En los últimos meses, nuestro país, Paraguay, llegó a las páginas de la prensa mundial gracias a la incautación en puertos de Europa de enormes cargamentos de drogas ilícitas, embarcados en Villeta y valuados en varios millones de euros.
Antilavadodedinero / ABC
También se han decomisado en nuestro territorio otros importantes cargamentos. Parece claro que el estupefaciente ingresa y sale del territorio nacional con suma facilidad, siendo presumible que el narcotráfico en gran escala incluya más operaciones exitosas que fracasadas. En este negocio hay mucho dinero en juego, parte del cual puede estar destinado a la compra de protección, en niveles político-administrativos.
La explicación habría que buscarla en los tres Poderes el Estado, recordando que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sostuvo en noviembre de 2014 que el crimen organizado tenía allí sus tentáculos. La ley y la moral mandan poner entre rejas no solo a los políticos, sino también a los agentes fiscales y a los jueces que estén al servicio de la mafia.
En los últimos meses, nuestro país llegó a las páginas de la prensa mundial gracias a la incautación de enormes cargamentos de drogas ilícitas, embarcados en Villeta y valuados en total en varios millones de euros: el 24 de febrero, unas dieciséis toneladas de cocaína fueron decomisadas en Hamburgo (Alemania) y otras siete en Amberes (Bélgica), en lo que supuso la mayor incautación simultánea de la historia europea; el 7 de abril, cayeron otras once toneladas en el mismo puerto belga, también provenientes del Paraguay, en tanto que el 23 de febrero cayó en el Chaco una carga de casi 1,5 toneladas de cocaína, y el 27 de julio fue descubierto en Fernando de la Mora un alijo de más de tres toneladas, valuado en 25 millones de dólares y a punto de ser “exportado”, de nuevo a través de Villeta. Parece claro que el estupefaciente ingresa y sale del territorio nacional con suma facilidad, siendo presumible que el narcotráfico en gran escala incluya más operaciones exitosas que fracasadas.
Siempre hay una excusa para tan terrible realidad. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, atribuye la entrada de la droga a nuestro país a la falta de radares; en cuanto a la salida, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, señala que la falta de escáneres en los puertos hace “casi imposible” detectar la cocaína una vez cargada en contenedores.
Será todo muy cierto, pero hay algo más que no tiene que ver con los recursos tecnológicos, sino más bien con el notable “apoyo logístico”, por así decirlo, que el crimen organizado obtiene dentro de nuestras fronteras: hay mucho dinero en juego, parte del cual puede estar destinado a la compra de protección, en diversos niveles político-administrativos.
La ministra Rolón reveló que en 2020 había quedado mucha cocaína acumulada en Latinoamérica debido a la pandemia, de modo que estaba previsto que este año saliera “por todos lados”. Si, como es muy probable, también fue almacenada en este país, llama la atención que el año anterior no se hayan registrado tantos hallazgos importantes como en 2021.
La explicación habría que buscarla en los tres Poderes del Estado, recordando, una vez más, que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sostuvo en noviembre de 2014 que el crimen organizado tenía allí sus tentáculos.
Lo dijo días después de que una comisión senatorial haya vinculado con el narcotráfico a varios diputados, entre ellos a Freddy D’Ecclesiis (ANR), que sigue ocupando campantemente una banca, y al suplente Carlos Rubén Sánchez (Chicharõ), condenado en el Brasil por lavado de dinero y ocultación de bienes, y asesinado hace unos días en Pedro Juan Caballero: el mismo fue detenido en 2013 (estando en la cárcel D’Ecclesiis fue su asiduo visitante) y puesto en libertad bajo fianza.
Dos años después, fue convocado nada menos que a la residencia presidencial entonces ocupada por Horacio Cartes, por su “asesor político” Basilio Núñez (ANR), hoy diputado. Actuó de vocero de la comisión senatorial que produjo el informe referido el entonces senador Giuzzio, quien en 2020, siendo ministro de la Senad, contó en una entrevista televisiva que tenía “varios nombres” de políticos que protegen a los narcotraficantes, pero sin la “contundencia” necesaria, porque “hoy se cuidan muchísimo (…) después del caso Cucho”; agregó que los parlamentarios de la frontera son “más proclives”, quizá pensando en Ulises Quintana, procesado por delitos ligados al narcotráfico, candidato de la ANR a la Intendencia de Ciudad del Este, la segunda urbe más poblada del país, y tildado de “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado norteamericano.
De los dichos del hoy ministro del Interior se desprende que los nombres que han salido a la luz con respecto a este repugnante negocio no son más que la punta de un enorme iceberg contra el que el Paraguay se ha estrellado por culpa de una podredumbre impune, cuyo ejemplo cabal está dado por la inacción del Ministerio Público tras aquella denuncia formal originada en el Senado. La ley y la moral mandan poner entre rejas no solo a los políticos, sino también a los agentes fiscales y a los jueces que estén al servicio de la mafia.
