La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril pasado, pidió la «absolución» del expresidente brasileño por falta de pruebas en un proceso penal en el que se le acusa de corrupción y lavado de dinero.
Los abogados de Lula manifestaron en sus alegaciones finales que «no existe prueba» que indique que el exmandatario haya cometido los hechos imputados y solicitaron además la «nulidad del proceso» por supuestas «conductas atípicas» durante el desarrollo del juicio.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se encuentra en prisión desde abril pasado cumpliendo una pena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero en el marco de otro caso relacionado también con los millonarios desvíos destapados en el interior de la estatal Petrobras.
En este proceso, uno de los ochos que tiene abiertos con la Justicia, incluido en el que ya fue condenado en primera y segunda instancia, Lula es acusado igualmente de corrupción y lavado de dinero.
La Fiscalía sostiene que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 270.000 dólares) que tres empresas, entre ellas las constructoras OAS y Odebrecht, realizaron en una casa de campo que se le atribuye al exgobernante en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo, y por ello pidió su condena.
Para la defensa del ex jefe de Estado, Lula «no es y jamás fue propietario del sitio de Atibaia», según señaló en el documento de 1,643 páginas entregado a la jueza federal de la ciudad de Curitiba Gabriela Hardt, encargada del caso.
La magistrada ha continuado en los últimos meses el trabajo iniciado por Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia en 2017 y renunció a su cargo de juez para asumir como ministro de Justicia del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
En este sentido, los abogados de Lula, encabezados por Cristiano Zanin Martin, solicitaron también «la nulidad del proceso» con base a la ausencia de «imparcialidad» de Moro, que, según ellos, quedó demostrada cuando aceptó ser ministro de Bolsonaro.
«Lula sigue siendo visto como un enemigo», afirmó la defensa en las alegaciones finales.
Al ser interrogado por la jueza Hardt en noviembre pasado, Lula aseguró que nunca pidió las obras en la casa de campo con las que supuestamente fue beneficiado irregularmente, aunque admitió que acudía con frecuencia a ese inmueble cedido, según él, por el empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia.
Una vez concluida la presentación de los alegatos finales de todas las partes, la jueza dictará sentencia, lo que se prevé para los primeros meses de este año y tras el receso judicial vigente que se prolongará hasta febrero.
ALD/EFE
