Los ojos de los estudiosos de la política latinoamericana estén puestos en las explosivas elecciones presidenciales chilenas. Pero los comicios en el país austral no son los únicos pendientes en lo que queda de año. Honduras busca a su próximo jefe de Estado una semana después. El adjetivo “próximo” es seguro, ya que el mandatario actual Juan Orlando Hernández no busca la reelección.
Antilavadodedinero / Elpolitico
Juan Orlando Hernández saldrá de la Presidencia de Honduras luego de ocuparla por ocho años. Deja tras de sí un legado caracterizado por el deterioro de las instituciones democráticas y señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Una muestra más de cuán frágiles son las instituciones republicanas en la mayoría de los países de América Latina.
Curiosamente, el talante autoritario de Hernández ha llamado mucho menos la atención que el de su vecino salvadoreño, Nayib Bukele. Tal vez porque el mandatario millennial es mucho más dado a exponerse ante el público, por su conducta excéntrica. Pero lo que ha ocurrido Honduras durante la última década merece su propio análisis.
Un gran retroceso
Al igual que las demás naciones centroamericanas hispanohablantes, con la excepción de Costa Rica, Honduras no tiene una tradición democrática sólida. Durante buena parte del siglo XX, estuvo gobernada por dictadores militares como Tiburcio Carías Andino (1932-1949) y Oswaldo López Arellano (1963-1971 y 1972-1975). Por otro lado, tuvo la suerte de no padecer guerras civiles asombrosamente cruentas, como Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Además, desde 1982 y con una sola interrupción, todos sus gobiernos han sido electos.
Pero esa excepción es la prueba de la debilidad de sus instituciones. Se trata de la crisis de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya intentó convocar un plebiscito declarado ilegal por los demás poderes públicos. Como consecuencia, un golpe militar lo destituyó.
En 2006, Honduras tenía un puntaje de 6,22 sobre 10,00 en el Índice de Democracia de The Economist. Calificaba así como “democracia frágil”, al igual que Colombia, Brasil o Argentina. En 2020, su puntuación fue de 5,36, por debajo incluso de El Salvador de Bukele. Eso la reduce a “régimen híbrido”, una zona gris que no es completamente dictatorial, per tampoco democrática. Si bien el declive antecede al gobierno de Hernández, durante su presidencia ha sido particularmente agudo.
Esta decadencia rara vez aparecía en la prensa internacional, no obstante. Quizá la única ocasión fue en las elecciones de 2017, en las que Hernández fue supuestamente reelecto por ajustado margen. Se lee “supuestamente” porque la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos no pudo legitimar el resultado.
“Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”, expresó la Secretaría General de la OEA en un comunicado. El ente multilateral pidió la repetición de los comicios, cosa que no ocurrió.
El resultado fue una oleada de protestas, algunas de las cuales degeneraron en disturbios violentos, y que fueron reprimidas con mano dura. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que 22 civiles y un policía murieron en medio del tumulto.
Solamente el hecho de que Hernández haya buscado la reelección ese año fue motivo de controversia. La Constitución lo prohibía, pero aun así un fallo en 2015 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio la autorización. Tres años antes, la composición de dicha sala era otra. Pero el Congreso ordenó destituir a cuatro de sus cinco magistrados. El presidente del Congreso en aquel entonces no era otro que Juan Orlando Hernández.
Muy mala fama
En marzo de este año, un tribunal de Nueva York condenó a cadena perpetua al exdiputado hondureño Tony Hernández, hermano del Presidente. Entre otros cargos, se le acusó de introducir 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Aunque no se han presentado cargos contra Juan Orlando Hernández, el juez al frente del caso señaló a Tony de “facilitar sobornos a políticos, incluido su hermano”, según reseñó BBC. Además fiscales estadounidenses abrieron una investigación sobre el jefe de Estado, a quien señalaron como “co-conspirador” en el juicio de su hermano.
Semejantes acusaciones pueden repercutir severamente en la percepción internacional del gobierno hondureño. Al igual que Guatemala y El Salvador, Honduras depende considerablemente de la ayuda internacional, principalmente de Estados Unidos, en el combate a bandas armadas y lucha contra la pobreza. Probablemente las autoridades en Washington prefieran esperar a que Hernández deje el gobierno antes de tomar medidas drásticas. Pero pudieran permanecer suspicaces si triunfa el candidato oficialista, Nasry “Tito” Asfura.
A los Estados penetrados por el narcotráfico no les suele ir bien. En América Latina, el ejemplo más conocido tal vez es Colombia en los años 80 y 90, cuando algunos expertos llegaron a considerarla un Estado fallido.
Pero también está el caso la dictadura de Luis García Meza en Bolivia (1980-1981), ampliamente considerada un “narcogobierno”. Su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, terminó extraditado a Estados Unidos por tráfico de estupefacientes una vez restaurada la democracia. Su primo no era otro que el legendario capo de la droga Roberto Suárez Gómez, acaso el estereotipo del gran narcotraficante antes de ser desplazado por Pablo Escobar. Tan es así, que inspiró la creación del personaje Alejandro Sosa, jefe supremo del comercio de cocaína en la película Scarface, de Brian de Palma. En cuanto a García Mora, al frente de aquel gobierno, fue depuesto al año de su propio golpe de Estado, enjuiciado y encarcelado.
Quienquiera que sea el siguiente mandatario hondureño tendrá que limpiar la mala reputación que deja Hernández. El aislamiento internacional solo le agravaría las cosas a un país donde la gente ya está muy empobrecida.
