Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un megaoperativo en varios puntos de Costa Rica, como parte de una causa penal por lavado de dinero, con numerosos allanamientos practicados por más de 600 oficiales judiciales.
Antilavadodedinero / Delfino
Según un comunicado del OIJ, el operativo arrancó a las 6:00 a.m. por parte de agentes de la Sección de Legitimación de Capitales con miras a realizar 28 allanamientos en la provincia de San José, específicamente en Pérez Zeledón y Goicoechea; así como siete allanamientos en las provincias de Heredia, Alajuela y Cartago en la búsqueda de indicios de un grupo organizado para la legitimación de bienes. En el operativo participan 600 oficiales.
La Policía Judicial afirmó que el caso está relacionado con otro investigado desde el año 2011 en el que se persiguió a un grupo criminal relacionado con el tráfico internacional de drogas. En apariencia el líder principal de esa organización (un hombre de apellido Segura de 47 años de edad) habría creado toda una estructura conformada por al menos 24 personas para, entre otros, comprar bienes inmuebles (fincas de gran tamaño, casas, vehículos de alta gama y cabezas de ganado), además de crear sociedades que representan negocios comerciales a modo de «fachada» para legitimar capitales.
Dentro de los lugares allanados esta mañana se encuentran las viviendas y sitios de trabajo de las 14 personas que se pretenden detener el día de hoy, incluidas dos entidades bancarias y la Municipalidad de Pérez Zeledón. El OIJ pretende además el decomiso de bienes inmuebles valorados en varios miles de millones de colones.
Segura está también involucrado como sospechoso en el caso de tráfico internacional de drogas, por el cual se realizó de manera paralela está investigación de legitimación de capitales. Las otras personas involucradas son sospechosas de fungir como testaferros en las sociedades y compra de bienes con el dinero que deviene del tráfico de drogas.
Caso realmente complejo
El director del OIJ, Wálter Espinoza, afirmó que este caso es complejo y de dificil abordaje, pues se viene trabajando desde hace algunos años. Además, apuntó que el principal sospechoso es un «reconocido empresario en el ámbito de la ganadería en Pérez Zeledón» y en temas relacionados con automóviles, sus repuestos y adquisición de propiedades.
Espinoza afirmó que según conversaciones con el Ministerio Público, es probable que se pidan medidas cautelares contra 14 de las personas investigadas.
Agregó que en el caso hay implicadas 19 sociedades anónimas, contra las cuales se solicitó levantamiento del secreto bancario, tributario, fiscal y aduanero; así como la incautación y anotación de 48 vehículos, 19 propiedades y el decomiso de 1500 cabezas de ganado
Los allanamientos lo que pretenden esencialmente es identificar capturar y recuperar bienes y dinero que estén vinculadas con acciones de legitimación de capitales o lavado de dinero, el decomiso de documentos y contratos, poderes, convenios y también la incautación de algún otro elemento que nos pueda ser útil e importante para redondear el caso, lo que podrían ser joyas, drogas y algunos otros instrumentos o productos financieros que vayan revelando cuál es la estructura financiera de la organización y que nos permita ir trasladando insumos al Ministerio Público para redondear este caso que, como les señalaba, desde el principio es sumamente complejo, ha implicado mucho trabajo operativo y culmina hoy por lo menos en esta fase de investigación con la realización de estas 35 presencias simultáneas.
Espinoza afirmó que Segura, de 47 años de edad, tiene programado el juicio por narcotráfico para este año, pero que esa investigación permitió extraer información adicional para crear una nueva línea de seguimiento que permitió ubicar ese grupo dedicado a la legitimación de capitales.
Agregó que mucho del dinero ilegal generado por la organización delictiva fue colocado en el sistema financiero y la mayoría de las personas que se están abordando lo que hicieron fueron actividades de testaferrato, que esencialmente es prestar su nombre o su cobertura para ocultar la propiedad o la posesión o el destino del bien que se obtuvo de fuente ilegítima.
