Los implicados en el Caso Gürtel

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha acordado que se cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa.En un auto notificado hoy, el juez considera que se la debe citar, tal y como pidió la acusación ejercida por el PSOE, para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación y que se refieren a la prohibición que habría efectuado a Alberto López Viejo (ex consejero regional imputado en la causa) de contratar con Easy Concept.La Fiscalía se opuso a ello, pero el juez considera que, «sin perjuicio de compartirse con el ministerio fiscal que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la señora Aguirre en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid», su declaración resulta «necesaria, útil e idónea».Ello porque, prosigue en el auto, «se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre de prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept».El juez da a Aguirre la opción de declarar por escrito, dado que los hechos investigados se produjeron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque también puede acudir en persona a la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim, cosa que deberá notificar en los próximos días.Ruz sostiene que López Viejo, exviceconsejero de Presidencia, habría recibido «cuantiosos pagos» del entorno de Correa «como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid».El también exconsejero de Deportes -imputado de prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal- habría conocido las prácticas que se hacían en el gobierno regional para fraccionar los contratos y amañar concursos con la concurrencia de diferencias empresas vinculadas todas a Correa, a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento.El juez sostiene que López Viejo intermedió para contratar «no de forma directa con sociedades vinculadas a la organización de Francisco Correa, sino a través de sociedades pantalla o velo, para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios».Indica que «todos los testigos que han declarado sobre los hechos a los que afectaría la diligencia solicitada han coincidido en atribuir fundamentalmente a López Viejo la selección indiciariamente irregular de las empresas y el seguimiento de su pago».El magistrado recuerda que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constata la existencia en Madrid «de un operativo de contratación pública llevado a cabo por diferentes entidades y consejerías que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia».Según el informe, la Comunidad llegó a fraccionar 104 contratos de hasta 12.000 euros, por un total de 3,1 millones, para evitar su publicidad, y luego las empresas de Correa emitían facturas por importe inferior al dinero que recibían del gobierno regional, cuya diferencia «era el beneficio que se obtenía por sus servicios de intermediación».El juez considera que no se puede posponer la citación de Aguirre puesto que la instrucción de Gürtel se encuentra en su «fase final», y ahora la expresidenta tendrá que comunicar al juzgado si declarará por escrito o en persona, opción se dio a María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, quienes eligieron ir en persona a la Audiencia Nacional.
ElPaísEl juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar como testigos a tres cargos del área de limpieza del Ayuntamiento de Madrid en relación a un contrato supuestamente irregular de «gestión del servicio público de limpieza viaria en diez zonas de la ciudad».
En una providencia notificada hoy, el juez ha emplazado el 19 de noviembre a partir de las 10.00 horas a un total de cuatro testigos, tres de ellos del citado departamento del consistorio de la capital.
En concreto, tendrán que declarar el que fuera jefe del departamento de Limpieza Urbana entre 2002 y 2003, Amadeo Hernández García; el jefe de división de limpiezas del consistorio esos años, Luis Antonio Morales, y el jefe de la sección de limpieza en el mismo periodo, Abel Arias Rancaño.
Los tres tendrán que responder a preguntas sobre la tramitación del contrato «Gestión del servicio público de limpieza viaria en diez zonas de la ciudad de Madrid», investigado por su posible relación con la trama Gürtel.
Finalmente, ha citado a un cuarto testigo en relación con inversiones que habría realizado, a través de las entidades Freetown Comercio e Serviços e Itelsa Development Group Corp, junto con, entre otros, el líder de la trama mafiosa, Francisco Correa Sánchez.
El juez Ruz investiga dentro de Gürtel la concesión de adjudicaciones por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a empresas relacionadas con la trama, que supuestamente se dieron a cambio de comisiones.
Varias de ellas son del propio Ayuntamiento de Madrid, como es el caso del contrato por el que tomará declaración a los cuatro testigos o el de «Gestión del servicio público de limpieza viaria» en Moratalaz, dado cuando Alberto López Viejo ocupaba el cargo de concejal de Limpieza.
EFEEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha avalado la legalidad de todas las diligencias practicadas en el caso Gürtel (como pinchazos telefónicos y registros) porque no guardan relación con las escuchas nulas que ordenó el juez Baltasar Garzón y que le costaron una condena de 11 años de inhabilitación.En un auto en el que cierra la primera pieza del caso en vistas a terminar la instrucción, Ruz concluye que toda la investigación es legal, a pesar de que las defensas la consideran nula. Según las defensas, las diligencias de Gürtel estarían conectadas con las conversaciones grabadas en prisión entre los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados, declaradas ilícitas en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).El Tribunal Supremo condenó a Garzón por estos hechos a 11 años de inhabilitación en febrero de 2011, pero el juez Ruz afirma que la nulidad de esas escuchas no afecta a las diligencias practicadas antes y después de que, entre febrero y mayo de 2009, se produjeran las conversaciones pinchadas en prisión. Según el juez, carece de todo fundamento la pretensión de alguna de las partes de que sea declarada la nulidad de la totalidad de la instrucciónEsto es, sostiene el juez, porque no existe ninguna relación o «conexión de causalidad» entre las escuchas dictadas por Garzón y el resto de diligencias.El juez recoge una sola excepción y la nulidad sí afectaría a una diligencia en concreto: el registro en mayo de 2009 a las celdas de Correa y Crespo, que derivó directamente de las intervenciones telefónicas de Garzón.Argumentos y conclusiones Ruz recuerda que las grabaciones anuladas no se produjeron en el momento inicial de la investigación, sino en «un momento ulterior donde ya se habían acordado diligencias como intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios y otras derivadas».Por su falta de conexión y porque se remontan al inicio de la instrucción, indica que «carece de todo fundamento y sustento la pretensión de alguna de las partes de que sea declarada la nulidad de la totalidad de la instrucción» y tilda el debate al respecto de «estéril e innecesario».El pasado junio, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ya validó unas grabaciones de Gürtel, las que hizo el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas a Correa y que dieron origen al caso, después de que 10 imputados, entre ellos Luis Bárcenas, pidieran su nulidad por vulnerar el derecho a la intimidad.El auto de este lunes apunta también que el volcado de las grabaciones que no fueron anuladas (como la de Peñas con Correa) se hizo cumpliendo todas las garantías y que un informe pericial ordenado en su día por el TSJM avaló la falta de alteración o modificación de los archivos originales. Con este escrito, el juez valida así tanto las grabaciones no anuladas como también el resto de diligencias, entre ellas un registro en una empresa de la calle Serrano de Madrid en el que se requisó un «pendrive» con la contabilidad B de la trama.La corrupción, el soberanismo y los pliegues que este lleva incorporados sobresalen hoy en las portadas de la prensa de Barcelona y Madrid.El presidente del Senado, el dirigente del PP García-Escudero, y un diputado del mismo partido declararon ante el juez Ruz que durante muchos años cobraron un sobresueldo del partido de 4.200 y 1.800 euros al mes respectivamente. Son muchos ya los ejecutivos del partido en el Gobierno que han admitido la práctica de los sobres bajo mano que se descubrieron con los papeles de Bárcenas.Muchos y todos ellos aseguran que recibían esa compensación oculta por formar parte de la cúpula de la formación. Una situación que permite preguntarse que si un alto funcionario cobraba más de 4.000 euros por el simple hecho de serlo y si un cargo relevante como Cascos se llevaba más de 10.000, según admitió él mismo, ¿cuánto han cobrado, si es que lo han hecho, Aznar y Rajoy?En ello está el juez, que también quiere saber de dónde salía este dinero y quién y por qué ponía a disposición del partido tanto dinero de manera oculta. Con esta noticia abre El Mundo y la mayoría de medios lo destacan en la primera página. Pero no se queda aquí. El País asegura que la trama Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar en el 2002, unos 32.000 euros, en base a la amistad de Correa, el jefe de ese engendro corrupto, y Agag, el novio y a continuación yerno del entonces presidente del Gobierno. Una gota más en ese mar de basura en el que se está convirtiendo la política española. Pero todo el mundo se teme que lo peor aún está por venir.El País, 21-05-2013.En el ámbito soberanista, Ara titula: «Pròxim objectiu: un banc públic català». Según el rotativo, esta es el tercera prioridad del Govern después de la consulta y la Hacienda propia, y se realizaría a partir del Institut Català de Finances, para lo cual, dice, ya se está negociando con el Banco de España y el BCE. El Punt-Avui abre diciendo»Cap a la consulta», en base a la ley de consultas que el Parlament debe aprobar mañana. Como sendos flecos de ese frente catalán tan presente en la prensa española, La Vanguardia expone que Duran pide a Rajoy que retire la ley Wert y La Razón denuncia que «Mas pide a los médicos depurar las listas de espera para ahorrar».Este último diario, La Gaceta y Abc realizan un encendido homenaje en sus portadas a la Legión al destacar la muerte de tres artificieros durante unos ejercicios en Almería. EL PERIÓDICO, por su parte, abre con un barómetro municipal que desvela que CiU baja por sus acuerdos con el PP y los socialistas caen estrepitosamente. Por tanto, Trias resiste.PORTADAS DE LA PRENSAEl País: «La trama Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar»; «Mourinho se va, Florentino sigue»; «Hacienda recortará el salario de miles de funcionarios locales»; «Un diputado del PP admite que Bárcenas le dio 70.000 euros en efectivo»; «Ultimátum a 3.500 alumnos de la Complutense por morosos»; «Hezbolá se lanza a la batalla de Siria en defensa de El Asad».El Mundo: «Escudero y Nasarre admiten los sobresueldos y pagos en efectivo»; «Monago exige inversión en infraestructuras para ceder al déficit catalán»; «Registran dos casas de Munar tras confesar un colaborador que cobraron cuatro millones»; «Guindos usará 10.000 millones del Frob para recapitalizar a los bancos»; «Las diputaciones gestionarán casi 6.000 municipios sin disolver sus ayuntamientos».Abc: «Ignacio González: ‘No vale cambiar dinero por independencia'»; «Tres artificieros de la Legión mueren al manipular explosivos».La Razón: «Mas pide a los médicos ‘depurar’ las listas de espera para ahorrar»; «Héroes de la Legión. Fallecen tres expertos artificieros tras una explosión en su base de Viator (Almería)»; «Las juventudes del PSOE cometen faltas de ortografía en sus críticas de twiter a la ley Wert».La Gaceta: «Sin ases ni figuras. Baile de nombres para dirigir un PSOE con menos ideas que nunca»; «Mueren tres artificieros de la Legión en un accidente con explosivos»; «Pío García-Escudero y Nasarre reconocen sobresueldos»; «Es inconcebible hacer un test para saber si tu hijo es Down’. Entrevista con Luis Pineda».La Vanguardia: «Duran pide a Rajoy que retire la ley Wert»; «‘Deseamos suerte a Mourinho’. Florentino Pérez anuncia el relevo del entrenador tras una temporada en blanco»; «Guindos cree que el BCE ayuda a toda la eurozona»; «El presidente del Senado declara que el PP le pagó sobresueldos»; «Diez españoles, heridos al caer un globo en Turquía»; «El debate de las bodas gais debilita aún más a Cameron».EL PERIÓDICO: «Trias resiste. Los pactos con el PP castigan al alcalde pero la oposición se dispersa»; «Florentino se divorcia de ‘Mou»; «Hacienda amenaza con el ‘vaciado’ de municipios pequeños»; «El presidente del Senado cobraba un sobresueldo de 4.200 euros». «Construmat mira al exterior».Ara: «Pròxim objectiu: un banc públic català»; «Immersió flexible»; «El president del Senat admet que va cobrar sobresous»; «La policia escorcolla la casa de Munar, acusada de suborn»; «El Barça ja té la segona samarreta amb senyera».El Punt-Avui: «Cap a la consulta. El Parlament aprova demà la tramitació de la llei de consultes»; «De Guindos posterga la rebaixa de l’IRPF fins al 2015»; «Et trobarem a faltar. Florentino confirma que José Mourinho deixarà de ser l’entrenador del Madrid».ElPaísEl Partido Popular ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y a la Fiscalía de actuar de forma “arbitraria” y “premeditada” al tomar la decisión de apartar a la formación conservadora de la acusación popular en el caso Gürtel. Según el recurso directo de apelación que los populares han presentado ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, el auto por el que Ruz revocó la condición de acusador del PP es “carente de la más mínima motivación coherente y ajustada a derecho”.El partido considera que su expulsión es “injusta y jurídicamente inadmisible” y que le provoca una “indefensión absoluta”. “El auto refleja una decisión premeditada del magistrado instructor y de la Fiscalía, que se han aferrado a cualquier excusa, por muy débil que sea”, para apartar al PP de la causa.Tras el ataque contra Ruz y el fiscal, que el PP formula “con los debidos respetos y en términos de la más estricta y legítima defensa”, los abogados de la formación desgranan los argumentos que, a su entender, le facultan para seguir ejerciendo la acusación popular. El magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, apartó en primer lugar al PP de la acusación popular en el caso de los papeles de Bárcenas –la investigación sobre la contabilidad secreta del extesorero-, pieza separada del caso Gürtel. Y el pasado 26 de abril revocó la acusación del partido en la pieza principal en atención a la conexión jurídica entre ambas causas.MÁS INFORMACIÓN
El juez echa al PP como acusadora en Gürtel por apoyo a Bárcenas
Ruz y el fiscal investigan el fraude del PP por donativos ilegales
Ruz desestima la personación del PP en el caso de Bárcenas
Esta “conexidad” entre Gürtel y los papeles de Bárcenas fue la que permitió al juez Ruz quedarse con la instrucción de los papeles de Bárcenas en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, que había iniciado una investigación sobre la contabilidad a raíz de una querella de Izquierda Unida. El PP, que apoyó la jurisdicción de Ruz a toda costa, considera ahora que “el objeto de la pieza separada poco o nada tiene que ver con el de la causa principal” y que la propia fiscalía defendió esta idea antes de que se generara el conflicto de competencia. “Sencillamente es inaudito tratar de mantener dos criterios tan dispares en tan corto espacio de tiempo si no es con el solo fin de aferrarse a cualquier motivo o argumento para apartar al Partido Popular de la causa principal”.Los abogados del PP insisten en calificar de “burdas fotocopias manipuladas” los 14 folios con la contabilidad que los peritos calígrafos de la policía atribuyen sin duda a Bárcenas. También niegan los letrados que utilizaran su posición acusatoria para defender a imputados como el extesorero Luis Bárcenas o la esposa de este, Rosalía Iglesias, al pedir reiteradamente el sobreseimiento de la causa contra ellos. Para rebatir este argumento y certificar su “buena fe procesal”, el PP asegura que “apoyó” las medidas cautelares que impuso el juez Ruz a Bárcenas el pasado 25 de marzo y por las que se le impedía salir de España y comparecer cada 15 días en la Audiencia Nacional. En realidad, lo que hizo el PP fue “no oponerse” a tales medidas.El objetivo de la investigación era desentrañar una presunta red de corrupción en cual se encontraba vinculada la dirección nacional del Partido Popular en la época de José María Aznar y de otros personeros del gobierno con altos cargos en distintas comunidades autónomas que eran gobernadas por este partido. De acuerdo a las autoridades la red estaría encabezada por Francisco Correa y dos de sus hombres de confianza, Pedro Crespo y Antoine Sánchez. Presuntamente establecieron un conglomerado de negocios para obtener, en función de su beneficio personal, parte de los fondos de las entidades públicas, siendo afectados mayormente ayuntamientos y comunidades autónomas tales como Madrid y Valencia06 de febrero de 2009
La Audiencia Nacional, por orden del juez Baltasar Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción cuyos centros de operación se encontraban localizados en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de lavado de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Con los primeros involucrados comienzan a aparecer los vínculos de estos con el PP. Uno de los cinco detenidos es un empresario estrechamente relacionado al Ayuntamiento de Boadilladel Monte, Francisco Correa, quien es considerado el líder de la trama.

08 de febrero de 2009
Aparece en varios medios de comunicación los nombres de algunos miembros del PP que podrían estar implicados en la red, estos son: Arturo González Panero, Alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, Gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
09 de febrero de 2009
Ante la posibilidad de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, estos comienzan las denuncias de sus cargos. Una de las más sonadas sería la del Consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; igualmente renuncia a su puesto Guillermo Ortega y el Alcalde de Boadilla, a quien le tomó 24 horas presentar su dimisión.
Ese mismo día otra persona se suma a la lista de detenidos: Álvaro Pérez Alonso, quien es responsable de la empresa Orange Market, compañía que organizaba actos para el PP.
10 de febrero de 2009
Para este fecha ya suman 37 los imputados en la presunta trama.
El PP presenta una queja ante el juez de la Audiencia por la filtración de información a la prensa y 24 horas más tarde pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces Ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.
12 de febrero de 2009
El juez Garzón envía a prisión a tres de los detenidos en el caso: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez; bajo los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho.

Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso

19 de febrero de 2009
El presidente valenciano Francisco Camps se ve salpicado por la investigación luego de que varios medios de comunicación españoles publicaran que Camps recibió trajes valorados en 30.000 euros por favores a la trama. Éste responde a las acusaciones desmintiéndolas y defendiendo «20 años de vida pública al servicio del interés general».

20 de febrero de 2009
La trama en la Comunidad de Madrid suma a un nuevo imputado José Javier Nombela, Asesor del Presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid. Asimismo el Director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente, fue apartado de su cargo.
25 de febrero 2009
Con Garzón recién incorporado al trabajo luego de una crisis de ansiedad, el PP presenta una querella contra éste por prevaricación. Horas después, el magistrado suma a la lista de implicados al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Por su parte, Garzón desmiente las informaciones publicadas en la prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso

05 de marzo de 2009
Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra “aforados” el juez Garzón se inhibe del caso ‘Gürtel’ y cede la investigación a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez imputa a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (Presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (Secretario General del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex Alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (Alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (Alcalde de Arganda del Rey). Una vez finalizados los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Para este momento sólo continúan en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez

06 de marzo de 2009
El caso “Gürtel” se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los Alcaldes de Arganda del Rey,Ginés López,y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Por otra parte dimite el Director General del Ayuntamiento de Boadilla del Montey Vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales a solicitud del Alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso. El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miembros del partido que fueron imputados por Garzón, a excepción de aquellos de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

12 de marzo de 2009
Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Éste asegura que la gente de Francisco Correa «no ha entregado ni un sólo euro al PP» y defiende a Francisco Camps. Igualmente, dice que «habrá que demostrar» que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex Alcalde de Pozuelo, quien está casado con la diputada ‘popular’ Ana Mato.
15 de marzo de 2009
José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en una entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indicó que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros

17 de marzo de 2009
Los tres únicos imputados encarcelados por el ‘caso Gürtel’, el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo, acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en la correspondencia recibida en la cárcel hay algo de interés que sea útil para la investigación

27 de marzo de 2009
Baltasar Garzón imputa a otras diez personas elevándose el número de imputados a 55. Sin embargo, el lunes 30 de marzo los dejó en libertad

31 de marzo de 2009
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por eljuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la ‘Operación Gürtel’, al encontrar indicios de corrupción en: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, todos diputados del PP en la Asamblea de Madrid. A los tres parlamentarios se les acusa de cohecho y tráfico de influencias. En esta fecha Garzón acusa al tesorero del PP, Luís Barcenas de recibir 1.353.000 euros de la organización de Correa; y al Senador Popular Gerardo Galeote 625.000 euros

02 de abril de 2009
El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, quien también fue salpicado por el caso decide dejar su cargo como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid

14 de abril de 2009
La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso

05 de mayo de 2009
El PP suspendió la militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el “caso Gürtel”, así como al parlamentario regional y ex Consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo

07 de mayo de 2009
El juez Antonio Pedreira impuso una fianza de 750.000 euros al ex Consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, imputando a este último por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad

14 de mayo de 2009
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa para declarar como imputados

18 de mayo de 2009
El magistrado instructor del caso en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) aplazó la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

09 de mayo de 2009
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa es llamado a declarar y asegura que su comportamiento ha sido legal

20 de mayo de 2009
Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. La máxima autoridad mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares

21 de mayo de 2009
Es Detenido en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias «Zafa», de nacionalidad suiza por haber dirigido supuestamente la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción. José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que «todos» los trajes de Camps fueron pagados por Pablo Crespo, segundo al mando después del empresario Francisco Correa

09 de junio de 2009
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira impuso una fianza de 1.800.000 euros al ex Alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero

16 de junio de 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del caso al Tribunal Supremo (TS), el cual llama a declarar como imputados, y con carácter de urgencia, al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas a quien se le imputa un delito fiscal y otro de cohecho; igualmente son llamados los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote

22 de junio de 2009
Nueva víctima política del ‘caso Gürtel’. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP. La Fiscalía pide también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el caso, salvo la parte que se instruye en Valencia, y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas yJesús Merino así como del así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote

24 de junio de 2009
El Tribunal Supremo asume la investigación del Tesorero del PP Luis Bárcenas y la del diputado Jesús Merino, sin embargo descarta que se hará cargo de todo el “caso Gürtel”.

06 de julio de 2009
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Flors, ha decidido continuar la tramitación del procedimiento contra el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el supuesto delito de cohecho, fijando la apertura del juicio oral para el próximo 15 de julio

10 de julio de 2009
La Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que solicite la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, éste declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo «de forma transitoria»

17 de julio de 2009
El Juez Francisco Monterde cita a Luís Barcenas y Jesús Merino en calidad de imputados provisionales para ser interrogados por presunto cohecho y delito fiscal. Ambos supuestamente recibieron grandes sumas de dinero en la trama de corrupción dirigida por Francisco correa.

La fiscalía solicitaba que se ampliara la imputación a los tres acusados principales por Gürtel. Pero fueron desestimados los recursos de apelación de la fiscalía y la acusación popular, que solicitaban ampliar los cargos de cohecho pasivo a activo, así como que se continuara la investigación para reunir más pruebas y aumentar el número de imputados

11 de agosto de 2009
Una investigación será abierta a la Alcaldesa de Valencia Rita Barberá por su gention al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los agentes entregaron un requerimiento del juez Antonio Pedreira, instructor de la parte madrileña del caso, en el que se reclama la relación de contratos firmados con 11 empresas de la trama de corrupción durante cuatro años (2000-2004) en los que la Federación estuvo presidida por la Alcaldesa. Esos contratos se creen suman cerca de un millón de euros, según fuentes de la asociación que agrupa a los ayuntamientos

15 de agosto de 2009
Más de un millón de euros en facturas sin contrato y sin expediente de tramitación halló la FEMP después de afirmar que no encontraban los documentos que soportan los contratos entre 2000 y 2004. Esta información fue enviada ayer al juez Antonio Pedreira, que había reclamado todos los contratos firmados por la FEMP con 11 empresas de la trama Gürtel entre 2000 y 2004, cuando la Federación estaba presidida por Rita Barberá, del PP. Al juez sólo le llegarán las facturas, porque los contratos no aparecen por ningún lado. O nunca existieron o han sido destruidos.

17 de agosto de 2009
La investigación encuentra 600 millones de euros sin facturar por servicios al PP.
En los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular. El sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa. Crespo, de acuerdo a la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano. En la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar. El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas, es decir, más de seis millones de euros. Otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:
– «Hoja número 1: Resumen en B por importe de 536 millones de pesetas».
– «Hoja número 2: Relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas».
– «Hoja número 3: Recibos».
– «Hoja número 4: Relación de entregas sin recibo».

La investigación interpreta que estos documentos «hacen referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999». Del análisis de la documentación se desprende que, de la primera cantidad de 536 millones de pesetas, la trama corrupta registró «entregas con recibo» por valor de 439 millones mientras que no consta recibo en otros 97 millones de pesetas, es decir, los casi 600.000 euros citados. La trama apuntó que, de esa cantidad sin justificar, se intentaba localizar los justificantes de tres empresas: «A-UNO ASOCIADOS por 20 millones de pesetas. FCS 4 por 21 millones de pesetas y SPECIAL EVENTS por 19 millones de pesetas, mediante seis recibos que sumarían 60 millones»

24 de septiembre de 2009
El Senado concede el suplicatorio a Bárcenas para que sea procesado por el Supremo por cohecho y delito fiscal. Los medios de comunicación local hacen eco de un informe policial que detalla el funcionamiento de la presunta trama corrupta en Valencia, la doble contabilidad y los arreglos con Ricardo Costa y Vicente Rambla, concluyéndose el ingreso de dinero negro a las arcas populares

29 de septiembre de 2009
Se levanta el secreto de sumario de la trama madrileña, con 71 imputados, entre ellos la mujer de Bárcenas

30 de septiembre de 2009
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana archiva la denuncia de Ricardo Costa contra el informe policial que recogía las supuestas irregularidades financieras del PPCV.

02 de octubre de 2009
El juez Antonio Pedreira, quien se encuentra a cargo de la investigación de la trama Gürtel en Madrid, ha decidido retirar la acusación a siete de los 71 imputados en la causa por considerar que no pudieron tener conocimiento de la red de corrupción de Francisco Correa. Los empleados no conocía «la forma de gestionar» las empresas de su jefe

19 de octubre de 2009
De acuerdo a El Mundo, mientras que Correa creó entre 1995 y 1996 una estructura empresarial en paraísos fiscales donde desviaba el dinero procedente de la caja B, las comisiones por la recalificación de terrenos y dinero negro que pagaban los empresarios que financiaban los actos del PP, eran dos de las fuentes de ingresos de Gürtel.
Aparece imputado en el sumario del caso Eduardo Eraso Campuzano, por blanqueo de dinero. Según el medio el dinero era blanqueado a través de la búsqueda de empresarios suizos que quisieran invertir en España y entregarles en mano el dinero de las operaciones. El inversor, desde su cuenta en Suiza, transfería la misma cantidad a Correa en otra cuenta en Suiza. Las comisiones que recibía Eraso por lograr los acuerdos ascendían al 1,5% del dinero entregado, que volvía en gran parte a España blanqueado a través de inversiones inmobiliarias. Se cree que para 2004, solo mediante el «sistema de compensación», habría sacado de España alrededor de 18 millones de euros, y según la “contabilidad B” de Correa ese mismo año, recibió 270.000 euros de la trama

27 de octubre de 2009
Juan Costa, antiguo ministro, diputado nacional por el PP y hermano de Ricardo Costa, apeló ayer a su partido a «dar la cara» y ofrecer explicaciones sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas relacionadas en el sumario del caso Gürtel sobre supuesta financiación irregular del partido. Costa admitió que no le resulta «especialmente fácil» comentar la situación de su hermano, pero apuntó que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, manifestó ante el Comité Ejecutivo Regional del PP el 13 de octubre que «no tenía ninguna duda sobre la honradez, sobre la capacidad y la gestión política» de Ricardo Costa

06 de abril de 2010
De acuerdo al instructor Blanco Balín fue quien “diseñó” la estructura de blanqueo de la trama Gürtel, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez. Según el sumario, los contratos se troceaban para evitar que el coste fuera superior a los 12.000 euros, y así eludir un concurso público. Las empresas de Correa consiguieron contratos del Gobierno de Madrid, en su mayoría relacionados con la organización de actos institucionales. Sobre el “número dos” de la trama, Pablo Crespo, el magistrado señalñó que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros y que presuntamente era quien solía “ejecutar las directrices” de Correa, como la realización de transferencias internacionales, y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización. Bajo la presidencia de Crespo, la empresa Special Events fue contratada por la Xunta, que gobernaba Manuel Fraga, para promocionar la carne gallega en plena crisis de las “vacas locas”, campaña por la cual percibió un millón y medio de euros. En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que Fraga rescindió las contrataciones. La mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, es considerada “copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio” y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era Directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Usaba la estructura empresarial creada por su marido “para su propio beneficio”. Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros. “El Bigotes aparece como responsable de la captación de eventos en Valencia, donde se encargaba de acordar la adjudicación de contratos con los responsables políticos” autonómicos y negociaba el pago de las deudas pendientes del Gobierno regional y del PP con la empresa. El denunciante del caso Gürtel, el ex edil del PP José Luis Peñas, señaló a Mariano Rajoy como máximo responsable de la trama. Las claves que permitirán a las partes personadas en el caso acceder al sumario no estarán disponibles hasta esta mañana. El nombre y la contraseña de acceso al servidor quedaron depositadas en sobres cerrados en el Colegio de Procuradores de Madrid.

07 de abril de 2010
El levantamiento del secreto del grueso del sumario del caso Gürtel sigue aportando numerosas pruebas. El ex Tesorero estaba integrado en la red, a la que favorecía por su influencia en el PP y de la que recibió 1,3 millones. Algunos informes policiales apuntan que el PP valenciano se financió de manera irregular a través de la trama corrupta. El documento apunta a Ricardo Costa como «canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero» El cerco se estrecha sobre el ex Tesorero Nacional y Senador del PP, acusado de recibir 1,3 millones de euros de las empresas de la red dirigida por Francisco Correa. La policía considera «sin ningún género de dudas» que las iniciales L.Bl, L.Barc y la expresión «Luis el Cabrón» que aparecen en la «contabilidad B» de la trama, corresponden a Bárcenas. Así lo declararon el jefe de la sección segunda de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y un agente de este mismo Cuerpo. «No puedo pensar que es otra persona», dijo el primero, mientras que el segundo afirmó que «no hay otra opción», tras explicar los indicios de diversa índole que les habían llevado a ese dictamen.

Los informes policiales también señalan que tras las iniciales G.G. se esconde el ex eurodiputado Gerardo Galeote. La conclusión del sumario es que «la conducta presunta, pero concreta de los dos aforados, se habría desarrollado en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la que aquellos (en referencia a Bárcenas y Galeote) estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por este» (Correa). Pero añade más: ambos usaban su «posición cualificada o estratégica dentro del partido político al que pertenecen» para favorecer los intereses del jefe de la trama, por lo que habrían recibido «diversas cantidades de dinero». Bárcenas aumentó de forma ostensible su nivel de vida. El mismo Correa admitió ante el juez Antonio Pedreira que fue Bárcenas quien le dio el empujón definitivo de entrada a las altas esferas del PP, al pedirle que organizara un mitin político. En su declaración, el jefe de la trama corrupta negó que le llevara 1.000 millones a su casa y a la sede del PP, como se le oye decir en una grabación, y dijo que en realidad era dinero que había ahorrado al PP.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF asegura que Ricardo Costa, hasta hace poco secretario general del partido, actuaba como «canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero». Además las investigaciones han puesto de manifiesto la «vinculación directa» de Orange Market, la empresa dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes, con altos cargos del Gobierno y el PP de la comunidad. Esta empresa cobraba al partido una parte en facturas legales y la otra la ponían en dinero negro varios empresarios, que ingresaba en su caja B. Los investigadores elevan el dinero negro pagado a la trama a 6,3 millones de euros. El sumario también pone en cuestión al Gobierno de Esperanza Aguirre, que habría vulnerado todas las normas de contratación públicas para beneficiar a las empresas de Correa. Según un informe, once departamentos les adjudicaron desde el 2004 en adelante 367, 364 de ellos a dedo. por valor de casi 3,2 millones de euros. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que incluido en el sumario del caso cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financiadores de parte de los actos del PPCV. Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.

El informe concluye que «existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular» de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema «tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política». En concreto, precisa que «no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunitat Vaenciana», ya que «existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual», una real plasmada en una factura formal –bajo la denominación de Alicante– y otra «sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión –denominada Barcelona–«. Durante los registros domiciliarios la policía encontró revólveres y relojes de lujo, gemelos Bulgari y Loewe, plumas Cartier, dos Rolex, un mechero Dupont, monedas de coleccionista, 2.825 euros y 1.725 dólares en efectivo, una pistola, una escopeta, cajas de munición, dos revólveres… Los registros en los domicilios del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, de su segundo, Pablo Crespo, y en la sede social de algunas de las empresas de la red reflejan un elevado tren de vida y una cierta afición por las armas, que se encontraban incluso en los edificios societarios. El juez bloqueó a la trama 113 cuentas bancarias con más de cuatro millones de euros

08 de abril de 2010
La investigación de la trama ‘Gürtel’ ha llevado a la Policía a pedir información sobre las cuentas de Francisco Correa en las Islas Caimán. Según se desprende de un informe del SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) de diciembre de 2009, el ‘cerebro’ de la red constituyó en el año 2005 un trust en las Islas Caimán (bajo el nombre Correa Sánchez), actuando Chelmi Limited como ‘trustee’ o fideicomisario. Desde abril hasta diciembre de 2005, Correa realizó abonos en dólares y euros por valor de casi 6,3 millones de euros. Además, en agosto del año siguiente, puso en la cuenta otro millón de euros. El aporte más importante se realizó el 12 de abril de 2005. La apertura de la cuenta de Correa fue de tres millones de euros directamente. Luego, se ingresó dinero en mayo, dos veces; octubre, tres más; y diciembre de ese mismo año, para cubrir algunos de los pagos que se producían desde estas mismas cuentas. La Unidad de Investigación Financiera de la Islas Caimán ha facilitado al juez las entradas y salidas que se produjeron en las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por el ‘cerebro’ de Gürtel. También ha explicado que Merril Lynch Bank&Trust, la compañía de servicios financieros usada por Correa y que es la que gestionaba las cuentas, no está radicada en este paraíso fiscal. La mayoría de las transacciones desde estas cuentas en Caimán se realizaron entre los años 2005 y 2008 y a través de bancos en Suiza, Mónaco y Panamá, los tres están considerados paraísos fiscales por la OCDE. También hay transacciones con entidades financieras de Colombia. Los destinatarios eran particulares y empresas. En el sumario se establecen uno a uno todos los movimientos que se han realizado desde las cuentas corrientes particulares de todos los implicados y las de las empresas de la trama ‘Gürtel’

09 de abril de 2010
Las empresas de la trama Gürtel, investigadas por constituir un entramado corrupto implicado en el blanqueo de dinero, el pago de comisiones y, presuntamente, la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, tuvieron barra libre en la Agencia Valenciana de Turismo en el año 2005. Fue el primer contrato de la entonces consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, con la trama de Álvaro Pérez, El Bigotes, quien reconoció en una conversación telefónica haberle regalado un reloj de 2.400 euros en enero de 2006. El fiscal considera probado el cohecho, aunque prescribió un mes antes de ser descubierto. Infraestructuras pagó 51.659 euros a cinco empresas y Territorio, 47.251 euros

14 de mayo de 2010
La Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía abrió una investigación por las declaraciones del alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), a un medio local en las que aseguraba que Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, había intentado sobornarle. El sumario del ‘caso Gürtel’ no recoge esta supuesta oferta del líder de la trama.
El regidor de Las Rozas (86.300 habitantes) declaró el pasado 6 de mayo a EL PAÍS que Correa le ofreció ganar 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) por conceder el contrato de recogida de basuras y de limpieza urbana a la empresa SUFISA, uno de cuyos directivos aparece como imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Por esta operación, el líder del Gürtel, que se encuentra en la actualidad en prisión, se habría llevado otros 50 millones de pesetas (300.000 euros).

25 de mayo de 2010
El juez instructor de la trama del caso Gürtel, Antonio Pedreira, llamó a declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de semanas durante una entrevista con un medio local que el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, intentó sobornarle ofreciéndole 2,1 millones de euros a cambio de un contrato municipal, razón por la cual el próximo 10 de junio tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para explicarle al juez cómo se produjo el intento de soborno. La citación se produce una vez que la unidad de blanqueo de capitales remitiera al juez Pedreira las declaraciones de De Santiago a EL PAÍS. El magistrado ha iniciado la investigación y por eso ha citado al Alcalde. Según relató el Alcalde a este periódico, en febrero de 2003 recibió a Correa en su despacho. El capo de la trama se interesó por el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana que el Ayuntamiento de Las Rozas iba a sacar a concurso. Según la versión del Alcalde, en un momento de la conversación Correa le dijo: «Te ofrezco 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si la que gana es la empresa Sufisa».

La empresa Sufisa aparece en el sumario del caso Gürtel porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP. De Santiago ha relatado que, tras oír la oferta, echó a Correa de su despacho y ordenó a su equipo que le prohibiera el acceso a las dependencias municipales. El regidor de Las Rozas relató a este periódico: «En febrero de 2003 el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales». La sociedad Sufisa logró contratos en algunos municipios contaminados por la trama como Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario de la red de corrupción que afecta a administraciones en manos del PP. Esta misma sociedad se adjudicó en 2002 un contrato de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Por entonces, el responsable de la limpieza municipal era el ex Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. La empresa habría logrado la adjudicación, según consta en un informe policial incluido en el sumario, debido a una comisión que pagó a la red Gürtel

21 de junio de 2010
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos delitos en esta causa. El informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los empleados públicos en los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red.

El entramado tenía más de 20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red, Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a cambio de comisiones. Había dinero para todos, para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing Quality Management. Con estos 20 nuevos implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes policiales

01 de julio de 2010
El juez rechazó reducir las fianzas en el caso Gürtel. El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha rechazado la petición de las defensas de los dos principales acusados del sumario, Francisco Correa y Pablo Crespo, de anular o siquiera rebajar las fianzas de 85 millones de euros para cada uno, cauciones impuestas el pasado marzo en concepto de responsabilidad civil y para poder hacer frente a las incalculables multas que se impondrán a ambos por el dinero desfalcado

02 de julio de 2010
El juez del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, dejó ayer en libertad con cargos a Miguel Hernández Chavarro, socio y supuesto testaferro en Colombia de Francisco Correa, el principal imputado de la trama corrupta. Hernández, de nacionalidad colombiana, fue detenido el pasado miércoles en una céntrica calle de Madrid, al poco de llegar al país. La Fiscalía, que le acusa de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, pidió su puesta en libertad, después de que el detenido se comprometiera a poner a disposición de Pedreira todo tipo de informaciones sobre los movimientos de capitales de Correa en el país sudamericano. Según los informes que obran en la causa, Hernández es uno de los responsables del grupo empresarial Energing, una de las firmas que aparecen en la estructura societaria que el jefe de ‘Gürtel’ utilizó para sacar de España millones de euros opacos al fisco. La Policía sostiene que Hernández recibía dinero de Correa a través de sus empresas y él lo recolocaba en Colombia bajo el paraguas de empresas pantalla. La Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal llega a apuntar en sus informes que el colombiano era una persona «muy importante» dentro del entramado societario de Francisco Correa en el extranjero. Miguel Hernández, al que los investigadores también relacionan con movimientos de capitales desde Suiza, también mantuvo relación con otro de los principales imputados del ‘caso Gürtel’, el ex vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín, el supuesto cerebro de la maquinaria societaria puesta en marcha por Correa para lavar dinero en paraísos. Hernández no es el primer ‘asesor’ internacional de Correa que se libra de ir a la cárcel al ofrecer su ayuda para intentar recuperar la fortuna evadida: Gianfranco Fasana, el contable suizo de Correa, no pisó la prisión tras ser capturado en mayo del 2009 y convertirse en una suerte de ‘arrepentido’

02 de septiembre de 2010
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía afirmó en un informe que la empresa Orange Market, la franquicia levantina de Gürtel, fue financiada a través del PP valenciano y otras tres empresas que recibían contratos públicos por parte del partido de Francisco Camps con 846.000 euros. El informe de la Policía fechado el pasado 20 de julio detalla cómo dicha empresa destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP de la Comunidad Valenciana. El documento mantiene que las tres empresas citadas pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las instituciones de la Comunidad Valenciana. Así se afianza la sospecha de que el partido liderado por Francisco Camps se financió ilegalmente, gracias a la cooperación de empresarios afines. El nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo consta de 104 páginas. Las conclusiones del mismo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su caja B los 405.450 euros abonados por el PP en ocho entregas. Otros 441.000 euros recibidos por la empresa que dirigía Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, tienen su origen en pagos efectuados por Sedesa, Lubasa y Ortiz. Sin embargo, en este caso, los ingresos se realizaron mediante pagos de marketing, publicidad y asesoramiento. El procedimiento era sencillo: el partido contrataba actos con Orange Market –empresa de la red de Francisco Correa– y le abonaba una parte de manera legal, pero el grueso del montante lo pagaba en dinero negro o lo asumían empresas amigas que mantenían cuantiosos contratos con la Generalitat, a las que Orange Market les facturaba por servicios inexistentes para que pudiesen justificar el desembolso. Sólo en 2008, el PP pagó a Orange Market 846.000 euros de espaldas a Hacienda

07 septiembre de 2010
El juez del caso, Antonio Pedreira, ha reactivado las pesquisas sobre el blanqueo de capitales y ha pedido al empresario Jacobo Gordon, uno de los implicados en la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, que le aporte en el plazo de cinco días el libro de registro de socios de la firma inmobiliaria Proyecto Twain Jones, SL. El juez quiere saber qué personas están detrás de esta sociedad, ideada para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). Esta sociedad es investigada por blanqueo de capitales al haberse nutrido de fondos procedentes de firmas mercantiles radicadas en paraísos fiscales. Gordon, presidente de Estate Equity Portfolio, sociedad que posee el 75% del capital de Proyecto Twain Jones, deberá facilitar la relación de socios de dicha promotora con objeto de cotejar si entre ellos figura Rosalía Iglesias Villar, esposa del ex senador por Cantabria y ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas

08 de septiembre de 2010
Rosalía Iglesias Villar, esposa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas declara ante el juez que ´no se acuerda si tenía ingresos.´. Iglesias Villar fue imputada el pasado mes de febrero porque se descubrió una cuenta corriente a su nombre con un millón de euros pese a que carecía de ingresos. Ahora, a pesar de que la esposa de Bárcenas declarara ante el juez que «no se acuerda si tenía ingresos» pues «los temas económicos los lleva su marido», el magistrado concluyó en retirar la imputación.
El diario El País muestra un amplio resumen del interrogatorio que refleja las dubitativas respuestas de la imputada:
A continuación dicho resumen:

«No me acuerdo si yo tenía ingresos”
Iglesias, al ser preguntada por el fiscal qué ingresos tenía entre los años 2002 y 2003, responde indecisa que “no se acuerda sí tenia ingresos en esos años” ya que asegura que “los temas económicos los lleva su marido”. La fiscalía insiste y no duda en preguntar a la imputada si recuerda tener algún trabajo remunerado. La esposa del ex dirigente popular vuelve a dudar y no deja nada en claro: “No, vamos a ver, no…, yo tenía un taller de restauración y tengo un taller de restauración, pero bueno, es un tema…, somos varias socias, y bueno, pues funcionamos un poco a nivel particular”.

«Yo no he hecho nunca ninguna declaración de renta ni nada de eso»
En cuanto a las declaraciones tributarias, el fiscal pregunta a Iglesias si las presentó conjuntamente con su marido, el ex tesorero del PP entre los años 2002 y 2003,a lo que la imputada responde en el mismo tono de indecisión: «Yo no he hecho nunca ninguna declaración de renta ni nada de eso”, recalcando, “de eso se encarga mi marido”.
Proyecto inmobiliario en Majadahonda. Además de su imputación por blanqueo de dinero, Iglesias fue relacionada con un proyecto inmobliriaro en Majadahonda financiado con fondos de las sociedades que la trama Gürtel tenían en el extranjero. El fiscal le pregunta si recuerda haber tenido participación en dicho proyecto, a lo que ella responde con rotundidad: “Absolutamente ninguna”. A su vez, asegura estar sorprendida de que se la relacione con ese asunto.

“Si algo estuviera a mi nombre en Majadahonda me lo diría»
A pesar de la rotundidad con la que responde Iglesias, el fiscal quiere asegurarse y no duda en preguntarle que si su marido puede ser capaz de ocultarle dicha información. La imputada duda: “No lo sé, yo me imagino que no, porque si hay algo que hubiera estado a mi nombre me lo hubiera dicho”.

“No he tenido 25 millones de pesetas en mi mano nunca”
Finalmente, el fiscal pregunta a la imputada si pudo entregar 25 millones de pesetas para participar en algún tipo de promoción inmobiliaria. La esposa de Bárcenas vuelve a responder rotunda que no, y asegura que no ha tenido esa cantidad “en su mano nunca”. A su vez, insiste en que tampoco ha percibido beneficio alguno de ninguna operación inmobiliaria

03 de diciembre de 2010
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alerta al juez instructor del “caso Gürtel” en Madrid de que el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas es el beneficiario de una cuenta bancaria en Suiza que se nutre de las operaciones realizadas en España por la red “Gürtel”. Así se desprende de un informe, al que ha tenido acceso Efe, incluido en la última parte del sumario cuyo secreto levantó el pasado lunes el magistrado instructor, y que desde hoy está siendo facilitado a las partes personadas en la causa. El juez cursó en abril una comisión rogatoria a Suiza tras recibir este informe, que asegura que Bárcenas solicitó el pasado 12 de febrero una tarjeta bancaria con un límite mensual de 25.000 euros para disponer de fondos ya existentes en una cuenta abierta en Suiza “con el fin de trasvasar dichos capitales a otro lugar y de esta forma dificultar la investigación sobre su patrimonio”. Un límite que además “pone de manifiesto la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con ella, y precisa la acreditación de una solvencia» que garantice un «saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe”.

Sin embargo, relata que la solicitud del ex senador popular fue denegada por la entidad al comprobar que estaba siendo investigado en España. Bárcenas, que según las investigaciones podría haber recibido 1.353.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos a empresas del presunto líder de la “trama Gürtel”, Francisco Correa, está personado en el caso desde el pasado mes de septiembre, después de haber renunciado a su escaño en el Senado y, por tanto, dejar de ser aforado. “De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior, y que se concretan en posiciones bancarias en una entidad financiera ubicada en Suiza de las que es beneficiario económico”, subraya el informe, que añade que dispone además de un gestor financiero en ese país “de su confianza con el que realiza las operaciones”.

03 de diciembre de 2010
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alerta al juez instructor del «caso Gürtel» en Madrid de que el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas es el beneficiario de una cuenta bancaria en Suiza que se nutre de las operaciones realizadas en España por la red «Gürtel». El juez cursó en abril una comisión rogatoria a Suiza tras recibir este informe, que asegura que Bárcenas solicitó el pasado 12 de febrero una tarjeta bancaria con un límite mensual de 25.000 euros para disponer de fondos ya existentes en una cuenta abierta en Suiza «con el fin de trasvasar dichos capitales a otro lugar y de esta forma dificultar la investigación sobre su patrimonio». Un límite que además «pone de manifiesto la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con ella, y precisa la acreditación de una solvencia» que garantice un «saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe»

09 de diciembre de 2010
Estados Unidos mantiene abierta desde hace meses una investigación paralela sobre las actividades de la trama Gürtel en ese país, confirmaron fuentes del caso que también señalaron que, a tenor de lo transmitido por EEUU a España, esa investigación se centra por ahora en un testaferro que en el sumario español ocupa un lugar secundario y que habría actuado siguiendo órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la red corrupta. Por su conexión habitual con el narcotráfico y el terrorismo, el blanqueo de capitales está considerado en Estados Unidos un delito de persecución prioritaria desde los atentados del 11-S y la subsiguiente aprobación de la Ley Patriótica. Las autoridades estadounidenses no han revelado sus planes exactos respecto a Correa pero han ofrecido garantías de que no darán ningún paso respecto del principal imputado de la trama Gürtel hasta que finalice el proceso abierto en España. De nacionalidad estadounidense, el testaferro investigado en ese país habría sido una figura clave en el lavado de dinero captado en España por la trama mediante el cobro de sobornos y la adjudicación de contratos amañados. Las fuentes consultadas no confirmaron si ese testaferro es Randall Lew Caruso-Reinaldo, a quien los informes incorporados al sumario Gürtel retratan como el broker que manejó las inversiones multimillonarias de Correa y su círculo. Junto con Guillermo Martínez Lluch, ex director de la sucursal de Bancaja en Miami, Randall Lew aparece como gestor de las cuentas abiertas en Estados Unidos y cuya propiedad real se atribuye a la trama

11 de enero de 2011
La revista Interviú publicó un reportaje donde el banquero Merkal Koldo de Zabaleta, imputado en la ‘operación Gürtel’ por el supuesto desvío de doce millones de euros propiedad de Correa, implicaba al duque de Huéscar en esta trama de blanqueo de dinero. El tema es grave y delicado, porque Zabaleta aseguraba delante del juez que el hijo de la duquesa tenía conocimiento de esta “derivación” ilegal desde su cargo de consejero de la Compañía Monegasca de Banca. El duque de Huéscar asegura no conocer al señor Correa y no tener nada que ver con Gürtel. Explicó que este tipo de noticias “perjudican, porque resultan sensacionalistas y reiteró “no tengo nada que ver. No conozco al señor Correa, no lo he visto en mi vida y no tengo ninguna relación profesional ni de ningún tipo con él”

21 de enero de 2011
El broker norteamericano Randall Lew Caruso, a quien el juez del caso Gürtel llevaba meses intentando interrogar, admitió su papel como gestor de fondos de Francisco Correa en Estados Unidos. Imputado en el sumario, Lew Caruso declaró ante el magistrado Antonio Pedreira por videoconferencia desde Nueva York. Y reconoció la veracidad de un documento exhibido por Anticorrupción que prueba cómo Correa abrió en 2005 y en Merril Lynch una cuenta a nombre de Chelmi Ltd.

Lew sostuvo que el dinero de la cuenta de Chelmi Ltd, cuyo monto no precisó, procedía de transferencias cursadas por las sucursales en Miami del Gilbraltar Bank y Bancaja. Y que el origen último se situaba en la venta de apartamentos localizados también en Miami. El sur de Florida, donde se localiza el condado de Miami Dade, fue el principal escenario de operaciones de Correa y los suyos en Estados Unidos. Al menos 12 compañías de su entramado internacional quedaron domiciliadas en esa área, donde Correa se sumó a proyectos conducidos por Fortune International, un operador inmobiliario con arraigo en el sector de Miami

04 de febrero de 2011El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, tiene en su poder desde diciembre un informe de la Policía que enumera los bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones de los presuntos implicados en la red de corrupción y blanqueo de capitales. El listado incluye los terrenos, viviendas, barcos y coches que acumularon durante más de una década los principales integrantes de la trama crecida a la sombra del Partido Popular. En ocasiones aparecen sus nombres como titulares y en otras, las firmas que componían la trama. Entre ellas destaca Inversiones Kintami SL, que se sitúa al final del hilo que formaba la madeja societaria con la que la trama blanqueaba el dinero en paraísos fiscales para después reintegrarlo en España a través de distintas propiedades, principalmente bienes inmuebles.
El listado supone un viaje por la vida de lujo que Francisco Correa y sus principales colaboradores llevaban en las zonas más exclusivas, principalmente en Cádiz, Málaga y Madrid, aunque también en Ibiza o Galicia. En la relación también se han incluido 22 vehículos de todo tipo y cilindrada, desde el Audi A8 en el que se movía con chófer Francisco Correa a la moto de tres ruedas Bombardier Cam que Álvaro Pérez, el Bigotes, prestó al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, Ric, como se refería a él la red. El 19 de noviembre de 2010, Pedreira remitió un oficio a la UDEF y su Brigada de Blanqueo se puso manos a las obra, entregando el listado al juez tres semanas después. El juez ha localizado otros 63 millones escondidos en paraísos fiscales

07 de febrero de 2011El instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido prorrogar durante otros dos años la situación de prisión que pesa sobre el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ante la persistencia «del riesgo de fuga», la posibilidad de que destruya pruebas y a la vista de que todavía posee en el extranjero parte del dinero amasado sobornando a políticos del PP. Paralelamente, el juez ha decidido rebajar de 1.200.000 a 600.000 euros la fianza impuesta al ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, número dos de la trama. El juez imputa a Correa delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. El jefe de la red corrupta se halla en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde que fue detenido en febrero de 2009 por orden del juez Garzón, primer instructor del caso

22 de febrero de 2011
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público un auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los servicios de las basuras del municipio en 2002 por 2,2 millones anuales, que prueban que algunos de los actos del PP organizados por Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por FCC y Sufi. Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que concluyó que la financiación ilegal del PP de esta comunidad se hizo a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano.
En sus conclusiones, Pedreira cita un informe del 23 de enero de 2009 concluyendo que entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la contabilidad b de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos como billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma, de 4.034 euros, a favor de González Panero por un importe total de 48.941 euros. Esta cuenta b de Correa contiene un apunte con fecha del 21 de febrero de 2006 por un importe de 124.000 euros. «Dicha cantidad podría tratarse de la comisión cobrada a través de Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado a jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano», explica el auto del juez que relata al menos otros pagos al El Albondiguilla de 660.000, 18.000, 24.000, 12.000 y 30.000 euros. El ex alcalde también es propietario de un piso en Marruecos de 100.000 euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros

24 de febrero de 2011
La compañía británica Rustfield, de la que Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, es el beneficiario económico, blanqueó 240.000 euros en el residencial Alminares en Salobreña (Granada), según se afirma en un auto del martes pasado del magistrado Antonio Pedreira, instructor de la rama del caso radicada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rustfield aportó 240.000 euros «de procedencia ilícita previamente sacados al exterior» a la cuenta de Lujeca, una sociedad patrimonial administrada por Jesús Calvo Soria, según escribe Pedreira en el auto en el que rechaza levantar el embargo que pesa sobre una cuenta de Lujeca. La Fiscalía asegura que Calvo Soria conocía sin duda alguna la procedencia ilícita de esos fondos. La Oficina de Investigación contra el Fraude, en un informe, consideró que se había producido una repatriación de fondos. La Fiscalía asegura que el dinero se transfirió desde la cuenta de Rustfield en el Barclays Bank de Londres, «por lo que ninguna duda puede albergar Calvo Soria de que se trataba de un ingreso del extranjero para deslocalizar una inversión de Correa». En el proyecto de Salobreña participó además la sociedad Bratelk SL, cuyo administrador único es Máximo González Jurado, quien aportó 330.000 euros. Share Tweet