El jefe del Partido Comunista de China (PCCh) en la controvertida región autónoma de Xinjiang, Chen Quanguo, sancionado por Estados Unidos, dejará su cargo y se espera que sea ascendido a mayores responsabilidades de cara al congreso que la formación política celebrará en 2022, informaron medios locales ese domingo (26.12.2021).
Antilavado de Dinero / DW.
Chen, de 66 años, es el funcionario de mayor edad dentro de la lista de altos funcionarios chinos sancionados el año pasado por Washington a causa de supuestas vulneraciones de los derechos humanos de la etnia musulmana uigur y otras minorías en Xinjiang, recoge el diario independiente South China Morning Post.
El dirigente, que estaba al frente del PCCh en Xinjiang desde 2016 y antes ocupó el mismo cargo en el territorio del Tíbet, es también uno de los 66 miembros del poderoso Buró Político del partido gobernante.
Según la agencia oficial de noticias Xinhua, Chen será promovido a otro cargo.
Estados Unidos impuso sanciones a Chen en 2020 «en relación con serios abusos contra los derechos de las minorías étnicas» en la región autónoma, que incluirían detenciones arbitrarias masivas, trabajos forzados y el empleo de violencia física «severa» contra los uigures y otras minorías musulmanas.
Pekín, mientras tanto, niega tajantemente estas acusaciones y defiende que su política en Xinjiang busca combatir el extremismo y las amenazas terroristas en la región.
Probable ascenso
El movimiento, sin embargo, «no puede entenderse como una respuesta a la presión internacional» y no supone que China vaya a cambiar sus políticas en ese territorio, consideró el analista político Wu Qiang, citado por el diario.
«La presión existe, pero lo que ha hecho Pekín es lo contrario, porque Chen probablemente será ascendido y el modelo de gobernanza de Xinjiang podría ser aplicado en cualquier otro lugar del país», opinó Wu.
En los últimos años, han surgido denuncias por parte de algunos uigures que viven en el extranjero sobre su situación y la de otras minorías musulmanas en la región.
El pasado mes de marzo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, ya anunciaron sanciones contra varios funcionarios chinos por supuestos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang también denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).
Las restricciones a la hora de informar sobre la región de Xinjiang son múltiples y los periodistas extranjeros que viajan de manera independiente a la zona son sometidos a vigilancia e intimidación continua, recoge en su último informe el Club de Corresponsales Extranjeros de China.
