo yo establecer dicha situación? Se empezó a requerir información a entidades del Estado y privadas que pudieron haber dado la noción de que estábamos avanzando en esas investigaciones y por eso considero que se aceleraron los acontecimientos.
¿De qué se trataban esas investigaciones?
Una pudo haber estado relacionada con el hallazgo de una cifra de 123 millones de quetzales (casi US$16 millones) en efectivo en una vivienda en Antigua Guatemala. Empezó a surgir información con relación al origen del dinero de que podría existir alguna vinculación de la agrupación política a la que pertenece el gobernante.
De la misma forma, había un tema relacionado con la elección de magistrados de altas cortes (Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones).
Se estaba obteniendo información de una persona que colabora con la justicia que iba con destino a establecer qué involucramiento tuvo el Ejecutivo y el Legislativo en la manipulación del proceso de elección de altas cortes.
¿Habían recogido evidencia suficiente como para abrir una investigación directamente al presidente Giammatei o a funcionarios de su gobierno por algún eventual delito?
En ese proceso de recopilación de información se estaba y entiendo que ese era uno de los principales temores o preocupaciones del presidente de la República y la fiscal general.
¿Eso podía haber establecido algún tipo de delito particular en función de la legislación guatemalteca?
Por lo menos en cuanto a los segmentos de investigación, si pudieran ser delictivos, lo que tendríamos que hacer como siguiente paso al ir confirmando la información es hacer un planteamiento para levantar la inmunidad. Es decir, agotar el trámite del antejuicio.
¿Y eso es algo que se habían planteado en la tarea de ustedes?
Si se lograba recabar los indicios mínimos esa era la obligación que tendríamos que haber cumplido.
¿Levantar la inmunidad del presidente?
Así es, hacer la gestión para levantar la inmunidad.
¿Y de quién depende ese levantamiento?
El trámite del antejuicio es un trámite jurídico-político. Se le da trámite por la Corte Suprema de Justicia y es el Congreso de la República el que debe decidir.
¿Qué tan cerca estaban de eso? ¿Estaban preparando ese paso?
Bueno, estábamos recopilando información que permitiera llegar a un momento de análisis y establecer qué decisión era la que se debía tomar.
El presidente Giammattei negó este martes haber recibido visitas de ciudadanos rusos con dinero en efectivo…
Ah sí, pero fíjese que el señalamiento no es que se haya reunido. El señalamiento es que le enviaron dinero. Y él desmintió haberse reunido.
Giammattei calificó esto como «comentarios falaces que rayan en la calumnia y la difamación». ¿Qué información tenía usted sobre esto?
Tenía el itinerario, una declaración y se extrajo del teléfono un chat donde se siguió toda la ruta en la que la estuvieron los ciudadanos. Y una de las personas declaró que había trasladado dinero en efectivo de un motel de la Ciudad de Guatemala hacia la residencia del presidente.
¿Les dijo para qué era ese dinero?
No podían mandar un efectivo de esa manera… obvio que era comisiones ilícitas.
¿Comisiones ilícitas para qué fin?
Pues eso es lo que hay que establecer.
¿En qué etapa de investigación estaban?
Recién iniciándola.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, afirmó que usted practicaba el cargo con un sesgo ideológico y cometía «constantes abusos». ¿Qué responde?
Primero que ese no es el motivo por el que me destituyó, según la notificación que me brindó. Posteriormente, para tratar de dar legitimidad a su decisión, se abordó el tema de que yo actué de manera ideológica.
Nunca se cuestionó si la persecución penal contra los expresidentes Portillo y Otto Pérez, contra (la exvicepresidenta) Roxana Baldetti o contra exministros como Archila o Sinibaldi era ideológica.
No sé qué cambió de un tiempo hacia acá.
En su momento, creo que todo el pueblo de Guatemala acompañó, verificando que los elementos que se presentaron no eran por la ideología que tuvieran los personajes, sino el involucramiento en actos de corrupción.
De hecho, la fiscal general ha anunciado que se cometieron abusos. Pero entiendo que lo que señala es que posiblemente había personas afines a ella que fueron objeto de persecución penal. Así es como lo interpreto. No ha dado mayor explicación al respecto.
Espero que la respuesta a esa inquietud venga próximamente acompañada de órdenes de captura en mi contra.
Usted abandonó Guatemala temiendo por su seguridad. ¿Recibió amenazas?
La actitud que la fiscal general mostró en contra de personas que trabajaron para descubrir actos de corrupción, materializada en persecución penal y criminalización, me dio la idea de que esa podía ser la conducta a asumir con relación a mis actuaciones.
¿Puede decirnos dónde se encuentra ahora o dónde piensa radicarse?
De momento no he tomado la decisión final. Para esta fecha en que estamos realizando la entrevista (martes) aún no puedo indicar o informar en dónde me encuentro.
En cuanto tenga la primera oportunidad de anunciarlo, con mucho gusto.
Muchos se preguntan qué pasará con la lucha anticorrupción tras su salida del país. ¿Podrán seguir adelante los esfuerzos contra la impunidad, o es un golpe de gracia?
Con la intimidación a fiscales de la Feci y otros fiscales del Ministerio Público, lo que visualizo es un repliegue en el esfuerzo de descubrir casos de gran corrupción.
¿Pero cree que pueden seguir o en este momento no hay condiciones para avanzar en esa lucha contra la impunidad?
Más que la ilegalidad con la que fui destituido, creo que es un mensaje directo para aquel que se atreva a desafiar al régimen.
Creo que el mensaje está dado, la advertencia está hecha.
Cuando la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, visitó Guatemala el mes pasado, el presidente Giammattei aseguró que estaba empeñado en luchar contra la corrupción, que en el país hay independencia judicial y que él personalmente no había sido señalado en ningún caso de corrupción. ¿Cómo tomó usted esto?
Se está desafiando a la autoridad de otros países cooperantes.
De alguna manera, es un mensaje que bajo su óptica el esquema de justicia en Guatemala funciona. Pero el esquema de justicia funciona cuando no existe alguna entidad que pueda realizar algún contrapeso.
Es decir, el Ministerio Público actual funciona porque es complaciente con las peticiones del presidente. El organismo judicial no opera perfectamente con la independencia que se trata de aparentar, porque también es acorde con los intereses del Ejecutivo.
Es decir, no pasa de ser un discurso formal.
Usted dice que «se está desafiando a la autoridad de otros países». ¿El presidente? ¿Es un desafío a EE.UU. lo que se hizo con usted?
Parecería, porque por una parte se anuncian esos esfuerzos y por otra se advierte cómo las autoridades de EE.UU. han indicado que han perdido confianza en la fiscal general.
El gobierno de EE.UU. anunció además que suspendió la cooperación con la fiscalía general de Guatemala debido a esa «pérdida de confianza» después que lo destituyera. ¿Cuán importante era esa cooperación?
Importantísima. De hecho, gran parte del éxito que anunciaba la fiscal general del crecimiento en materia de cobertura por medio de fiscalías era producto de la cooperación directa del gobierno de EE.UU.
Mucho del soporte tecnológico que tiene el Ministerio Público proviene de la ayuda que EE.UU. materializa por medio de distintas agencias.
Washington busca crear una fuerza anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica con la participación directa del Departamento de Justicia de EE.UU. En base a su experiencia, ¿es posible lograr algo así en las actuales circunstancias?
Es muy difícil. De hecho, creo que con el anuncio de que EE.UU. va a dejar de brindar cooperación temporalmente al Ministerio Público en parte se está anunciando que podría paralizarse temporalmente dicho proyecto.
Porque, en todo caso, la creación de una fuerza de tarea multinacional para investigaciones también estaría supeditada a la colaboración del ente que tiene el monopolio de la persecución penal en Guatemala.
Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca también busca cómo destinar US$4.000 millones en ayuda a los países del Triángulo Norte para reducir la emigración. ¿La situación de Guatemala permite garantizar que ese dinero se usará de forma correcta, sin ir a los bolsillos equivocados?
Es una muy buena pregunta. No voy a anunciar que se va a despilfarrar en mala forma el dinero, pero por la información precedente creo que existirían fuertes indicios. Y entiendo que es parte de lo que quiere garantizar el gobierno de EE.UU.: que tengan un buen destino los recursos invertidos.
