La prórroga de cinco días que pidió la Comisión de Fiscalización para entregar el informe del pedido de juicio político al excontralor, Pablo Celi, terminará este jueves 5 de agosto de 2021. El expediente será voluminoso y se dividirá en nueve partes.
Antilavado / El Comercio.
Dos de sus componentes más importantes serán las conclusiones, con base en las seis causales presentadas por el interpelante Cristóbal Lloret (Unes), y varias recomendaciones que irán más allá de este proceso.
Los otros siete elementos incluirán un análisis jurídico, responsabilidad política, junto con los antecedentes, pruebas de cargo y de oficio, así como cuatro carpetas presentadas por Pablo Celi para sus descargos junto con su versión.
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), adelantó que en el informe se buscará determinar responsabilidades no solo para Celi, sino contra “algunos mandos medios”.
“Hemos evidenciado a lo largo de las comparecencias, que no solamente podría ser responsable la cabeza de la institución, que es Pablo Celi de la Torre, sino que hay hechos que han debido responder algunos funcionarios del área de determinaciones, prederminaciones, entre otros”, mencionó.
Además, de las 45 comparecencias que se dieron durante 10 días, el expediente contendrá información requerida a 18 instituciones públicas, incluida la Contraloría, como parte de la fase de pruebas.
Uno de los hilos conductores que se derivaron de este proceso tiene que ver con la aprobación o eliminación de informes que son propios del organismo encargado de vigilar el uso de los fondos públicos.
“Hay muchas cosas gravísimas, y que no solamente es una persona, hay más funcionarios y exfuncionarios que han participado en este desvanecimiento de responsabilidades”, anotó el asambleísta Pedro Velasco, otro de los integrantes de la Comisión.
El asambleísta Lloret cree que hay motivos suficientes para que el caso vaya a resolución del Pleno y Celi sea censurado, con lo que no podrá volver a ejercer cargos en el sector público por dos años.
“Lo que salió a la luz en estas últimas semanas, en medio de las comparecencias, cerca de 50, son una serie de relatos, y eso acompañado de la prueba documental que he solicitado, configura todo un entramado de corrupción al más alto nivel”, señaló Lloret.
Durante su comparecencia, el excontralor Celi sostuvo que no es ilegal desvanecer glosas, y deslizó que “entre los asambleístas hay muchos que se han acogido a este derecho”.
Sin embargo, el interpelante replicó que “una cosa es desvanecer glosas en el ámbito estrictamente administrativo, procedimental, y otra cosa es hacerlo para favorecer intereses personales y cuando hay dinero de por medio”.
Refirió que entre las pruebas constan todas las delaciones que se dieron dentro del caso Las Torres, proceso judicial por supuesta delincuencia organizada en el que Celi guarda prisión preventiva.
Allí “se evidencia que se pedía el 14% por los contratos y el 20% por las facturas que estaban pendientes de cobro”, dijo el asambleísta Lloret.
La Vicepresidenta de la Comisión manifestó que todo esto se determinará en el informe, “pero nuestra sospecha es que no era solamente un tema al interior de la Contraloría, que era un tema que abarcaba mucho más allá, que iba hacia Petroecuador, que incluía también a la Fiscalía General del Estado”.
Aunque fueron seis las causales presentadas por Lloret para este proceso, los comisionados deberán decidir cuáles de ellas se acogen o no.
Estas van desde arrogación de funciones, aprobación de informes a favor de Odebrecht, contratación de una empresa glosada de Daniel Salcedo, hasta interferencia en la Función Electoral.
En cuanto a la arrogación de funciones, hasta el viernes pasado la Comisión no recibía las acciones de personal con las que Celi se convirtió en contralor subrogante en mayo de 2017. La asambleísta Cordero señaló que no basta una declaración del excontralor Pólit para sustentar esta causal.
