La denuncia al Tratado Constitutivo del Sistema Unitario Sucre, en la que está empeñado el gobierno de Guillermo Lasso, deberá ser analizada por la Asamblea Nacional, que deberá emitir una “aprobación legislativa previa”.
Así lo decidió la Corte Constitucional en una resolución publicada en el Registro Oficial, el 25 de abril de 2022, tras la sesión realizada el pasado 13 de abril.
De esta manera, el ente legislativo deberá pronunciarse sobre este proceso, a fin de que Ecuador dé por terminada su participación en el Sistema Sucre que, de acuerdo con reportes periodísticos, informes del Banco Central y de hallazgos de la Comisión de Fiscalización fue utilizado para un presunto lavado de activos, a través de exportaciones ficticias a Venezuela.
El pronunciamiento de la Corte, que está firmado por su presidente Alí Lozada, y que contó con siete votos a favor y un voto salvado, indica que el 18 de febrero, Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, presentó el pedido a la Corte para que certifique si esta denuncia debe contar con una aprobación legislativa previa.
Dentro del proceso de consulta, el 24 de marzo pasado, la jueza ponente del caso, Karla Andrade Quevedo, había solicitado al presidente de la República, Guillermo Lasso, “que ratifique y manifieste su voluntad de denunciar el Tratado Constitutivo”. El presidente Lasso cumplió dicho pedido el pasado 30 de marzo.
Así, el pronunciamiento de la Corte es un paso más hacia la salida del Ecuador de dicho tratado que fue firmado por varios gobiernos de la región en 2009 (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Cuba).
El pronunciamiento de la Corte indica que la Asamblea debe pronunciarse al respecto de un tratado internacional, según el artículo 419 de la Constitución. Y llega a la conclusión de que el Tratado del Sucre cumple al menos con dos de las ocho condiciones para ello: que “contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley y que comprometa al país en acuerdo de integración y comercio. También dijo que en 2010 la Corte ya indicó que este debía contar, para su ratificación con aprobación de la asamblea, por lo que para su denuncia requiere el mismo procedimiento.
De acuerdo con el boletín semanal del Banco Central del Ecuador (BCE), el Sucre -que en sus años de mayor auge (2012), llegó a tener transacciones por $ 1.065 millones- actualmente tiene cero dólares registrados. Entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 manejó saldos de entre $ 500.000 y $ 700.000. Pero desde enero del 2020, esa posición está en cero.
El tema del Sucre ya fue analizado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y se realizaron varios hallazgos. El informe de ese ente legislativo trae varias conclusiones, entre las cuales se considera que el sistema habría servido para lavado de activos, además se indica que parte del dinero de estas exportaciones ficticias podría haber llegado a la campaña electoral de Rafael Correa en 2013.
También se establece que hubo falta de control desde varias autoridades e incluso que no se actuó de manera eficaz en el control por parte de las empresas. El informe trae una lista de empresas y personas que habrían sido los beneficiarios de esos dineros.
