El caso Lozoya era un manjar que se podía comer con los utensilios del pasado o con los cubiertos del modelo de justicia acusatorio. Así se presentó: un caso que ponía a prueba los nuevos instrumentos con los que contaba la Fiscalía General en su tránsito hacia la autonomía y hacia nuevos modelos de investigación criminal. Las nuevas reglas de la justicia penal ofrecen la posibilidad del llamado principio de oportunidad, opción que el imputado aceptó y con la que logró ciertas concesiones, a cambio de ayudar a desenmarañar una red de complicidades y de corrupción que tenía (¿tiene?) un modo de operar que ha trascendido sexenios y son la marca del régimen que el presidente López Obrador dice querer erradicar.
Antilavado de Dinero / El Financiero.
Un manjar apetitoso, pues, para un presidente ávido de transformar al país y para una ciudadanía que ansía justicia.
Pero el manjar Lozoya, por lo visto hasta ahora, se está procesando con el mismo molde del pasado. Se está convirtiendo en el chivo expiatorio sexenal. Un platillo más bien corriente. Así pudo haberse sostenido a lo largo de lo que resta de sexenio si no fuera porque el acusado pensó que podía burlarse. Y despertó a la fiera.
De aquí en adelante quizá veamos un trato con menos concesiones para Lozoya, pero no auguro un proceso de investigación atrevido que lleve a identificar redes de corrupción y su modo de operación. Veremos lo de siempre, un proceso largo, que puede concluir con una sentencia condenatoria, un acuerdo reparatorio –como el que ya se estaba planteando– o una absolución. Pero no habrá más. Será el mismo patrón: la investigación de casos aislados, no de fenómenos complejos. En este país, la corrupción es un asunto de redes amplias y tramas interrelacionadas, no de individuos en solitario.
Para que la transformación de la PGR en FGR fuera viable requería, en esencia, un cambio en el modelo de investigación. Fortalecer la capacidad de investigación criminal era el objetivo más importante. Porque con tasas de impunidad del más de 90 por ciento en delitos de alto impacto, no tengo que convencer a nadie de que nuestras procuradurías y fiscalías no hacen bien su trabajo principal: investigar. Solemos ver a los jueces como los villanos que sueltan a criminales y dan vuelo a la puerta giratoria, pero no reparamos en que el trabajo anterior (el de las fiscalías) es de tan baja calidad que los casos no pueden sostenerse en un tribunal.
La Ley Orgánica con la que entró en operación la Fiscalía General de la República, hoy derogada por el propio fiscal, tenía en su centro fortalecer estas capacidades y darle un sentido estratégico al trabajo de las procuradurías. De ahí que se planteara que en su primer año de operación se elaboraría un plan de persecución penal estratégico. La Ley Orgánica, en sus transitorios, establecía plazos muy concretos para cumplir con ciertas tareas clave para la transición. El fiscal Gertz las ignoró, porque nunca creyó en el cambio.
Y la autonomía conferida la entendió de manera muy retorcida. Se ha aislado de todo actor estatal o no estatal que pudiera contribuir al trabajo de la Fiscalía. Fue conocido el desencuentro entre el fiscal y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo. Este binomio, tan central en la investigación criminal, estaba roto y quizá siga así.
Pero la rudeza del fiscal es convenenciera; se afloja cuando el presidente interviene, como se constata en la respuesta reciente al caso Lozoya.
Por lo expuesto, pienso que este caso se procesará como tantos otros. Porque la energía e intención del fiscal no dan para mucho, pero también porque su aparato de investigación no tiene las capacidades y recursos suficientes para llevar a cabo una hazaña. Como la que esperábamos que el presidente López Obrador emprendiera por este país cuando nos prometió un cambio de fondo.
Me parece que el presidente no repara en que su pretendido cambio en las relaciones de poder pasa por romper con el pacto de impunidad que ha prevalecido en este país por tantos años. Ese con el que Lozoya se sentía cobijado. Y para ello necesita un aparato de justicia que funcione y sea operado por personas que crean en la transformación y no en la restauración.
Habrá decisiones del presidente López Obrador por las que pagaremos un precio muy alto. Esta es una de ellas. Elementos valiosos estaban puestos en la mesa para que el presidente los aprovechara e impulsara un cambio refundacional en la justicia, y con ella en el régimen político. En cambio, fue perfectamente atinado en el error: con su elección del fiscal cerró la puerta a la posibilidad de una verdadera transformación en este ámbito.
Veremos cómo se desenvuelve este asunto, pero es muy posible que este manjar acabe siendo tan insípido que nos decepcione a todos.
Por: Edna Jaime, directora de México Evalúa.
