Paraguay ha llevado a cabo la mayor operación de su historia contra el tráfico de cocaína y el lavado de dinero, desatando un escándalo que obligó a la renuncia de varios políticos, en medio de una creciente alarma internacional sobre el papel crucial del país en el tráfico transatlántico de cocaína.
Antilavadodedinero / InSightCrime
La operación A Ultranza PY comenzó el 22 de febrero y estaba dirigida a una red criminal relacionada con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, lo cual incluye 11 toneladas incautadas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y 4,7 toneladas en Paraguay.
La operación dio por concluida una investigación de 27 meses de duración, en la que participaron la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Europol, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Fiscalía General del Estado (de Paraguay) y el Ministerio del Interior de Uruguay.
Durante la primera semana de la operación, las autoridades paraguayas realizaron más de 40 allanamientos a propiedades presuntamente utilizadas para la logística de tráfico y lavado de dinero, con el fin de ejecutar un centenar de órdenes de allanamiento e incautación y 43 órdenes de captura.
Hasta la fecha, se han incautado bienes por un valor de más de US$100 millones y se han detenido 24 personas acusadas de delitos como narcotráfico, asociación para delinquir y lavado de dinero, de las cuales siete han sido detenidas.
En una conferencia de prensa, las autoridades paraguayas señalaron que la red tenía un sofisticado sistema para transportar cocaína de Bolivia a Paraguay y luego a Argentina y Uruguay, desde donde se enviaba a Europa. La droga salía inicialmente de Bolivia en vuelos clandestinos, los cuales aterrizaban en pistas ubicadas en la reserva natural Cabrera-Timane en el norte de Paraguay.
Luego era trasladada a fincas en el departamento de Presidente Hayes, y transportada en camiones hasta propiedades pertenecientes a la red en el departamento Central, donde era almacenada hasta el momento de su despacho.
La cocaína era enviada a Europa en contenedores pertenecientes a empresas fachada, que partían desde el puerto fluvial de Villeta, al sur de la capital, Asunción. Los cargamentos navegaban por el río Paraná hasta llegar al Atlántico, pasando por Argentina y Uruguay.
Las ganancias eran enviadas de nuevo al país mediante el sistema Token, el cual utiliza un código de identificación para realizar transferencias internacionales seguras, y eran pasadas a través de cuentas en varios países con el fin de ocultar el origen de los fondos. Luego eran lavadas mediante diversos negocios en Paraguay, entre ellos torneos de artes marciales de alto nivel, propiedades de lujo e incluso iglesias.
Escándalo entre las élites paraguayas
Según Telefuturo, la Fiscalía General del Estado de Paraguay ha identificado tres ramas principales de la red, todas las cuales tienen vínculos con figuras de sectores rivales del partido de gobierno, el Partido Colorado de Paraguay.
La dirección de la red estaba presuntamente encabezada por Sebastián Marset Cabrera, un músico, promotor de conciertos y futbolista uruguayo de 30 años. Los fiscales afirman que Marset era responsable de facilitar los contactos entre los proveedores de cocaína bolivianos y los grupos narcotraficantes paraguayos e internacionales.
En 2013, Marset fue enviado a prisión durante cinco años en Uruguay, después de confesar que él era el destinatario de 450 kilogramos de marihuana que fueron incautados en 2012 en un avión piloteado por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Tras su liberación, Marset salió de Uruguay y viajó por Centroamérica, Paraguay y Bolivia, donde los investigadores creen que estableció relaciones con organizaciones internacionales de narcotráfico. En septiembre de 2021, fue detenido por portar un pasaporte paraguayo falso en Dubái, donde actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.
La logística de la red estaba presuntamente encabezada por Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien coordinaba el transporte, almacenamiento y despacho de cocaína en Paraguay. Para ello, trabajaba con otros miembros de la familia Insfrán, entre ellos José Insfrán, fundador y autoproclamado pastor del Centro de Avivamiento, iglesia que presuntamente era utilizada para lavar las ganancias de la droga. Tanto Miguel Ángel como José continúan prófugos.
José Insfrán fue precandidato a la gobernación de Canindeyú y ha sido fotografiado en eventos junto a políticos de alto nivel, como el congresista Juan Carlos Ozorio, quien asistía regularmente a su iglesia, como señala ABC. Ozorio fue arrestado el 2 de marzo de este año, después de que el periodista Alfredo Guachiré publicara grabaciones en las que al parecer hablaba con Óscar Agustín Sanabria, un líder de la pandilla brasileña Comando Vermelho, quien fue detenido por la SENAD en otro caso de narcotráfico en abril de 2021.
Ozorio admitió que era cercano a José Insfrán, pero negó que tuviera una relación comercial con él, o que hubiera tenido una conversación con Sanabria.
El oficialismo del Congreso de Paraguay también ha exigido la renuncia del congresista Erico Galeano Segovia, pues su nombre estaba inscrito en los billetes que fueron encontrados durante el allanamiento de una propiedad vinculada al clan Insfrán. Los abogados de Galeano afirman que él vendió dicha propiedad en 2018 y que no tiene conexiones con sus propietarios actuales.
Para transportar la droga, el clan Insfrán presuntamente contrató a Job Von Zastrow, un piloto y coronel retirado del ejército que fue detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay, donde además fueron incautados nueve aviones. La hija de Von Zastrow es pareja del senador Sergio Godoy, quien negó que tuviera conocimiento de la organización criminal.
La rama de lavado de dinero de la red estaba presuntamente encabezada por Alberto Koube, quien fue detenido durante los allanamientos en Asunción. Koube y su familia poseen varias compañías, entre ellas Tapiracuai S.A. y Total Cars. Estas dos empresas fueron beneficiarias de contratos estatales por al menos US$850.000, en su mayoría con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El ministro de la SEN, Joaquín Roa, fue destituido el 24 de febrero, después de que se revelara que era el propietario de un yate de US$4 millones comprado a Koube y que fue confiscado durante la operación. En una entrevista con Monumental 1080 AM, Roa admitió que le había comprado el yate a Koube y que había hecho contratos con Tapiracuai S.A., pero dijo que nunca imaginó que Koube estuviera involucrado en tráfico de estupefacientes.
¿Por qué ahora?
La Operación A Ultranza PY se produce en un momento en que Paraguay todavía siente los resultados de la Operación Turf, una gran investigación internacional realizada en febrero de 2022, que también reveló conexiones entre las élites paraguayas y una red de tráfico de cocaína a través de Paraguay y Brasil. Si bien los vínculos entre política y narcotráfico en Paraguay no son precisamente nuevos, el alcance de las revelaciones en estas dos operaciones no tiene precedentes.
José Amarilla, consultor en temas de seguridad en Paraguay, explicó a InSight Crime que hay dos posibles razones por las que las autoridades están realizando acciones contra estas poderosas redes de narcotráfico y sus conexiones políticas.
La primera es la enorme presión sobre Paraguay por parte de agencias extranjeras como la DEA y Europol. Carlos Peris, politólogo y experto en narcotráfico de la Universidad Católica de Asunción, señala que las investigaciones fueron impulsadas por la creciente preocupación en Europa debido al fuerte aumento de la cocaína proveniente de Paraguay, como la histórica incautación de 23 toneladas en Alemania y Bélgica en febrero de 2021.
En segundo lugar, las investigaciones quizá se vieron impulsadas por la confrontación política entre el actual presidente, Mario Abdo Benítez, y el expresidente Horacio Cartes por el control del Partido Colorado. Ambos han utilizado su influencia política en otras ocasiones para dejar en evidencia las conexiones de sus adversarios con actividades ilícitas, con el fin de obtener ventajas políticas.
Peris agrega que, aunque Cartes ha sido señalado durante mucho tiempo de vínculos con contrabando de tabaco, tráfico de drogas y redes de lavado de dinero, el tema se ha sobrecargado por la campaña previa a las elecciones del próximo año.
En enero de 2022, Cartes fue objeto de denuncias formales por el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y falso testimonio. Un mes después, Giuzzio fue destituido tras admitir que había hecho contratos con el Estado y que le había alquilado un vehículo a Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien ha sido acusado de narcotráfico y fue arrestado durante la Operación Turf.
Giuzzo insistió en que en ese entonces no tenía ninguna razón para creer que Espíndola estaba involucrado en actividades ilícitas. La operación también reveló vínculos entre narcotraficantes brasileños y la empresa tabacalera de la familia Cartes, Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).
Amarilla y Peris creen que, aunque estas operaciones pueden generar una interrupción temporal en las exportaciones de cocaína a Europa, el tráfico de drogas a través del país se recuperará.
“Sin duda, [la operación] está teniendo un impacto significativo que provocará una reducción a corto plazo [en los flujos de cocaína]”, afirma Amarilla. “Es como cuando se instalan cámaras en la zona roja de una ciudad; durante un tiempo, las cifras de criminalidad caen a casi cero, pero más adelante, y creo que será relativamente pronto, la dinámica regresa o incluso aumenta”.
Ambos hicieron eco de la opinión expresada por el nuevo ministro del Interior, Federico González: las operaciones A Ultranza y Turf solo han llegado a los “mandos medios” de las redes de narcotráfico de Paraguay, pero los cerebros y financistas detrás de dichas redes continúan en libertad.
