Dos auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, que ayudaron a desvelar una trama de corrupción en el sistema judicial del país centroamericano, fueron detenidos acusados de abuso de autoridad y coacción a un testigo, dijeron autoridades.
Antilavadodedinero / Jornada
La detención se suma a otras aprehensiones de abogados y funcionarios anticorrupción en los últimos días, en medio de la creciente condena de organizaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional a los ataques contra esas personas.
«Son dos capturados, es por abuso de autoridad, por coaccionar a una persona para dar un testimonio», dijo a Reuters el vocero del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, sobre las detenciones, ejecutadas por personal de la Fiscalía General, de la que depende la FECI.
Aún está pendiente la captura de otros dos fiscales auxiliares de la fiscalía anticorrupción buscados por el MP, quienes, como los últimos aprehendidos, estuvieron a cargo del caso «Comisiones Paralelas 2020», que destapó una trama entre abogados, políticos y empresarios para elegir a jueces.
La FECI colaboró mano a mano con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), un ente de la ONU que fue expulsado de Guatemala en 2018 después de lograr el encarcelamiento de ex presidentes, ex funcionarios y empresarios involucrados en procesos de corrupción.
La semana pasada fueron detenidas Leyly Santizo, abogada que trabajó con Cicig, y Eva Sosa, ex integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ambas trabajaron también en casos anticorrupción y fueron acompañadas en los juzgados por representantes de organizaciones civiles, algunas foráneas.
«La Unión Europea expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro del estado de derecho en Guatemala, en el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes», dijo Peter Stano, portavoz del bloque.
La Cancillería exigió el martes a los agentes diplomáticos acreditados en el país que se «abstengan de intervenir en los asuntos internos», en medio de un ambiente enrarecido por la publicación de un artículo del diario El Faro, que denuncia que el presidente Alejandro Giammattei recibió dinero ilícito para su campaña presidencial de 2019.
