Seis años después de que los investigadores de Perú desmantelaran una enorme operación de tráfico de madera, mediante la cual se traficaba madera dura ilegal por millones de dólares, más de 90 personas han sido acusadas y un importador estadounidense se ha visto obligado a pagar una indemnización. Esta es una pequeña victoria en la batalla contra la tala ilegal en la Amazonía peruana, pero es poco probable que se repita, dada la creciente impunidad.
Antilavado de Dinero / In Sight Crime.
Los dos importantes hechos se presentaron como parte del caso Yacu Kallpa, el barco que transportaba la madera y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la corrupta industria maderera del país, después de sus numerosos trayectos desde la ciudad de Iquitos, en la selva peruana, hasta Houston, Texas.
El mes pasado, la fiscalía de Perú presentó los cargos e imputó a 14 personas involucradas en empresas de exportación de madera, 38 propietarios de concesiones madereras y 41 exfuncionarios locales. Todos han sido acusados de delitos como concesión ilegal de derechos y tráfico ilegal de madera, con penas que van desde los dos hasta los 11 años de prisión, según informó Ojo Público.
Entre los acusados se encuentran dos exfuncionarios del gobierno regional de Loreto, departamento ubicado en el noreste de Perú. Los funcionarios presuntamente proporcionaron documentos falsos para el transporte de madera extraída ilegalmente. En el caso también fueron nombradas once empresas exportadoras de madera.
Las acusaciones se derivan de la mayor incautación de madera ilegal del Yacu Kallpa, cuando este fue detenido en el puerto de Tampico, México, en enero de 2016. Alrededor del 96 por ciento de esa madera, que iba en dirección a Estados Unidos, había sido obtenida ilegalmente, según investigaciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), organismo gubernamental encargado de vigilar el comercio de madera.
Todas las imputaciones como parte del caso se realizaron tres semanas después de que un importador de California admitiera que había comprado madera dura de origen ilegal incautada a bordo del Yacu Kallpa.
El 3 de septiembre, Global Plywood and Lumber Trading se declaró culpable de violar la Ley Lacey, una ley de conservación estadounidense que protege plantas, peces y vida silvestre. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un tribunal de Washington, DC, sentenció a la compañía a pagarle US$200.000 como indemnización al Ministerio de Ambiente de Perú (MINAM), así como una multa de US$5.000.
La empresa reconoció que no había tenido los cuidados adecuados cuando les compró cerca de 1.200 metros cúbicos de madera dura ilegal a tres proveedores peruanos.
El caso contra Global Plywood surgió a raíz de una incautación previa hecha al Yacu Kallpa, cuando, en septiembre de 2015, el barco fue abordado por agentes de Seguridad Nacional en el Puerto de Houston. Los fiscales señalaron que más del 90 por ciento de la madera importada por Global Plywood había sido cosechada o transportada ilegalmente.
Análisis de InSight Crime
Los cargos y la declaración de culpabilidad en el caso Yacu Kallpa son un raro ejemplo de rendición de cuentas por parte de varios involucrados —que van desde funcionarios corruptos hasta exportadores e importadores—. Pero esta victoria se ve opacada por los leves castigos que enfrentan los acusados, el debilitamiento de Osinfor durante estos seis años y los niveles récord de pérdida de la selva amazónica de Perú que se viene presentando debido a la deforestación.
Rolando Navarro, exdirector de Osinfor que fue destituido tras estar al frente de la investigación en torno a Yaku Kallpa, le dijo a InSight Crime que “Este es un precedente significativo en la lucha contra la tala ilegal. Porque históricamente no se ha visto que esto haya sucedido en Perú, ni en otro país de la región”.
Además de declararse culpable de violar la Ley Lacey, Global Plywood tuvo que pagar millones de dólares por el almacenamiento y la destrucción de la madera en Estados Unidos, según afirma Navarro. Esto les envía un mensaje a los importadores, de que comprar madera sin la debida diligencia puede tener costos similares.
Sin embargo, los cargos presentados por los fiscales de Perú no imponen penas suficientes a los perpetradores que más se benefician de la tala ilegal.
Los propietarios de concesiones madereras presuntamente dedicados a la tala ilegal enfrentan las penas más severas de todos los acusados: de seis a once años de prisión. Por su lado, los funcionarios sospechosos de ayudar en el lavado de madera ilegal, como aquellos que presuntamente aprobaron planes de manejo forestal manipulados o proporcionaron permisos de transporte falsos, enfrentan hasta cuatro años de prisión si son declarados culpables, según una recopilación de las acusaciones por parte de Ojo Público.
Los exportadores acusados —quienes se habrían beneficiado más de la venta de madera ilegal— también enfrentan poco tiempo de prisión. Por ejemplo, el dueño de Inversiones La Oroza presuntamente poseía más del 80 por ciento de la madera incautada en el Yacu Kallpa, enfrenta una sentencia máxima de tres años de prisión, según reportó Ojo Público. Lo mismo ocurre con el principal propietario de Inversiones WCA, quien aparece en casi la mitad de los 35 procesos, de acuerdo con el medio. Ninguna de las personas acusadas en el caso ha sido juzgada o condenada.
Ambos han negado su responsabilidad, alegando que compraron la madera de buena fe y tenían documentación que respaldaba su legalidad. (Fuente TK)
“No se ve todavía un impacto real en la balanza de incentivos, en subir el riesgo a la ilegalidad”, expresa Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sede Perú, una organización no gubernamental internacional que investiga los delitos ambientales.
Además, Osinfor, la agencia que investigó el Yacu Kallpa, en el transcurso de estos seis años ha sido debilitada progresivamente por la industria maderera, una industria respaldada por políticos influyentes en Perú.
En 2018, Osinfor fue adjudicada al Ministerio de Medio Ambiente de Perú, MINAM. El decreto fue un golpe a la independencia de la entidad, que deliberadamente había sido puesta fuera de la jurisdicción de tales organismos gubernamentales en su creación.
Global Witness, organismo de control ambiental, y otras organizaciones de la sociedad civil, criticaron la medida, y el decreto finalmente fue revertido. Pero la agencia ha seguido siendo socavada de otras maneras.
“Hoy el Osinfor no es el mismo de hace unos años”, declaró Urrunaga.
Un experto en temas forestales, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, dijo que los mismos sectores detrás del esfuerzo por debilitar a Osinfor han presionado desde entonces para reducir la trazabilidad de la madera en Perú.
Hay una razón por la que no ha habido otra operación radical contra la tala ilegal desde el caso del Yacu Kallpa, dijo Navarro. “Hay un maquillaje total del sector forestal para decir que todo está de maravilla”, dijo. “Pero la realidad es otra”.
