La muerte de dos líderes indígenas en el estado de Guerrero vuelve a llamar la atención sobre la negligencia del gobierno en cuanto a la protección de las comunidades indígenas azotadas por organizaciones criminales en todo México.
Antilavadodedinero / InSightCrime
En una publicación en Facebook, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) anunció el hallazgo de los cuerpos sin vida de sus compañeros Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, después de que se denunciara su desaparición el 6 de mayo. El Cipog-EZ señaló a Los Ardillos, un grupo criminal local conocido por la extorsión y el secuestro de líderes de la comunidad.
En octubre de 2021, miembros de la comunidad y activistas alertaron sobre los planes de Los Ardillos de expandirse hacia el valle El Ocotito, pero hubo poca respuesta de las autoridades. Las advertencias sobre un ataque se hicieron realidad en enero de 2022, cuando una confrontación entre Los Ardillos y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo indígena de autodefensa, dejara como resultado un saldo de cuatro muertos de la comunidad.
Como respuesta a los ataques y a varias desapariciones de miembros de la comunidad Nahua, el Cipog-EZ organizó una serie de protestas y bloqueos de vías en marzo pasado, para exigir al gobierno acciones más efectivas para garantizar la seguridad y la protección de sus comunidades, con énfasis en los altos índices de impunidad de los grupos criminales en el estado de Guerrero.
Esas muertes son apenas un episodio más de una serie de ataques a las comunidades indígenas de Guerrero. En enero de 2020, Los Ardillos masacraron a diez músicos indígenas en Chilapa, Guerrero. Un grupo de autodefensa de la comunidad Nahuas puso a circular videos de niños cargando armas de grueso calibre en respuesta a esos ataques, y los presentó como los nuevos reclutas en la guerra contra Los Ardillos.
El video se hizo viral en las redes sociales y llamó la atención internacional, lo que motivó críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores, en una visita a la comunidad. A pesar de la reacción, la situación no ha cambiado casi dos años y medio después de eso.
En los lugares más aislados de México, las comunidades indígenas son blanco de la opresión constante y sistemática de las organizaciones criminales locales, como lo muestra el caso de Los Ardillos y su agresión contra la comunidad Nahuas.
Aunque Los Ardillos han sido una presencia criminal permanente en las montañas de Guerrero durante dos décadas, sus actividades han cambiado hasta hacerse cada vez más dependientes de las comunidades locales para la generación de ingresos. Anteriormente, el grupo supervisaba la siembra de amapola y el tráfico de heroína, para lo cual obligaba a las comunidades locales a trabajar en los cultivos bajo sus órdenes, según denuncias de las víctimas ante la policía en 2019. Pero desde que bajó la demanda de heroína, Los Ardillos han comenzado a depender de la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Y también en este escenario, la comunidad local debe pagar o ser reclutada para el trabajo forzado en beneficio de esos grupos.
No hay muchas esperanzas de que esto cambie pronto. Según un informe del International Crisis Group en 2020, es raro que las fuerzas de seguridad intervengan en Guerrero, lo que básicamente da carta blanca a las organizaciones criminales para la construcción de laboratorios, el cultivo de alcaloides y la extorsión a negocios y miembros de las comunidades.
Y la suerte de la comunidad Nahuas la comparten otras en Guerrero. En la Sierra Tarahumara, cadena montañosa que atraviesa el estado de Chihuahua, los indígenas rarámuri y otras comunidades más llevan años sufriendo por causa del crimen organizado. La tala ilegal, el cultivo de amapola, el despojo de tierras y la minería ilegal han arruinado las vidas de los rarámuri, muchos de los cuales han sido desplazados y asesinados.
La guerra entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha afectado las vidas de las comunidades indígenas repartidas en los estados de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco, al norte del país, según una investigación publicada por El País en abril de 2021.
Y sin embargo, el gobierno no ha considerado prioritaria esta población en sus programas de seguridad. En febrero de 2021, el comisionado para el diálogo con las comunidades indígenas recibió una carta de la comunidad indígena Huichol, del norte de México, en la que se leía: «[Nuestras] comunidades han sido testigos de los tiroteos, balaceras y de combates […], provocando no solo incertidumbre, sino afectaciones a personas inocentes que transitan la zona, que resulta su hogar, desde antes que estos grupos hubieran llegado».
El mismo mes, el entonces gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, pidió ayuda a López Obrador por una «epidemia de violencia» contra las comunidades indígenas.
Pero cuando se le preguntó directamente en enero de este año sobre un plan de ayuda para estas comunidades, López Obrador restó importancia al tema, y en lugar de eso felicitó a los grupos indígenas por tener «menos violencia», por causa supuestamente de una menor «desintegración de las familias» y la preservación de «valores y costumbres».
