Seis meses después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en Miami en contra de Genaro “G”, el proceso judicial se encuentra atorado en la ventanilla de ese país por problemas burocráticos.
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Documentos de la Corte de Miami revelan que el gobierno mexicano ha señalado que la oficina del secretario de Estado se ha retrasado varios meses en las traducciones, además de que no ha entregado a tiempo apostillados y firmas.
La UIF reconoce que no ha podido ubicar a los acusados panameños, aunque argumenta que esto se debe a las demoras en los trámites. El gobierno de Estados Unidos revira que entregó las traducciones en “tres semanas”. El proceso judicial contra Genaro “G” inició en septiembre pasado.
El legajo número 142976852, radicado en el circuito Judicial Número Once, señala que el gobierno mexicano pretende recuperar 250 millones de dólares derivados de actos de corrupción y lavado de dinero.
“El demandante ahora busca cuatro meses adicionales, pero señala que podría demorar hasta un año, o más, porque ni siquiera ha podido ubicar a dos de los acusados. También argumentan que la demora fue causada por la necesidad de tener los documentos de notificación y la demanda traducida, que dicen tardó varios meses en completarse”, asegura Jeffrey C. Schneider, abogado de Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg, socios de Genaro García Luna que operaron las empresas Nunvav y Gull Holding Sunshine.
En el documento también se revela que, derivado del atraso estatal, México no ha recibido el apostillado de documentos del caso. El portal del Departamento de Estado registra tres meses en la demora de este trámite.
Los problemas en el caso empezaron a hacerse evidentes desde octubre de 2021, cuando los abogados que representan a la UIF en Estados Unidos revelaron que tendrían que solicitar la intervención de los tribunales panameños para que obtengan los testimonios de los dueños de las empresas Nunvav Inc S.A, Nunvav Technologies Inc y Gull Holding Enterprises Inc, localizadas en la capital del país.
Quienes habrían operado estas empresas fueron los panameños Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg. Los documentos de la corte señalan que éstos han reclamado que dichas empresas se hallan establecidas en Panamá y no tienen representación física o jurídica en Florida y, por lo tanto, no pueden ser acusadas de estos delitos.
