La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta 15 años de prisión para los más destacados miembros del equipo de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por blanqueo, cohecho y prevaricación en el caso del pitufeo, por haber recibido presuntamente dinero negro del partido y haberlo blanqueado mediante transferencias bancarias en la cuenta de la formación. Anticorrupción también ve al Partido Popular de Valencia responsable del delito de blanqueo.
Antilavadodedinero / Elpais
Entre los procesados se encuentran el vicealcalde Alfonso Grau y la concejala María del Carmen García Fuster, así como otros 47 ediles y empleados del PP municipal para los que solicita cuatro años de prisión para cada uno dentro de una de las piezas del llamado caso Taula.
En su escrito de acusación, el fiscal detalla la operativa del PP en los meses previos a las elecciones de 2007, 2011 y 2015, en los que la lista de Barberá ganó los comicios. Anticorrupción señala que la investigación “ha permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno de dicho Ayuntamiento y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Popular”.
El fiscal sostiene, además, que en los años electorales “se producía la puesta en marcha de una maquinaria dedicada por una parte a obtener dinero de forma ilícita y de otra a hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de Valencia dominado en exclusiva por el Partido Popular”.
Sobre la acusación de blanqueo sobre la formación, el fiscal indica que el PP municipal contaba con una cuenta utilizada “al antojo del grupo municipal del PP”, que se encontraba al margen de la contabilidad del Partido Popular, y por consiguiente de cualquier fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.
“En dicha cuenta se ingresaban cantidades en metálico, unas de procedencia conocida, aunque ilegalmente ingresadas y otras de procedencia ilícita que provenían de comisiones, gratificaciones o recompensas que aportaban personas o entidades por la obtención de beneficios o contratos en el Ayuntamiento de Valencia dada la mayoría absoluta que ostentaba el Partido Popular que había generado un sistemático clientelismo que había permitido obtener importantes ingresos económicos al margen de la ley, como se ha explicado”, tal como indica el escrito.
Así, señala la nula diligencia del partido por no haber controlado las cuentas y le atribuye consentir y aceptar la situación, “sin adoptar mecanismos de control para conocer de dónde salían los recursos económicos dados los resultados electorales que cosechaba el Partido gracias a las ingentes sumas de dinero que invertía”.
Respecto a la campaña de 2015, el fiscal describe el sistema del pitufeo: “Como es normal en este tipo de operaciones delictivas, la opacidad, el silencio que se impone en los partícipes de dicha operativa es necesario para el buen fin de la ideación criminal, lo cual no obsta a que dicha decisión solo pudo partir de los cargos más antiguos y relevantes dentro del GMPP [Grupo Municipal de Partido Popular], afines a la alcaldesa Rita Barberá”. Y relata cómo “bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros dentro de un círculo reducido de personas” fueron ingresando dicha cantidad en una cuenta y, posteriormente, les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.
Sobre los gastos para afrontar los comicios de 2011, asegura que “son empresarios los que se encargan de poner dinero, empresarios con una fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia y que tenían un evidente interés en seguir contando con dicha contratación pública”.
También hace el fiscal Anticorrupción un relato de lo ocurrido en la campaña de 2007 y en el escrito acusa a Alfonso Grau de desviar fondos públicos y canalizar “las generosas aportaciones que realizaban empresarios que contaban con importantes contratos con el Ayuntamiento de Valencia”.
Además, la Fiscalía asegura que Grau se quedó con parte de esas aportaciones mientras que el resto fue utilizado para financiar la campaña electoral del Partido Popular en la ciudad de Valencia y de “utilizar tres organismos públicos creados al amparo del Ayuntamiento para el desvío de fondos”.
