Las audiencias intermedias para definir la situación legal de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, se realizarán los próximos días 11 y 27 de abril, respectivamente.
Antilavadodedinero / Zetatiojuana
Por ambos casos, la Fiscalía General de la República (FGR) pide que, en total, se determine una sanción contra el ex funcionario federal, de 54 años en prisión. En ambas audiencias, Lozoya Austin tendrá la última oportunidad de llegar a un acuerdo con la FGR para no ser procesado o para decidirse por un procedimiento abreviado, que implica declararse culpable a cambio de una pena reducida.
Durante ambas audiencias intermedias, el Ministerio Público de la Federación acusará formalmente al ex director general de la paraestatal y presentará las pruebas con que cuenta para buscar sea condenado por José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Asimismo, según el diario Milenio, que informó del hecho este viernes 25 de febrero, durante dicha etapa procesal -previa a que se lleve a cabo el juicio oral contra el ex funcionario federal-, la defensa de Lozoya Austin podrá responder dicha acusación, además de que presentará pruebas a favor del ex director general de PEMEX.
LOZOYA SEGUIRÁ EN PRISIÓN POR ODEBRECHT; JUEZ DETERMINA MANTENER MEDIDA CAUTELAR
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, determinó, el pasado 26 de enero, durante una audiencia llevada cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal -y que duró alrededor de 50 minutos-, que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), continúe en prisión por el caso Odebrecht.
Para que Lozoya Austin saliera la cárcel, tenía que obtener el fallo a favor en el proceso penal que obra en su contra por el caso de los sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución de procuración de justicia lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho, y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.
No obstante, el juzgador federal argumentó que persiste el riesgo de fuga del ex director general de la empresa paraestatal, ya que el ex funcionario federal cuenta con los recursos económicos y los contactos para ello, además de que no cumplió con la reparación del daño.
El juez indicó que la FGR probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio del 2020 permitieron que el ex director general de PEMEX pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares.
“Es infundado el argumento de que el imputado no quiso sustraerse de la justicia, cuando en realidad se necesitó de una orden de aprehensión en la que quedó justificada su necesidad de cautela e, incluso, fue necesaria la extradición para conducirlo a proceso […] Se considera que otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada no va a garantizar que el imputado comparezca en el proceso”, dijo Zúñiga Mendoza.
Al final de la audiencia -que duró alrededor de 50 minutos-, Lozoya Austin -que no habló y permaneció con el cubrebocas puesto- sólo se limitó a dar las gracias al juez y a quienes se conectaron de forma virtual.
Ese mismo 26 de enero, Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite una demanda de garantía del ex director general de PEMEX, pero no otorgó alguna suspensión, porque el ex funcionario no la solicitó.
Asimismo, el juzgador fijó para el 23 de febrero la celebración de la audiencia constitucional. En su demanda de garantías, Lozoya Austin señaló que busca la protección contra cualquier orden de “detención o privación de la libertad fuera de procedimiento judicial”, es decir, por un caso distinto a los procesos que enfrenta por Odebrecht y Agronitrogenados.
TRIBUNAL DESECHA AMPARO DE UIF CONTRA LOZOYA POR CASO AGRONITROGENADOS
Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, desechó, el pasado 26 de enero, el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez-, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dicha institución impugnó, ayer martes 25 de enero, la resolución de Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que enfrente su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.
El 21 de noviembre del 2021, Rodríguez Escobar ordenó el cambio de medida cautelar para que el ex funcionario federal se le coloque un brazalete electrónico y enfrente su proceso fuera del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde ahora está preso.
“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares…no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, señaló, en su fallo, Porras Odriozola.
La magistrada indicó, además, que las autoridades no puedan acudir al procedimiento constitucional para defender la legalidad de sus actos, al no ser titulares de derechos fundamentales, ya que actúan como entidades de gobierno dotadas de imperio, con la aclaración de que, sólo podrán acudir en defensa de derechos patrimoniales, pero como personas de derecho privado.
Porras Odriozola puntualizó que un requisito indispensable para acreditar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona moral oficial, es la afectación de sus intereses patrimoniales, derivados de actos jurídicos que realicen bajo un plano de igualdad, en una relación de coordinación frente a otro gobernado, lo que en el citado caso no se actualiza.
“Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano”, detalló la magistrada en su resolución.
LOZOYA GANA APELACIÓN CONTRA PRISIÓN PREVENTIVA POR ODEBRECHT; PODRÍA QUEDAR LIBRE
Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, ordenó a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que a las 13:30 horas del pasado 26 de enero, se llevara a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, para definir si Lozoya Austin, continuaba o abandonaba dicha prisión, por el caso Odebrecht.
La magistrada consideró que la prisión preventiva que le impuso al ex director general de la empresa paraestatal, el 3 de noviembre del 2021, el juez de control Zúñiga Mendoza, tiene aspectos que no están debidamente fundados, ni motivados.
Porras Odriozola puntualizó que a la hora de pronunciarse de nueva cuenta, el juez de control Zúñiga Mendoza, tendría la libertad de jurisdicción para liberar al procesado o volverle a imponer la prisión preventiva al ex funcionario federal.
JUEZA ORDENA LIBERAR A LOZOYA POR AGRONITROGENADOS; SEGUIRÁ EN PRISIÓN POR ODEBRECHT
Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ordenó, el pasado 20 de enero, liberar a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el proceso que se sigue en su contra por el caso Agronitrogenados.
Ello tras permanecer en prisión preventiva justificada durante más de tres meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, según lo informó, el diario Milenio.
No obstante, la misma juez federal ordenó como medida cautelar colocar al ex funcionario federal, un brazalete electrónico con localizador. Asimismo, el diario Milenio, sigue vigente la prisión preventiva contra el ex director general de PEMEX, por el caso Odebrecht.
Siempre según el citado rotativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), la parte acusadora en el juicio contra Lozoya Austin, apelaron la resolución de la juez federal, para impedir que el el director general de la empresa paraestatal salga de la prisión donde aún permanece.
La juez que dictó la toca penal de la apelación presentada por la defensa de Lozoya Austin contra la prisión preventiva, requirió a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas de su cumplimiento.
Sin embargo, para que Lozoya Austina salga la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal que obra en su contra por el caso Odebrecht, por los que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.
Ello por el caso Agro Nitrogenados, causa penal 211/2019, en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a Altos Hornos de México (AHMSA), una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.
A principios de noviembre del año pasado, Zúñiga Mendoza dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada con Lozoya Austin en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por lo que el ex funcionario federal quedó preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
FGR PIDE 39 AÑOS DE PRISIÓN PARA LOZOYA Y 25 AÑOS PARA SU MADRE, POR CASO ODEBRECHT
Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), recibió, el pasado 5 de enero, la acusación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, relacionados con el caso Odebrecht (causa penal 261/2019).
Según revelaron fuentes del Gobierno Federal, el ex funcionario federal podría pasar un total de 39 años en prisión, en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, entre ellos de haber recibido sobornos por 6 millones de dólares de Odebrecht y lavar 1 millón 385 mil dólares en el sistema financiero.
Sin embargo, la última decisión la tendrá José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a quien el Ministerio Público Federal (MPF) presentó un documento con el fallo para convocar a Lozoya Austin y a su defensa a un juicio oral.
Además de los citados delitos, la FGR busca una condena de 39 años de prisión por la actuación de Lozoya Austin en un cargo de alta jerarquía del entonces Gobierno de México, mediante el cual se aprovechó para recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y, con el dinero, concretar la reforma energética impulsada por el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.
Según las mismas fuentes gubernamentales, la FGR quiere la pena máxima por cada delito, es decir, 10 años por asociación delictuosa; 15 relacionados con el lavado de dinero; y 14 del delito de cohecho. En total, sumarían 39 años, aunque la determinación final se dará tras el juicio y el desahogo de pruebas por parte de la defensa del ex director general de PEMEX.
Aunado a lo anterior, la FGR planteó al juez federal multar a Lozoya Austin con cinco mil 450 días de salario mínimo -según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente-, además de decomisarle la mansión que posee en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, valuada en 1.9 millones de dólares y presuntamente adquirida en 2013 bajo el nombre de su esposa, la ciudadana alemana Marielle Helene Eckes, con los sobornos de la brasileña Odebrecht.
Por último, la FGR pide que Lozoya Austin repare un daño patrimonial que en audiencias pasadas se estimó en 7 millones 385 mil dólares, cantidad reclamada como condición para negociar con el ex funcionario federal un posible criterio de oportunidad, beneficio que lo convertiría en testigo colaborador y cancelaría el proceso.
Tras el escrito de la FGR, el juez notificará acusación en un plazo de tres días hábiles a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a PEMEX, en su carácter de víctimas, y después tendrá 10 días para informar a la defensa de Lozoya Austin.
Después, Zúñiga Mendoza deberá convocar a una audiencia intermedia en la que que el juez federal validará las pruebas presentadas por las partes y definir cuáles serán consideradas en un eventual juicio. Asimismo, se espera que en los próximos días la FGR también presente la segunda acusación formal en contra de Lozoya Austin.
Ello por el caso Agro Nitrogenados, causa penal 211/2019, en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a Altos Hornos de México (AHMSA), una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.
A principios de noviembre del año pasado, Zúñiga Mendoza dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada con Lozoya Austin en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por lo que el ex funcionario federal quedó preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Zúñiga Mendoza desestimó la solicitud de la defensa del ex director general de PEMEX -encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso- de revocar las medidas cautelares de uso de brazalete y retiro de documentos migratorios, al señalar que no podía dejar en el “limbo” el caso y sin ninguna medida de control procesal.
Después de haber sido exhibido por cenar en el lujoso restaurante Hunan, el ex funcionario federal perdió el criterio de oportunidad. La defensa de Lozoya Austin ofreció pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agronitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht, como reparación del daño.
Ello como parte de un acuerdo de reparación para que se retiraran los cargos y se cancelaran los casos judiciales abiertos contra el ex director general de PEMEX. Sin embargo, la acción nunca se concretó, ya que la Fiscalía General de la República -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- argumentó el posible riesgo de fuga de Lozoya Austin.
El 12 de noviembre del 2021, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), negó que el Gobierno de México estuviera colaborando con Lozoya Austin, como lo aseguró la defensa del ex director general de PEMEX, “porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio”.
Tras recordar que Lozoya Austin enfrenta dos denuncias, una por el caso Odebrecht y otra Agro Nitrogenados; el titular de la SEGOB consideró que PEMEX es quien tiene que decidir “si conforme a su visión jurídica se satisface y procede la reparación del daño” ofrecida por su ex director general.
“No puede haber reparación del daño si la parte ofendida, en este caso PEMEX, no está conforme con el monto que se ofrece”, aseveró López Hernández, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevada a cabo en Sonora.
FGR PIDE 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA MADRE DE LOZOYA
Asimismo, la Fiscalía General de la República pidió 25 años de prisión contra Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, quien también está procesada en el caso Odebrecht por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En julio de 2019, Austin y Solís, de 73 años de edad, quien se encuentra en prisión domiciliaria, fue detenida por agentes de la Policía Internacional (INTERPOL) en Alemania, y días después fue entregada a las autoridades mexicanas.
Según la orden de aprehensión en la causa penal 261/2019, el ex director general de PEMEX ordenó, en noviembre del 2012, el depósito de 180 mil dólares americanos, provenientes de la cuenta 24000880974.60T, de la empresa Tochos Holdings Limited, a su madre, “bajo el concepto de pago de impuestos y abogados”.
Dichos recursos habrían provenido de los sobornos estimados en 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht entregó a Lozoya Austin. Ante ello, en noviembre del 2019, la madre del ex funcionario federal fue vinculada a proceso por dichos delitos y se le dictó prisión domiciliaria.
LOZOYA DICE QUE NUNCA SE FUGÓ Y NIEGA UN TRATO PRIVILEGIADO DE LA FGR
Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), afirmó, el 3 de noviembre del 2021, durante la audiencia en que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, le dictó, la medida cautelar de prisión preventiva justificada -a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)-, que nunca se dio a la fuga.
Asimismo, el ex funcionario federal reveló que, antes y después de que se ordenara su aprehensión en 2019, sostuvo reuniones con altos funcionarios del Gobierno Federal para negociar su colaboración con las autoridades, negando así que haya sido beneficiario de un trato privilegiado durante los 15 meses en que estuvo en libertad provisional.
“Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y me regresé a trabajar porque como consultor extranjero debía viajar mucho. Y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional, nunca dejé de ratificar que mi domicilio fue en la calle de Ladera, en Lomas de Bezares. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia”, dijo Lozoya Austin.
“Cuando se ejecutó la orden de aprehensión yo ya tenía la plena intención [de colaborar con las autoridades]. Ya estábamos en diálogos con la FGR. Otros abogados me decían ‘estás loco si renuncias al principio de especialidad’ [lo obligaba a la FGR a pedir permiso del Gobierno de España para presentar nuevas acusaciones penales]”, según lo indicó el director general de PEMEX.
El ex funcionario federal acusó que es víctima de una persecución en la opinión pública que denominó “asesinato por carácter” de su persona, y afirmó que existen muchos intereses que pretenden que no se sepa la verdad respecto a los sobornos, incluidos medios de comunicación.
Lozoya Austin aseguró que no recibió un trato privilegiado de la FGR, porque dijo que su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, estuvo presa en cinco cárceles de Alemania y lleva dos años en prisión domiciliaria, mientras que su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin, tiene dos órdenes de aprehensión, y su esposa, Marielle Helene Eckes, una más.
“La verdad en muchas ocasiones no le gusta a la gente, sin duda hay muchos intereses que no quieren que se sepa. Se ha gestado un ambiente de persecución en la opinión pública, de asesinato por carácter de mi persona”, insistió el ex director general de PEMEX durante la audiencia.
“En otro capítulo, donde yo fui utilizado como instrumento de un aparato de estado organizado, y no me arrepiento de haber hablado con la verdad, hay medios de comunicación que recibieron toneladas de dinero para que esto no se conozca. Muchos de los que recibieron los recursos están libres”, expresó el ex funcionario federal.
“Finalmente, [quiero] hacer una reflexión de un supuesto trato de impunidad. Nada más lejano a la realidad, mi madre estuvo presa en cinco prisiones por recibir entre 120 y 150 mil dólares, antes de ser director de PEMEX”, abundó Lozoya Austin.
“Mi señora madre lleva dos años en prisión domiciliaria por el pago de un impuesto de traslación de dominio de un inmueble y por el pago a un notario […] Ahora si que, si la gente piensa que es un trato privilegiado, pues respeto la diferencia de opinión”, enfatizó el ex funcionario federal.
“No me van a encontrar un solo ingreso ilegal, ni antes ni después de que fuera servidor público. Si me pre-sobornaron, salvo que la gente tenga una bola de cristal, yo creo que no hay ángeles que te regalen millones por no haber un trabajo”, dijo Lozoya Austin con ironía.
Al principio y al final de su alocución, el ex director general de PEMEX ratificó la plena colaboración con las autoridades federales, para que se conozcan los hechos que denunció el 11 de agosto del 2020, contra políticos y legisladores que aprobaron la reforma energética.
La FGR había recordado al juez federal, que para que Lozoya Austin compareciera por el caso Odebrecht, tuvo que expedirse una orden de aprehensión y, una vez ejecutada en España, pasaron siete meses antes de lograr la extradición del ex director general de PEMEX.
“Cuando ejecutaron la orden de aprehensión ya estábamos en diálogos con la Fiscalía General de la República para el criterio de oportunidad”, explicó Lozoya Austin, quien reiteró, como señaló en la denuncia que presentó, él fue parte de un aparato de sobornos organizado desde autoridades del Estado mexicano y que no dejará de aportar elementos para dar con los responsables.
“Esas narrativas de que ‘se fugó’ sirven para que me carguen a mí las culpas de otras personas que realmente se beneficiaron de esos delitos […] No me arrepiento de haber hablado con la verdad y de haber expuesto estos hechos, de trato privilegiado pregúntenle a m madre […] queremos no sólo resolver un problema nuestro como familia sino queremos que se alcance la justicia”, enfatizó el ex titular de PEMEX.
LOZOYA ESTÁ MUY TRANQUILO, CONFIADO QUE CUMPLIREMOS EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ABOGADO
Al salir de la audiencia, el abogado Miguel Ontiveros Alonso adelantó que impugnarían la resolución para retirar la prisión preventiva a su cliente. Asimismo, aclaró que Lozoya Austin se encuentra “de muy buen ánimo” y recordó que éste mantiene su colaboración con la FGR.
“El juez tomó las informaciones de la Fiscalía, en el sentido de que no ha garantizado aún la reparación del daño, por lo que procedía a cambiar la medida cautelar hacía prisión preventiva justificada, el señor Lozoya y su familia están tranquilos a sabiendas de que estamos cooperando, con las autoridades del Estado mexicano”, señaló el litigante.
Ontiveros Alonso destacó que se había estado cooperando con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Poder Judicial de la Federación (PJF), y también en armonía con las pretensiones de “prevención de la corrupción” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Y así vamos a continuar, para lograr la suspensión en el ejercicio de la acción penal que puede ser en cualquier momento y entonces que quede en libertad, sujeto que ratifique su denuncia, ante el tribunal”, dijo el abogado, quien también confirmó que presentará un recurso de apelación contra esta determinación del juez de control, ya que es un derecho al que tiene acceso la defensa.
“Desde diversos ámbitos hemos promovido amparos y en este caso también promoveremos algún recurso, pero estamos ciertos de que la vía es el acuerdo, con la Fiscalía General de la República, él ratificará ante un tribunal su denuncia”, agregó el litigante.
“Y estamos absolutamente convencidos de que este es un paso, que va a acelerar la suspensión, del ejercicio de la acción penal y la extinción de la acción penal en contra de él y su familia”, previó Ontiveros Alonso, quien reconoció que la figura del criterio de oportunidad se va modificando, poco a poco, mediante tres pasos.
“El primer paso es aportar datos eficaces para los efectos de acreditar un delito mayor, ya se hizo y hay reacciones judiciales, hay vinculaciones, hay situaciones judiciales, lo segundo es comprometerse, ya se hizo, va a ratificar su denuncia, cuando sea requerido por un tribunal, y la tercera es la garantía de la reparación del daño”, detalló el abogado.
El defensor de Lozoya Austin destacó que para lograr la reparación del daño, su equipo se reuniría con la representación de PEMEX. Además, dijo que en el ámbito de una persona que había respetado las medidas impuestas, se reportaba por firma electrónica, ahora sería presencial, también portaba un brazalete electrónico, y nunca violó de ninguna manera la zona geográfica que se le determinó.
“En eso nos vamos a enfocar en los próximos días, nos vamos a reunir con Pemex, hoy mismo ofrecimos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y ante la Fiscalía General de la República, una propuesta de reparación del daño, nos reuniremos, en los próximos días si ellos lo consideran pertinente, para que el Criterio de Oportunidad proceda en sus términos”, adelantó el abogado.
“Pero respetamos al Poder Judicial, la decisión del juez, respetamos la postura de la Fiscalía General de la República, y muy pronto estaremos nuevamente con ellos trabajando, en el marco del criterio, para proceder con la parte que nos falta para garantizar la reparación del daño”, abundó Ontiveros Alonso.
Respecto a la polémica que se derivó tras la publicación en redes sociales de fotografías de su cliente en el restaurante Hunan, de la zona de Lomas de Chapultepec, el abogado reconoció que fue uno de los argumentos de quienes acusan, que señalaron que ese tipo de acciones son reprochables, mismas que el juzgador minimizo.
“El juez señaló que no hay ninguna restricción para el libre desarrollo de la personalidad, del señor Lozoya Austin, [dijo] ¿puede desayunar, comer y cenar donde quiera, eso no lo voy a tomar en cuenta’ y no lo consideró”, narró el litigante.
Por otra parte, Ontiveros Alonso se refirió al proceso de la señora Gilda Margarita Austin y Solís, de 73 años de edad, madre del ex director general de PEMEX. Aunado a lo anterior, afirmó que su cliente no corría ningún riesgo al permanecer en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
“Esperamos que también se vea beneficiada, como coautora en el criterio de oportunidad, esa es la solicitud que hizo desde España, el señor Lozoya Austin y que eso también hará que se cancelen las órdenes de aprehensión”, destacó el abogado defensor.
“Estamos también seguros que lo vamos a lograr porque confiamos en el sistema de justicia, lo dijimos ahora, confiamos en la Fiscalía, confiamos en las juezas y los Jueces y también confiamos que se aprecia la voluntad de un testigo que denuncia la existencia de un poder organizado corruptor del pasado y que a muchos no les gusta eso, pero vamos a continuar en eso”, insistió Ontiveros Alonso.
“Son circunstancias que no se van a dar porque confiamos también en las autoridades penitenciarias, quienes regulan el interior, no hay ningún riesgo desde mi punto de vista, de cualquier manera ahora están encargadas las instituciones del resguardo del señor Lozoya Austin”, señaló el abogado.
“Está muy tranquilo [Lozoya Austin], está muy confiado, entró con mucho respeto, asumimos la decisión y ahora mismo nos pondremos a trabajar, en la reparación del daño”, agregó el litigante, que se retiró del lugar con la madre del ex director general de PEMEX, quien continuará en prisión domiciliaria.
Luego, a través de un comunicado, el litigante explicó que el ex director general de PEMEX se encontraba apegado a un criterio de oportunidad, “el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la Presidencia de la República”.
UIF CELEBRA LA PRISIÓN PREVENTIVA QUE JUEZ LE DICTÓ A LOZOYA
Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), celebró la decisión de la FGR de solicitar la prisión preventiva en contra del ex director general de PEMEX, quien es acusado de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Felicito a la @FGRMexico por la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio L y su prisión preventiva. Agradezco al equipo #UIF el compromiso institucional de analizar hasta la última transferencia ilícita y la colaboración que se brindó en todo momento a la Fiscalía”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social Twitter.
JUEZ DICTA PRISIÓN PREVENTIVA A EMILIO LOZOYA; SE QUEDA EN EL RECLUSORIO NORTE
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó, alrededor de las 15:30 horas del 3 de noviembre del 2021, tras más de ocho horas de audiencia y a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Ello por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, todos derivados del caso Odebrecht. La FGR acusó ante el juez federal la actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad, por parte del ex director general de la empresa paraestatal.
Al resolver la solicitud del Ministerio Público de la Federación, el juez Zúñiga Mendoza explicó que desde un inicio de este proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de Lozoya Austin, sin embargo, no la había podido imponer porque no había sido solicitada por la FGR.
El juez federal también basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse al ex director general de PEMEX: la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, por los que pudiera ser condenado de 12 a 35 años de prisión.
“Las fotos del ex funcionario comiendo en lujoso restaurante no son materia de prueba para determinarla prisión preventiva justificada, sino una red de ayuda y 2 millones de euros”, señaló Zúñiga Mendoza, según la versión de algunos medios que estuvieron presentes en la audiencia.
El ex director general de PEMEX fue detenido por agentes de la Guardia Nacional al término de la audiencia judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. El juez federal ordenó que Lozoya Austin sea encarcelado en el mismo centro penitenciario y ordenó medidas de seguridad especiales, ya que dentro de dicha cárcel también hay personas denunciadas por él.
La FGR solicitó la modificación de la medida cautelar para Lozoya Austin y pidió al juez prisión preventiva justificada, ya que, según argumentó, las condiciones desde que se le concedió el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa, así como la firma periódica, han variado.
El agente del Ministerio Público de la Federación también argumentó que Lozoya Austin cuenta con al menos 2 millones de euros para poder sustraerse de la justicia y esconderse en algún otro país como Alemania, donde reside su esposa, Marielle Helene Eckes.
Asimismo, la FGR argumentó que el 8 de noviembre se abriría la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales, y a pesar de que se le ha retirado el pasaporte y visa, el ex director general de PEMEX cuenta con los contactos para poder tramitar documentos con otros nombres.
La FGR acusaba a Lozoya Austin de haber usado su petición de criterio de oportunidad, con la cual evadió la prisión, para obstaculizar el proceso en su contra. “No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable”, señaló la Fiscalía ante el juez federal.
A esta petición se sumaron la empresa paraestatal PEMEX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, confirmó esta solicitud en su cuenta de la red social Twitter.
La Unidad de Inteligencia Financiera añadió que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya Austin, que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, ante el potencial riesgo de fuga, se unió a la petición de prisión preventiva justificada, por parte de la FGR.
“Su comportamiento es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas”, dijo Antonio López García, representante de la UIF.
Ello “porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles, pueden obtener unas medidas cautelares y otras no, él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando”, señaló el funcionario federal ante el juez de control.
Por su parte, el fiscal federal aseguró que la pena de prisión para Lozoya Austin, que va de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, es un incentivo suficiente para justificar la prisión preventiva.
Manuel Granados Quiroz, representante de la Fiscalía General de la República, agregó que su cena en el restaurante Hunan con empresarios, es una muestra de las redes de ayuda que podrían auxiliarlo para salir de México, además de que personalmente cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.
La FGR acusó que Lozoya Austin no había hecho el mínimo intento, ni había sostenido pláticas para pagar una reparación del daño al erario público de 7 millones 385 mil dólares, un requisito indispensable para que dicha institución de procuración de justicia pudiera negociar un criterio de oportunidad, que permitiera al ex director general de PEMEX la inmunidad penal.
“Su actitud ha sido evasiva, grosera […] no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, detalló Granados Quiroz ante el juez federal.
Sin embargo, durante su intervención, el ex director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, aseguró que no tiene responsabilidad en los delitos de los que se le acusa, pero se comprometió a buscar un acuerdo para la reparación del daño.
“El Consejo de la Judicatura dice que el ex director de PEMEX pidió la voz durante esta audiencia, refirió ser inocente y que está buscando llegar a un acuerdo reparatorio, aunque dice no ha tenido responsabilidad”, señaló el CJF en un breve comunicado.
El ex funcionario federal ofreció dos casas a la empresa paraestatal para enmendar el daño. Sin especificar cuáles domicilios son, Lozoya Austin indicó que eran propiedad de su familia y proporcionó copias simples de las escrituras a las autoridades
Antes, el citado juez de control concedió al ex director general de PEMEX, una prórroga de 30 días más, hasta el próximo 3 de diciembre del presente año, para cerrar la investigación complementaria del proceso contra el ex funcionario federal por el caso Odebrecht, con la finalidad de reunir pruebas en su descargo, argumentando que está pendiente la respuesta de Brasil a una solicitud de asistencia jurídica.
“El Juez autoriza un mes, feneciendo el 3 de diciembre. Sustenta lo anterior en los derechos a la defensa y debido proceso. Asimismo, insta a la Fiscalía a que agote los medios para obtener ese dato de investigación (Convenio No. 5)”, según informó el Poder Judicial de la Federación (PJF) en una tarjeta informativa.
El ex director general de PEMEX llegó, un poco después de las 9:00 horas de ese día para una audiencia presidida por el citado juez federal. Lozoya Austin arribó al lugar acompañado de su equipo de abogados quienes solicitaron a Zúñiga Mendoza, una prórroga de 60 días más, misma a la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso el pasado 1 de noviembre.
El ex funcionario federal -que evitó dar declaraciones- arribó al exterior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la Ciudad de México, en una camioneta color negra y descendió de dicho vehículo para ingresar caminando al Centro de Justica Penal Federal, junto a sus asesores legales.
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, presidió una audiencia en la que hubo un debate entre la defensa del ex director general de PEMEX y la FGR, para resolver si concedía o no el diferimiento.
En el proceso del Caso Odebrecht, al ex director general de PEMEX le imputan recibir sobornos de 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de los contratos de la refinería de Tula.
La solicitud del ex funcionario federal era un requerimiento para saber si estaba vigente o fue revocado en forma definitiva el acuerdo de colaboración suscrito por la Procuraduría de Brasil con Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, y testigo protegido que señaló a Lozoya Austin de recibir sobornos de la constructora brasileña.
El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte notificó a la FGR la solicitud de prórroga del ex director general de PEMEX y de inmediato la institución de procuración de justicia se opuso, pidiendo, por el contrario, que fuera cerrada la investigación complementaria, porque estimó que no había actos de investigación pendientes de practicar.
Asimismo, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se unieron a la pretensión de la FGR de que fuera declara cerrada la etapa de investigación complementaria del caso Odebrecht.
A pesar de que la investigación complementaria se amplió únicamente 30 días más, de facto el plazo de investigación complementaria finalizará a inicios de 2022, debido a que se descontaron las dos semanas de asueto que tendría el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante diciembre.
El ex funcionario federal fue vinculado a proceso el 28 y 29 de julio de 2020. Lozoya Austin pidió ampliación por 6 meses para reunir sus datos de prueba para un eventual juicio. Mientras que en enero del 2021, el ex director general de PEMEX solicitó otros tres meses. Mientras que en abril de ese mismo año, requirió tres más; y, en julio, otros 30 días.
En agosto del 2021, Lozoya Austin pidió y le autorizaron una nueva prórroga de 3 meses, argumentando que necesitaba el tiempo para la traducción de documentos bancarios recibidos desde Alemania, Brasil y Belice, debido a que la FGR no tenía peritos traductores disponibles para dichos idiomas.
El 11 de octubre del 2021 la FGR confirmó que Lozoya Austin tenía hasta este próximo miércoles 3 de noviembre, para presentar sus pruebas en el proceso. “Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, dijo la institución de procuración de justicia en un comunicado.
FGR “SE ESTÁ TARDANDO” EN CASO LOZOYA, QUIEN “NO ES UNA BLANCA PALOMA”, DICE AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó, el 21 de octubre del 2021, que existiera n pacto de impunidad en el caso de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), además de que refrendó su confianza hacia Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos que lleva, aunque reconoció “se está tardando” en investigar y dar una resolución.
Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional descartó que fuera a tratar el tema en sus reuniones con el titular de la FGR o con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al final Gertz Manero. Yo no hablo de estos asuntos con el fiscal ni con el presidente de la Corte, no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias”, destacó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Sí hablo con el presidente de la Corte y con Gertz Manero, a quien considero un hombre recto e íntegro, de asuntos que considero fundamentales como el Caso Ayotzinapa, de eso sí hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió”, expresó el político tabasqueño.
López Obrador aclaró que el ex director general de PEMEX se encontraba, según el mandatario nacional, acogido al criterio de oportunidad, “entonces se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción, que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”.
“No hay [un pacto de impunidad], lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada, y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco que consiste en que haya testigos protegidos”, agregó el mandatario nacional.
“Y aquí se le llama el criterio de oportunidad, entonces se pueden acoger a eso, a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Él [Lozoya Austin] se declara culpable, él dice yo repartí dinero a legisladores para que votaran por la reforma energética y la fiscalía lo acepta como testigo protegido, le otorga un criterio de oportunidad, entonces le da esta posibilidad de no ir a la cárcel”, dijo el mandatario nacional.
“Y le da [la FGR] este brazalete para que esté dando información sobre legisladores de partidos. Es realmente un caso muy vergonzoso de corrupción mundial, porque, ¿en qué país se compra a legisladores para aprobar una reforma”, cuestionó el político tabasqueño.
“No le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad, a veces la justicia tarda pero llega, entonces tengo confianza en que si están tardando, no debería ser así, pero entiendo que deban tomar declaraciones, los abogados”, señaló el presidente de la República.
“Imagínense los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros, entonces están defendiendo, y no sólo es la defensa jurídica, sino los medios”, quienes, según el mandatario nacional, le dieron “vuelo” a la foto del ex director general de PEMEX cenando en el restaurante Hunan, para restar credibilidad al testigo y al caso, por quienes se vieron afectados. “Yo no lo estoy defendiendo, porque no es una blanca paloma”, agregó.
EMILIO LOZOYA AÚN SE ENCUENTRA BAJO PROCESO PENAL, AFIRMA LA FGR
El 11 de octubre del 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), continúa enfrentando sus procesos penales y que el plazo que tenía para aportar pruebas para su defensa vencía el 3 de noviembre de ese mismo año.
La institución -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- indicó que los procesos contra el acusado, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y de quienes recibieron los sobornos que él supuestamente entregó, “continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente” el 6 de enero del 2021.
“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la FGR, que hizo una recapitulación del caso y señaló que desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin que hubiera ningún avance.
La institución mencionó que fue hasta 2019, que la nueva FGR investigó el caso, que fue ratificado por PEMEX, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Lozoya Austin era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país.
La FGR recordó que, durante más de un año, investigó dicha fuga, junto con las áreas de Interpol, hasta que fue localizado en España, donde perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la Fiscalía General de la República. En dichas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad “para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos”, para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización.
Presentando la denuncia correspondiente el 11 de agosto del 2020, y habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar “a un primer grupo de legisladores” -el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, así como Ricardo Anaya Cortés- “que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.
Aproximadamente a las 20:00 horas del 9 de octubre del 2021, la periodista Lourdes Mendoza publicó en su cuenta de la red social Twitter, una serie de fotografías de Lozoya Austin, cenando con otro grupo de personas en un lujoso restaurante.
La también columnista del diario El Financiero acusó que interpuso una demanda ante la FGR por daño moral contra el ex director general de PEMEX, la cual el funcionario federal no ha atendido aludiendo que cuenta con “arresto domiciliario”.
Dos jueces de control vincularon a proceso a Lozoya Austin por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados; y por el caso Odebrecht se le vinculó a proceso por el citado delito, así como por asociación delictuosa y cohecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) alegó que la compra provocó un daño a PEMEX por casi 8 mil millones de pesos, porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones. No obstante, en ambos casos, Lozoya Austin se declaró inocente y dijo que renunció al juicio de extradición, tras ser detenido en España, para que se aclarara su situación y demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan.
Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México vinculó a proceso a Lozoya Austin señalando como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.
Tras ser vinculado a proceso, Lozoya Austin interpuso una denuncia en la FGR que alcanzó a ex presidentes de México y a cuatro ex secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, que presuntamente recibieron sobornos y se beneficiaron con favores.
