La Cámara Federal rechazó por segunda vez excarcelar a Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en 2016 y que, se sospecha, fue una pieza clave en el sistema de recaudación que reflejaron los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Precisamente, Pochetti y un grupo de personas de su entorno están acusados de haber sacado el dinero al exterior, armar empresas y comprar inmuebles en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares, que luego fueron vendidos para evitar ser descubiertos.
Según el fallo, la Cámara Federal advirtió que la libertad de Pochetti «podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de pruebas». E incluso advirtió que como la totalidad del dinero aún no se ha logrado ubicar e incautar, la viuda podría tener «a su disposición la posibilidad de extraer del ámbito jurisdiccional los bienes producto del ilícito».
No obstante, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi volvieron a urgir al juez Claudio Bonadio a que «inste todos los medios necesarios para arribar a un pronto pronunciamiento sobre la situación procesal de Pochetti y del resto de los implicados en el capítulo del lavado de dinero».
En esa lista están los arrepentidos Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco, Carlos Temístocles Cortez y el matrimonio de Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez, pero también el ex ministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo y su sobrino, Gastón Campillo.
Juan Manuel Campillo declaró como arrepentido en diciembre pasado ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, pero hasta ahora Bonadio no homologó el acuerdo. Hasta tanto ese acuerdo no quede homologado, toda la información de lo que dijo queda guardada bajo siete llaves. Si no se homologa, no se puede usar.
La viuda de Muñoz
Carolina Pochetti está presa desde el 24 de octubre cuando se entregó en Comodoro Py un par de días después de saber que la estaban buscando. En el allanamiento a su casa, encontraron computadoras y teléfonos rotos. En su indagatoria, la mujer lloró, dijo que el jefe de su marido era Néstor Kirchner y que cuando aparecían en la prensa las noticias que ponían en duda su actividad, su marido le decía: «No te metas, no preguntes, son cosas de la política para embarrarlo».
Sin embargo, los investigadores creen que la mujer cumplía un rol activo en el control del dinero que pasó por manos de su marido, la convocatoria a distintos tesfaferros y el intento de vender las sociedades una vez que el kirchnerismo dejó el poder y explotó el escándalo de los Panama Papers, donde apareció el nombre de Daniel Muñoz.
Pochetti ya había pedido su excarcelación en noviembre pasado. Entonces, tenía otro abogado, Miguel Plo, quien quedó en el foco de los investigadores porque habría formado parte de la venta de esas propiedades. En su momento, la Sala I de la Cámara Federal le dijo a la defensa que no correspondía liberarla por el tipo de delitos que pesan sobre ella (asociación ilícita y lavado de dinero) y por la existencia de «peligros procesales» que hacen pensar que la imputada «intentaría eludir el accionar de la Justicia o entorpecer de algún modo la investigación que se viene llevando a cabo».
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Ahora, con un nuevo abogado defensor, Pochetti insistió en pedir la excarcelación. «No han variado las circunstancias del hecho allí ponderadas ni el recurrente ha aportado elementos novedosos que, eventualmente, habilitarían a apartarse de lo allí decidido», sostuvieron los jueces en el fallo.
Además, Bruglia y Bertuzzi recordaron que «el presente proceso (el cual se halla en plena sustanciación y se caracteriza por una compleja investigación cuyo alcance no puede aún limitarse) todavía se encuentra en una etapa trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de la prueba, lo cual provoca la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esa tarea».
El fallo añadió que la propia investigación y la acusación de haber sacado del país más de 70 millones de dólares «acreditan la necesidad de mantener la medida restrictiva de la libertad decretada» sobre Pochetti, «teniendo en consideración que las maniobras de lavado de activos revisten una extrema dificultad para lograr identificar y recuperar las sumas dinerarias involucradas».
Por último, la Cámara destacó que «algunos imputados ya se han acogido» a la figura del imputado-colaborador, «pudiendo desprenderse de sus aportes la necesidad de llevar a cabo diligencias vitales para la investigación».
«En suma, en dichos argumentos a los que hicimos referencia oportunamente, todos los cuales no se han modificado, entendemos que la libertad de la imputada podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de pruebas, verificándose un riesgo procesal suficiente que no puede contrarrestarse por otros medios menos lesivos y que, por el momento, justifica mantener la detención oportunamente dispuesta», se completó.
ALD/infobae
