Al menos diez personas cercanas a Vladimir Cerrón que fueron incluidas en las listas iniciales para acompañar las transferencias en las distintas carteras ministeriales reportan investigaciones fiscales por presunta corrupción, según fuentes del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.
Antilavadodedinero / La República.
La información cobra relevancia si se tiene en cuenta que varios de los personajes que participaron en los procesos de transferencia son voceados para asumir cargos viceministeriales o determinadas asesorías.
El sector Salud
Según el registro de visitas del Ministerio de Salud, el médico Edgar Aranda Huincho ingresó hasta en tres oportunidades a dicha institución, en su condición de integrante del equipo de transferencia de Perú Libre. Los días 2 y 4 de agosto cumplió labores casi a tiempo completo.
Se trata de un personaje de mucha confianza del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. En la región Junín, llegó a ocupar el cargo de director regional de Salud, durante la primera gestión de Perú Libre.
Ya en la segunda gestión, a partir del 2019, volvió a ocupar cargos: condujo el hospital El Carmen de Huancayo y asumió luego la dirección de la Red de Salud de Tarma.
De hecho, su paso por estos cargos también dio lugar al inicio de investigaciones fiscales en su contra por presuntos actos de corrupción.
Tiene tres investigaciones. Un primer caso es por colusión: se le atribuye participación en presuntos actos de concertación en procesos de adjudicación simplificada, por 1.4 millones de soles.
La segunda investigación es por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El caso tiene que ver con la compra de 200 unidades de desinfectantes a 75 soles, sin incluir en el expediente la cotización de una empresa que ofertaba un costo menor (35 soles). Esto, en la Red de Salud de Tarma.
La tercera es por presunto peculado. En su gestión se habría aprobado un incremento remunerativo de manera irregular para el director del hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, a pesar de existir informes técnicos que advertían que no se contaba con la certificación presupuestal.
Otro que fue acreditado para el proceso de transferencia en el sector salud es Percy Saúl García Romero, un militante de Perú Libre que también estuvo a cargo de la dirección del hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. En su contra hay tres investigaciones fiscales.
En un caso se le atribuye participación en presuntas irregularidades para la adquisición de equipos biomédicos para el hospital regional docente Daniel Alcides Carrión. En esta gestión también se habrían producido otras anomalías en procesos de adquisiciones y contrataciones, razón por la cual es investigado por negociación incompatible.
Una segunda investigación es también por negociación incompatible y malversación, pues en diciembre del 2016, cuando era alcalde del distrito de San Agustín de Cajas, su gestión adquirió un vehículo recolector de basura que hasta la fecha no funciona.
La tercera investigación en su contra es por peculado y colusión agravada. Los hechos tienen que ver también con su gestión como alcalde. Según un denunciante, García Romero firmó un convenio con el Programa Trabaja Perú y existe una liquidación con montos que no fueron rendidos por la suma de 94.028 soles.
Vivienda
Perú Libre también acreditó como responsable a Gabriel Enrique Calderón Ponce en la lista inicial de transferencia del ministro Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Durante la primera gestión de Vladimir Cerrón al frente del Gobierno Regional de Junín (2011-2014), Calderón Ponce cumplió funciones como subgerente de estudios. En su perfil en la plataforma Linkedin, atribuye dicha designación a Servir.
Según información de la Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía, tiene cinco investigaciones en curso.
En una carpeta se reporta su participación en actos de fraccionamiento para la contratación de profesionales para la formulación de un expediente técnico de una obra vial en Tarma. Para tal fin, se habrían entregado fondos intangibles para gastos ajenos al contrato. Por este hecho se le investiga por negociación incompatible.
La segunda investigación en su contra es por colusión agravada, por haber evitado la resolución de un contrato con una empresa y no ejecutó la garantía.
Hay una tercera investigación por presunta malversación, pues el gobierno central destinó una partida de más de 11 millones de soles para la construcción y equipamiento del hospital de Chanchamayo, pero los fondos fueron destinados a otras obras.
La cuarta investigación es por colusión agravada. Se le atribuye una presunta concertación con contratistas, pues se hizo un estudio de preinversión sin la verificación previa del saneamiento físico legal de un terreno. Es decir, se destinó fondos para una obra que era imposible de ejecutar.
El quinto caso es por presunta colusión. Y es que el Gobierno Regional de Junín firmó un contrato con un consorcio y no se hizo la retención de la penalidad, a pesar de que había 39 días de retraso injustificado en la ejecución del proyecto.
Midis
La lista inicial del equipo de transferencia para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) también tiene los nombres de tres personas cercanas a Vladimir Cerrón y que, a su vez, reportan investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Uno de ellos es Ricardo Untiveros Lazo, personaje conocido por su cercanía con Cerrón, desde la primera gestión en el Gobierno Regional de Junín.
Untiveros reporta tres investigaciones fiscales. En un primer expediente se le atribuyen los delitos de negociación incompatible, cohecho pasivo propio y colusión simple, por irregularidades que se habrían cometido durante la gestión de Vladimir Cerrón.
Una segunda investigación es por colusión y malversación debido a que un grupo de funcionarios dejaron sin efecto un contrato de la obra de la institución educativa Mariscal Castilla, simulando infracciones, abusando del cargo.
Y la tercera carpeta está relacionada a unos audios que dan cuenta de una supuesta concertación para otorgar la buena pro de una obra vial en Chilca, para cuyos fines se habría pactado el pago de 100.000 soles, monto que luego se habría incrementado a 150.000 soles.
También para el Midis fue acreditado Jorge Luis Hilario Flores: es investigado por colusión agravada. Según información alcanzada a esta redacción, habría tenido participación en irregularidades en la municipalidad de Tayacaja (Huancavelica), en la etapa de compra e ingreso al almacén central de bienes adquiridos.
Finalmente, fue acreditada Lucinda Quispealaya Salvatierra, quien se desempeñó como consejera oficialista en la primera gestión de Cerrón. Ahora es investigada por malversación, por participar en la aprobación de la transferencia del presupuesto del hospital de Chanchamayo para otras obras.
PCM, Agro y Trabajo
Otras personas cercanas a Cerrón que forman parte de las listas de transferencia y que tienen investigaciones en curso corresponden a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Agricultura y Trabajo.
Con respecto a la PCM, fueron acreditados Ana María Córdova Capucho, la personera legal de Perú Libre, José Luis Medina Aliaga, servidor del Gobierno Regional de Junín desde la primera gestión de Cerrón.
Córdova Capucho tiene una investigación por presunta malversación y retardo injustificado de pago, según fuentes de la Procuraduría Anticorrupción. En tanto, Medina Aliaga enfrenta una investigación por presunto cobro indebido y peculado. Esto último tiene que ver con el pago de bonificaciones por Navidad o escolaridad, sin tener presuntamente sustento legal.
En el sector Agricultura fue acreditado Rogelio Huamaní Carbajal, quien tiene una investigación por negociación incompatible, cohecho y colusión. Se trata del mismo caso de los audios ya señalados para la supuesta concertación para el otorgamiento de una buena pro de una obra vial de Chilca.
Finalmente, para el ministerio de Trabajo, en la lista del equipo de transferencia aparece el nombre de Eddy Misari Conde, conocido abogado laboralista de la región Junín que ejerció el cargo de consejero regional oficialista por el partido Perú Libre.
Como consejero participó en la aprobación de la transferencia de la obra del hospital de Chanchamayo a otras obras, razón por la cual es investigado por supuesta malversación.
Una segunda investigación en su contra tiene que ver también con su desempeño como consejero, al haber participado en la aprobación de una ordenanza que declaraba de interés regional el inicio de los estudios para determinar la ubicación de un nuevo aeropuerto.
Bellido pide acatar la ley en contrataciones
Ante los serios cuestionamientos surgidos por las designaciones en distintos puestos de los ministerios, el premier Guido Bellido remitió un oficio múltiple a los ministros instándoles a cumplir con el marco legal vigente y los principios que rigen para las contrataciones.
El documento fue enviado el 5 de agosto. Textualmente, Bellido les pide “instruir al personal responsable de su institución para que, en la designación de funcionarios públicos y servidores de confianza, se aplique rigurosamente la legislación vigente y los principios que rigen la contratación de personal en el servicio civil”.
En días previos, desde la sociedad civil surgieron críticas debido a la falta de idoneidad en las designaciones para algunos cargos.
La Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) emitió un comunicado recordando que incluso para los cargos de confianza se deben cumplir ciertos requisitos como la formación profesional y la experiencia necesaria.
Si bien Guido Bellido hizo la exhortación a sus ministros para cumplir las normas, aún no anuncia decisión alguna sobre la designación de Braulio Grajeda como viceministro de Gobernanza Territorial, a pesar de no reunir experiencia previa para el cargo.
Grajeda fue abogado de Vladimir Cerrón y también ayudó a reunir fondos para el pago de la reparación civil del sentenciado líder de Perú Libre.
Cambios
Produce. Fuentes del Ministerio de la Producción informaron a esta redacción que el despacho del ministro Yván Quispe Apaza tomó la determinación de dejar sin efecto la contratación como asesor de Efraín Hipólito Arana Salinas.
Dudas. Según el portal web Convoca, Arana Salinas es investigado por colusión agravada y tiene además un proceso judicial por indemnización por daños, cuando era funcionario del Ministerio del Ambiente.
Personas acreditadas para los equipos de transferencia con investigaciones por presunta corrupción
