La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de la capital, Esperanza Collazos, desbloquear el pago de 34 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La semana pasada, la magistrada acordaba la suspensión de este rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía por no estar justificado.
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En un escrito de 4 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía afirma ahora que la decisión de bloquear el citado pago no se sustenta en indicios suficientes y considera que no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna».
«Se alega un supuesto periculum in mora (peligro por mora procesal)», añade, «que a nuestro juicio no concurre pues el objeto de la ayuda consistió en dos préstamos, uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19, por lo que solo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución, se podría producir un daño real y efectivo susceptible de ser evitado con la medida cautelar cuya suspensión se insta».
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«Por otra parte, asimismo, debe tenerse en cuenta que en caso de levantamiento de la suspensión de entrega del préstamo participativo, existen mecanismos importantes de control. La disposición de fondos públicos se ha realizado a cargo del FASEE, que es un fondo sin personalidad jurídica, y sujeto a la fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado; por tanto, la gestión económica del fondo a través del Consejo Gestor estará anualmente fiscalizada y se podrá comprobar cualquier irregularidad en relación con la concesión de las ayudas», apunta el escrito.
«En este punto debe tenerse en cuenta que con fecha 5 de julio de 2021 se ha emitido un informe por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra no supone un quebranto patrimonial para el Fondo«, destaca la Fiscalía
Consecuencias para Plus Ultra
El Ministerio Público afirma que «debe tenerse en cuenta que la necesidad de desembolso del préstamo participativo de 34 millones de euros pendientes de entrega se deduce del plan de viabilidad aportado al expediente administrativo y debidamente examinado por los asesores independientes, tanto jurídico como financiero. En dichos informes se concluye que la ayuda pública es imprescindible para el mantenimiento de la compañía«.
«Es el denominado principio de necesidad a que debe sujetarse la ayuda pública y que es ampliamente analizado en el informe aportado a las actuaciones del asesor financiero DC Advisory, que concluye considerando que en ausencia de apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas y retornar a la actividad, teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento. El cese de la actividad de Plus Ultra, sigue diciendo este informe, generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores. El impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación», sostiene el escrito.
«Siguiendo con lo expuesto en dicho informe, el préstamo participativo, cuya liberación debe resolverse, tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por la covid de los ejercicios 2020 –post-covid–, 2021 y 2022. Por todo lo anteriormente expuesto, el fiscal estima que procede desbloquear la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros como préstamo participativo concedido por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas», concluye.
