El juez federal de Campana, Adrián Rodríguez Charvay, dispuso el embargo de una vivienda ubicada en un country de la localidad de Garín que habría sido adquirida como parte de maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se trata de un hecho inédito para la Justicia.
Antilavadodedinero / Eldiadeescobar
El inmueble confiscado se encuentra en el barrio cerrado El Lucero, ubicado sobre la avenida Patricias Argentinas al 4300, casi en el límite con el partido de Pilar y a unos dos kilómetros de la ruta provincial 26.
En la misma causa el juez procesó a tres mujeres por el delito de lavado de activos y embargó otra vivienda, en el country La Pradera de la vecina localidad de Villa Rosa, según informó El Diario de Pilar.
Las personas involucradas son Griselda Romina Sosa, Miryam Beatriz Bader y Griselda Noemí Bader. En los tres casos, los procesamientos no incluyen prisión preventiva, pero sí el embargo de bienes de hasta $200 millones de pesos a cada imputada.
Del expediente surge que las viviendas procederían de una causa en la que Roberto Eduardo Rodríguez y Ricardo Gabriel Sosa, entre otros, “integraron una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes cuya función principalmente consistía en el aprovisionamiento, transporte y distribución de marihuana para finalmente ser comercializada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
Tanto Rodríguez como Griselda Sosa fueron condenados en 2018 como “coautores penalmente responsables” del delito de lavado de activos de origen delictivo.
Fallo inédito. El juez federal Adrián González Charvay fue quien dispuso el embargo de las viviendas.
La medida se basa en el artículo 23 del Código Penal de la Nación, el cual establece que “en todos los casos en que recayese condena (…) la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”.
Agrega que “como novedoso, la reforma al Código Penal introducida por la ley 26.683, establece que, en operaciones de lavado, los activos serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen”.
En su fallo para este caso, González Charvay explica que “el objetivo en investigaciones como la presente resulta ser el aislamiento económico del autor, para que el mismo no pueda sacar provecho de los bienes al no encontrar fácilmente personas dispuestas a recibirlos debido a las implicancias y al riesgo que ello trae consigo”.
“En particular, subyace la convicción de que, si el potencial autor sabe que no podrá obtener beneficios de su actividad ilícita, desistirá de su proyecto”, concluye el magistrado. En caso de que las personas imputadas sean condenadas, las viviendas serán decomisadas de manera definitiva.
El Lucero es un barrio cerrado que posee una superficie de 25 hectáreas, con 200 lotes de 800 metros cuadrados promedio. Se encuentra a metros del arroyo Garín y cerca de media decena de colegios privados.
En el sitio web de la empresa que lo comercializa se detalla que el lugar cuenta con juegos para niños, cancha de tenis iluminada, cancha de fútbol con iluminación nocturna y salón de usos múltiples. Además, tiene cloacas, telefonía, gas natural, electricidad, TV por cable y agua corriente, todo por redes subterráneas.
“Su cercanía a Garín, la ruta 26 y la Panamericana lo ubica en un lugar privilegiado”, destacan. Una nueva característica de este barrio es ahora tener una propiedad embargada por el presunto origen ilegal del dinero con el que fue adquirida.
