El excandidato vicepresidencial Andrés Paéz afirmó que la exvicepresidenta Alejandra Vicuña no pudo desmentir en su comparecencia ante la Fiscalía los delitos de concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de los que él la acusó.
«A mí me parece que el fiscal (luego de la declaración de Vicuña) va a tener una gran cantidad de trabajo (…) en mi opinión los delitos que yo he sugerido en mi denuncia efectivamente se han configurado (…) esos delitos no han podido ser desmentidos en la declaración», dijo Páez a periodistas luego de la comparecencia de Vicuña.
Páez, que asistió a la comparecencia de la exvicepresidenta, añadió que Vicuña hizo varias revelaciones y que hay suficientes evidencias del delito de concusión, pero no reveló detalles pues el proceso se halla en indagación previa.
Vicuña rindió testimonio en la Fiscalía por alrededor de 5 horas como parte de las investigaciones que se siguen por la denuncia de dos de sus exempleados, Ángel Sagbay y Karla Obando, de cobros indebidos cuando ella fue legisladora.
Vicuña se vio obligada a renunciar a la vicepresidencia el pasado 4 de diciembre, tras el escándalo desatado por denuncias de supuestos cobros indebidos realizados entre 2011 y 2013.
La exvicepresidenta, al salir de la Fiscalía, negó que haya cometido actos ilegales al recibir aportes de sus extrabajadores y reiteró que eran entregas voluntarias para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarita (ABA).
Vicuña insistió en que ABA recibe aportes voluntarios de sus militantes y que eso ha sido público y transparente desde 2015.
«Cuando se rige bajo los principios de solidaridad, transparencia y ética, ese es el mejor argumento para desbaratar cualquier pretensión de mancillar la honra no solo de una organización sino de alguien que siempre ha tenido la frente en alto», añadió.
La Fiscalía inició una investigación previa contra Vicuña por el delito de concusión.
Vicuña llegó a la Fiscalía en un auto de la vicepresidencia y con guardaespaldas, pues de acuerdo a un decreto ejecutivo firmado en mayo de 2017 por el entonces mandatario Rafael Correa, como exvicepresidenta tiene derecho a seguridad del Estado por un lapso de seis meses.
ALD/SPKM
