El rastro que dejó el colombo-venezolano Alex Saab en Ecuador evidencia actuaciones irregulares a nivel de notarías, entidades de control y operadores de justicia. Todo este entramado se camufló en el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), impulsado por el líder bolivariano Hugo Chávez y el expresidente Rafael Correa, hace más de una década.
Antilavadodediner / Elcomercio
El génesis de la influencia de quien es considerado como el “testaferro” de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, se remonta al 19 de septiembre del 2012, cuando se constituyó en la Notaría 37 de Guayaquil la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons).
El acta de constitución de la empresa se notarizó sin la presencia de sus dos socios: Álvaro Pulido Vargas (EE.UU. ofrece una recompensa de USD 10 millones por su paradero) y Luis Eduardo Sánchez Yánez (Hermano de un exasesor del Ministerio de Gobierno, en la época de José Serrano). Así lo demuestran sus registros migratorios, expuestos en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
En el acta, que tiene la fe de la notaria, Wendy Vera, se certifica la presencia y la firma de los dos socios, pero el propio Sánchez Yánez, durante su comparecencia, reconoció que el documento se debió haber firmado días antes, fuera de territorio ecuatoriano.
Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, reveló que las exportaciones mediante el sistema Sucre se concentraron en un 99% hacia Venezuela, por un monto de USD 2 697 millones. Pero a través de ese mecanismo, se detectaron exportaciones sobrevaloradas o ficticias, que dan cuenta de una trama de lavado de dinero.
La Fiscalía tuvo alertas desde el 2013 del uso irregular del sistema Sucre. Y por eso se inició un proceso judicial contra Foglocons, que habría movido USD 159, 8 millones, mediante exportaciones ficticias.
Es ahí cuando llega el turno de los operadores de justicia, particularmente de la jueza Madeleine Pinoargote, quien según la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, tuvo actuaciones contradictorias. Como parte del proceso contra Foglocons, dispuso, en primera instancia, la retención de USD 52 millones de la firma. Pero luego, liberó esos recursos y declaró la terminación de la investigación previa, hecho que, según Salazar, era una competencia de Fiscalía.
Tras la liberación de esos recursos, más de USD 30 millones de Foglocons fueron trasferidos a cuentas que estarían vinculadas al actual presidente de Liga Pro, Migue Ángel Loor. Por ello también se solicitó su comparecencia a Fiscalización, pero el directivo se excusó y dijo que la Comisión ha adelantado criterios sobre el caso.
La Fiscal recordó que Pinoargote fue sentenciada por prevaricato, en el 2018, pero dijo que la anterior Corte Nacional de Justica resolvió otorgar la suspensión condicional de la pena.
El propio abogado de los socios de Foglocons, Jorge Zavala Egas, reconoció que la Fiscalía “se equivocó” al haber acusado a la firma de lavado de activos, que terminó en su sobreseimiento. Dijo que otro hubiese sido el desenlace, si la acusación se hacía bajo la figura de exportaciones ficticias o falsedad de documentos.
Salazar recordó que este caso “ya es cosa juzgada”, pues en las instancias de apelación se siguió fallando a favor de la empresa. Esta decisión, incluso, habría sido resaltada por el propio Saab ante la justicia de Cabo Verde, antes de su extradición a Estados Unidos, como argumento de que no puede ser juzgado dos veces por el mismo tipo penal.
Salazar, además, reveló que en otros cuatro casos relacionados a la mala utilización del sistema Sucre (Pifo Gardens, Escastel, Banco Territorial, Coopera) sí se emitieron sentencias, pero no con Foglocons.
En términos de los entes de control, Foglocons adeuda al Servicio de Rentas Internas USD 558 000 en impuestos. La Fiscal cree que, tras el informe de la Comisión de Fiscalización, se podría abrir nuevas investigaciones a funcionarios del Banco Central del Ecuador y a otros entes, que no establecieron los controles respectivos para evitar estas irregularidades.
La intención de la Comisión de Fiscalización es remitir su informe tanto a la Fiscalía como a la Justicia de Estados Unidos.
