El Tribunal Supremo de España advirtió de un colapso de sus salas si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de 1.000 días bloqueado por discrepancias políticas.
Antilavado de Dinero / Sputnik News.
Un informe elaborado por el gabinete técnico de este tribunal concluye que es «imprescindible» acabar con la interinidad del CGPJ para garantizar «la pronta cobertura de las vacantes existentes» y evitar «el colapso del más alto órgano jurisdiccional» del país.
El mandato del Poder Judicial de España caducó en diciembre de 2018 y casi tres años más tarde sigue sin renovarse por falta de acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y el conservador Partido Popular (PP) de la oposición.
Esta semana los dos partidos llegaron a un acuerdo para renovar el resto de órganos constitucionales que estaban pendientes de actualizar, como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.
El informe del Supremo concluye que, de prolongarse, esta situación será «insostenible» y «va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas», lo que supone un «alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo».
«Se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año», alerta este órgano.
Actualmente, el Supremo cuenta con 11 plazas de jueces sin cubrir, el 14% de una plantilla de 79 magistrados, que subirán a 16 (el 20%) el próximo año por la jubilación de cinco de ellos.
Esta situación supone la demora de «multitud de recursos en las correspondientes salas», advierte, con un «grave perjuicio» tanto para los recurrentes como para «la imagen de la justicia en la conciencia ciudadana, cuyo fortalecimiento es clave para el mantenimiento de la paz social».
El Supremo subraya, en este sentido, que «la justicia tardía no es verdadera justicia» ya que los retrasos pueden repercutir en un «menoscabo de la tutela judicial efectiva».
Para actualizar el Poder Judicial, el PP reclama que se modifique el sistema de elección de sus integrantes para que recaiga exclusivamente en los jueces, algo que el Gobierno de Sánchez descarta.
De acuerdo con la legislación actual, el proceso de elección de los vocales del CGPJ recae en el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras del Parlamento español.
