Dos exfiscales venezolanos de alto rango han sido acusados de lavado de dinero por recibir sobornos a cambio de aceptar no presentar cargos penales contra ciertas personas en Venezuela.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según la acusación formal, Daniel D’Andrea Golindano (D’Andrea), de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel (Sánchez), de 35, ambos de Venezuela, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones monetarias en bienes derivados delictivos.
La acusación formal alega que, en o alrededor de 2017, D’Andrea y Sánchez, en sus roles oficiales como fiscales dentro de la Oficina del Fiscal General de Venezuela, estaban investigando a un individuo, identificado como el Contratista 1 en la acusación formal, por presunta corrupción relacionada con contratos obtenidos con subsidiarias de la petrolera estatal venezolana (PDVSA). D’Andrea y Sánchez discutieron y acordaron recibir sobornos de más de $1 millón a cambio de no presentar cargos penales contra el Contratista 1 y otros.
De acuerdo con la acusación formal, D’Andrea hizo que un cómplice creara facturas falsas solicitando el pago, supuestamente por equipo de diagnóstico médico, del Contratista 1. En o alrededor de 2017, el Contratista 1 hizo el pago de más de $1 millón de dólares a una cuenta en el Distrito Sur de Florida a beneficio de D’Andrea y Sanchez. Como resultado de este pago, D’Andrea y Sánchez hicieron que la Fiscalía General de Venezuela no presentara cargos penales contra el Contratista 1 y otros. D’Andrea y Sanchez usaron las ganancias de estos sobornos para su beneficio personal.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Los acusados están en Venezuela y siguen prófugos.
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami hicieron el anuncio.
Están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Michael N. Berger de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
La Sección de Fraude tiene la responsabilidad principal de investigar y procesar todos los asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
