El Fondo Monetario Internacional ha sido claro en su advertencia a los países que preparan ya el uso de criptodivisas como una moneda de curso legal. A poco más de un mes de que El Salvador se convierta en la primera nación del mundo en permitir que el Bitcoin como método de pago convencional, la institución liderada Kristalina Georgieva avisa de los riesgos asociados con esta adopción generalizada que principalmente afectará a la estabilidad macroeconómica y monetaria.
Antilavado de dinero / El Economista.
«Si los bienes y servicios se cotizan tanto en una moneda real como en una criptodivisa, los hogares y las empresas dedicarían mucho tiempo y recursos a elegir qué dinero mantener en lugar de dedicarse a actividades productivas. Del mismo modo, los ingresos del gobierno estarían expuestos al riesgo del tipo de cambio si los impuestos se cotizan por adelantado en una criptodivisa mientras que los gastos permanecen mayoritariamente en la moneda local, o viceversa», justifica el Fondo en un blog recientemente publicado en su web.
Además, los funcionarios del FMI consideran que la política monetaria perdería fuerza. En este sentido insisten en que los bancos centrales no pueden fijar los tipos de interés de una moneda extranjera. Normalmente, cuando un país adopta una moneda extranjera como propia, «importa» la credibilidad de la política monetaria extranjera y espera alinear su economía -y los tipos de interés- con el ciclo económico extranjero. «Nada de esto es posible en el caso de la adopción generalizada de criptodivisas», aclara.
Como resultado, los precios nacionales podrían ser muy inestables. Incluso si, por ejemplo, todos los precios se cotizasen en bitcoin, los precios de los bienes y servicios importados seguirían fluctuando masivamente, siguiendo los caprichos de las valoraciones del mercado.
La integridad financiera también podría verse afectada, según el Fondo. Si no se adoptan medidas sólidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las criptodivisas pueden utilizarse para el lavado de dinero, financiar el terrorismo y evadir impuestos. Esto podría suponer riesgos para el sistema financiero de un país, el equilibrio fiscal así como las relaciones con países extranjeros y bancos corresponsales.
El FMI señala cómo el Grupo de Acción Financiera Internacional ha establecido una norma sobre cómo deben regularse los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados para limitar los riesgos de integridad financiera. Sin embargo pone de manifiesto que la aplicación de esa norma aún no es coherente en todos los países, lo que puede ser problemático dado el potencial de las actividades transfronterizas.
Problemas legales
Pero también surgen otros problemas legales. La condición de moneda de curso legal requiere que un medio de pago sea ampliamente accesible. Aún así, el acceso a Internet y a la tecnología necesaria para transferir criptodivisas sigue siendo escaso en muchos países, lo que plantea problemas de equidad e inclusión financiera.
Además, la unidad monetaria oficial debe tener un valor suficientemente estable para facilitar su uso en las obligaciones monetarias a medio y largo plazo. Y los cambios en el estatus de la moneda de curso legal y la unidad monetaria de un país suelen requerir cambios complejos y generalizados en la legislación monetaria para evitar la creación de un sistema legal desarticulado.
Al mismo tiempo, los bancos y otras instituciones financieras podrían estar expuestos a las enormes fluctuaciones de los precios de las criptomonedas. No está claro si la regulación contra la exposición a las monedas extranjeras o a los activos de riesgo en los bancos podría mantenerse si al Bitcoin, por ejemplo, se le diera el estatus de moneda de curso legal.
Además, el uso generalizado de criptodivisas socavaría la protección del consumidor. De hecho, los hogares y las empresas podrían perder su riqueza a causa de grandes oscilaciones de valor, fraudes o ciberataques. Aunque la tecnología en la que se basan las criptomonedas ha demostrado ser extremadamente robusta, podrían producirse fallos técnicos. En el caso del Bitcoin, el recurso es difícil ya que no existe un emisor legal.
Por último, los criptoactivos minados, como el Bitcoin, requieren una enorme cantidad de electricidad para alimentar las redes informáticas que verifican las transacciones. Es por ello que el Fondo insiste en que «las implicaciones ecológicas de la adopción de estos criptoactivos como moneda nacional podrían ser nefastas».
