Detrás del lavado de dinero están los delitos del crimen organizado

Cuando una persona quiere hacer un depósito de 40 mil pesos y el banco le advierte que dará cuenta al fisco de esa operación muchas veces el cliente siente el incómodo regusto de una invasión a su privacidad. Es casi imposible que tome ese recaudo como una medida que procura su protección personal y, más remoto aún, que la imagine como una precaución para moderar el delito violento. Esas cuestiones, en sus aspectos más evidentes y más ocultos, abordó ayer el ministro de Justicia provincial, Héctor Superti, al disertar sobre políticas contra el lavado de dinero y el trabajo de la Comisión Interjurisdiccional de Santa Fe sobre prevención de lavado de activos y financiación del delito. Lo escuchó un auditorio de banqueros y abogados especializados en el marco de la jornada de actualización en Derecho Bancario en la Universidad Católica Argentina (UCA). “La queja por la falta de seguridad siempre apunta al delito realizado por la fuerza o la violencia. Pero los delitos realizados con la inteligencia muchas veces generan condiciones económicas que son causas de exclusión social. Y son justamente esos excluidos los que cometen los delitos de violencia que preocupan a la sociedad. Una política criminal tiene que abarcar todos los delitos y éste es uno de ellos”, dijo Superti. ¿A qué se refería? Un primer ejemplo, que luego ofreció a los periodistas, sería este: si una secuencia de operaciones ilegales generan el vaciamiento y la quiebra fraudulenta de una empresa el cese de actividad provocará cesantías. Si el hijo de un despedido empuña un arma para robar nadie conectará el acto violento del joven con los responsables de la ilegalidad económica que privó de trabajo a su padre. Menos visibles. Hay más ejemplos. En Rosario son notorias las disputas violentas en ciertos barrios para ganar territorio en la venta de drogas. Los que participan de esas contiendas matando, muriendo y poniendo en riesgo a terceros en la vía pública son el eslabón más visible de la cadena. El que no se ve es el que se apropia del excedente económico producido por esa actividad ilícita que termina blanqueda en iniciativas diversas con fachada honorable: fideicomisos en la construcción, adquisición de vehículos de alta gama en algunas concesionarias, actividades ligadas a la hotelería o incluso pagando impuestos de alguna actividad lícita que sirve como pantalla para justificar la posesión de ingresos ilícitos. Superti explicó que a nivel nacional funciona la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo creado justamente para la realización de tareas de inteligencia y de información de todas aquellas operaciones que puedan indicar o sugerir operaciones relacionadas con el lavado de activos. La UIF funciona sobre la base de informaciones que le tienen que elevar distintos organismos o sujetos que son obligados para eso”. La comisión provincial. Dentro del ámbito público de la provincia existen cuatro organismos obligados a controlar y emitir información orientada a la legalidad de operaciones financieras: el Registro Público de Comercio, que pertenece al Poder Judicial, y dentro del Poder Ejecutivo la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro General de la Propiedad. La comisión interjurisdiccional, desde el 14 de junio pasado, articula a todos esos órganos para combatir el lavado de activos. Superti dijo que la política criminal de la provincia se propone no descuidar los fenómenos de la delincuencia económica, por el alto efecto generador de una violencia que no se ve pero existe. Y que se trabaja para identificar las normativas aplicables, para confeccionar manuales de procedimientos y un sistema informático que detecte operaciones que hay que informar o que tienen carácter de sospechosas. “Esta es una metodología que responde a la política criminal que apunta a aquellos delitos del crimen organizado, a los delitos conocidos como de guante blanco. Porque la queja por la falta de seguridad siempre apunta al delito realizado por la fuerza o la violencia, y a veces parece que uno se olvida de los delitos realizados con la inteligencia y la argucia”. Aquí marcó Superti que estos delitos de gran escala —como el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de armas, el vaciamiento de empresas, la corrupción de alto nivel— “generan condiciones económicas que son causas de exclusión social y son justamente esos excluidos los que cometen esos delitos de violencia que preocupan a la sociedad. Una política criminal tiene que abarcar todos los delitos y éste es uno de ellos”. La Capital