El ex Contralor General de Ecuador hizo su aparición inicial hoy en Miami, Florida, por presuntamente participar en un esquema para usar el sistema financiero de los EE. UU. para lavar dinero para promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según la acusación del 24 de marzo revelada hoy, entre aproximadamente 2010 y 2016, Carlos Ramon Polit Faggioni (Polit), presuntamente solicitó y recibió más de $10 millones en pagos de sobornos de Odebrecht SA, el conglomerado de construcción con sede en Brasil, a cambio de utilizar su como Contralor General del Ecuador para influir en las acciones oficiales de la Contraloría en beneficio de Odebrecht y sus negocios en el Ecuador. Además, se alega que Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano alrededor de 2015 a cambio de ayudar al empresario y su empresa en relación con ciertos contratos de la compañía de seguros estatal de Ecuador.
La acusación formal alega que, desde 2010 o alrededor de esa fecha y continuando hasta al menos 2017, bajo la dirección de Polit, otro miembro de la conspiración hizo que las ganancias del plan de soborno de Polit «desaparecieran» mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados, a menudo sin el conocimiento de los asociados. Los conspiradores también usaron fondos del esquema de soborno de Polit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de la Florida y en otros lugares y para comprar restaurantes, una tintorería y otros negocios.
Odebrecht SA se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.
Polit está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami hicieron el anuncio.
La oficina local de HSI en Miami está investigando el caso.
Están a cargo de la acusación en el caso los abogados litigantes Jill Simon y Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Michael N. Berger de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. El fiscal federal adjunto Peter Laserna está manejando la confiscación de activos.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó asistencia sustancial. El Departamento de Justicia también desea agradecer a las autoridades policiales de Ecuador, Brasil, Panamá y Curazao por su ayuda con la investigación.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar los asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
