a Operación Alecrín, que trascendió a los medios a finales del mes de julio, supuso un duro golpe al contrabando de tabaco en España e hizo caer a uno de los clanes gallegos más activos de la última década, del que formaban parte históricos contrabandistas de esta comunidad, apoyados por otros de Andalucía, junto a los que habían ido sofisticando un negocio que hunde sus raíces en los alijos de tabaco de las décadas de los 80 y los 90 en las Rías Baixas.
Antilavadodedinero / Lavozdegalicia
El comandante Carlos Gallego, responsable del Grupo de Delincuencia Económica 1 de la UCO, ha explicado a Efe los detalles de esta operación, que supuso la detención de 29 personas (dos de ellas en Portugal), 125 registros (100 en territorio luso), la incautación de 2 millones de euros en efectivo y la aprehensión de 51 toneladas de hoja de tabaco y de 2 millones de cajetillas valoradas en 9,5 millones de euros.
Unas cifras que dan cuenta de la envergadura de este negocio ilícito y de los beneficios que las organizaciones obtienen de él. Mucho dinero que luego blanquean en otras actividades ilegales, como el tráfico de drogas o de seres humanos, además de la compra a tocateja de inmuebles, fincas, cortijos o coches de alta gama.
En este caso, una alianza de gallegos y andaluces componía la parte española del entramado, la más interesada en impulsar un negocio de toda la vida y centrada en la salida del producto al mercado negro. Para ello, había que contar con la otra parte, la extranjera, encargada proveer de la materia prima, instalar la fábrica, traer la maquinaria y, además, contar con trabajadores cualificados que, aun a sabiendas de la actividad ilícita en la que iban a participar, mantuvieran la boca cerrada en aras de un salario que en su país, Ucrania, nunca iban a conseguir: entre 2.000 y 3.000 euros al mes.
Con una mano de obra asegurada y que, además, venía con un falso contrato de trabajo que le permitía «salvar» las restricciones, el siguiente paso era poner en marcha la fábrica, una misión encomendada a la parte búlgara de la organización. Manzanares (Ciudad Real) fue la localidad elegida para instalarla, con una inversión que superó el millón de euros.
Porque la organización cuidaba todos los detalles, incluido un control de calidad para que el cigarrillo que de allí saliera no tuviera nada que envidiar al del mercado legal.
Hasta la fábrica llegaba por carretera desde Bulgaria la materia prima, el cartonaje (imitando hasta de diez marcas distintas), los filtros o los precintos (falsificados). La parte sevillana se encargaba de recepcionar ese material, que «enfriaba» en naves ubicadas en la provincia de Sevilla antes de enviar la materia prima a la fábrica, intentando así eludir el control policial. Desde esas naves, los sevillanos, algunos de ellos camioneros de toda la vida, transportaban la materia prima hasta la factoría donde se elaboraban los cigarrillos.
Almacenamiento en Silleda
Una vez fabricados, el producto final se trasladaba por carretera a Galicia, en concreto a Silleda (Pontevedra), donde ya se hacía cargo la parte gallega de la organización. Ella era la que alquilaba furgonetas y camiones articulados para llevar la mercancía a su destino final: Portugal.
El comandante de la UCO explica a Efe que al menos desde hace año y medio los sevillanos han suministrado tabaco a los gallegos y estos a los portugueses. Y calcula que la fábrica tenía una producción semanal de unas 250.000 cajetillas. Si el 80 % del precio de tabaco legal son impuestos, la organización -subraya el comandante- ha podido cometer un fraude a la hacienda pública por valor de un millón de euros semanales.
