En los ocho Tribunales Orales Federales de la Capital hay siete cargos vacantes. Allí se juzgan los delitos cometidos por funcionarios y ex funcionario públicos, y también los casos de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Antilavadodedinero / Infobae
María Roqueta fue jueza del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) de la Capital desde septiembre 1993 hasta 2017. Juzgó y condenó a prisión perpetua al dictador Jorge Rafael Videla por el plan sistemático para el robo de hijos de desaparecidos durante el último gobierno militar. También juzgó y condenó a María Julia Alsogaray por defraudación al Estado. Renunció el 1 de abril 2017 cuando se jubiló, hace más de cinco años. Su lugar en el TOF 6 aún continúa vacante.
Unos meses después de Roqueta, en septiembre de 2017, renunció Oscar Hergott a su cargo de juez en el Tribunal Oral Federal 5. Para conseguir reemplazantes para esos dos cargos, el Consejo de la Magistratura organizó el concurso número 389. El examen a los candidatos se tomó el 15 de junio de 2018.
En abril de 2019 se dieron a conocer las correcciones y el puntaje de cada uno. Luego llegó la etapa de las impugnaciones. Sobrevino el cambio de gobierno, la pandemia y recién el 30 y el 31 de agosto de 2021 se realizaron las entrevistas personales de los postulantes.
El 7 de febrero pasado la comisión de Selección postuló a los integrantes de las ternas. Ahora falta que el plenario del Consejo de la Magistratura apruebe esas ternas para que se eleven al Poder Ejecutivo. Luego el presidente elegirá al candidato o candidata a cada cargo y remitirá su nombre al Senado para que finalmente se le preste acuerdo y de ese modo, algún día, se cubran los cargos vacantes. Que ya dejaron de ser dos como cuando se inició el concurso para pasar a siete. Hay siete vacantes y el concurso es para cubrir seis cargos.
Desde que comenzó aquel lejano concurso dos jueces de los TOF fueron trasladados en 2018, uno murió en 2019, y otros dos se jubilaron en 2020. Es por ello que en los ocho tribunales que tienen 24 cargos hay siete vacantes.
Esos tribunales orales, que están en crisis, son los encargados de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la Capital, entre ellos los sucedidos en la sede la ESMA. Además allí se juzgó por ejemplo, a los imputados en la Tragedia de Once. Fue un TOF el que condenó a Amado Boudou por el Caso Ciccone y a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito. En esos tribunales también se juzgan los casos de lavado de dinero, los de trata de personas y los de narcotráfico.
El TOF6, en el que estaba Roqueta, tiene los tres cargos vacantes. En ese tribunal fue juzgado y condenado Ricardo Jaime por dos delitos de corrupción. Tal vez el caso de Jaime, ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, sirva para ejemplificar el recorrido y los tiempos de un expediente de los que llega a juicio oral y público.
Jaime fue denunciado por enriquecimiento ilícito en 2008. En 2013 fue procesado por el juez Sebastián Casanello. Su procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal en julio de 2014 y en 2016 el caso fue elevado a juicio luego de la acusación del fiscal Carlos Rívolo. Hubo una disputa de competencia entre dos tribunales orales federales que llevó casi un año. En abril de 2019 finalmente comenzó en juicio en el TOF 6 que sumó al de enriquecimiento ilícito otros tres casos de corrupción en los que Jaime estaba imputado.
El juicio se inició con audiencias presenciales hasta que llegó la pandemia y se suspendió como toda la actividad judicial. Se retomó por Zoom y finalizó el 1 de abril de 2022 cuando Jaime fue condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Es decir que catorce años después de iniciado el caso en instrucción se llegó a un veredicto. Los fundamentos de ese veredicto se publicaron el 2 de junio pasado. Y obviamente el caso no terminó porque queda la apelación en Casación y luego como última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal Oral Federal 6 cuando empezó el juicio de Ricardo Jaime en 2019 (Maximiliano Luna)
Cuando comenzó el juicio el TOF 6 estaba integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino, ambos titulares allí y Fernando Canero, subrogante . El cuarto juez era Ricardo Basílico, titular en otro TOF, como Canero. En 2020 se jubilaron Panelo y Martínez Sobrino pero siguieron en el juicio como lo determinó la Cámara de Casación.
A principios de 2022 Martínez Sobrino cumplió 75 años entonces dejó el cargo porque para seguir allí tendría que haber conseguido un nuevo acuerdo del Senado de la Nación. Entonces el juicio terminó en abril con Panelo, Canero y Basílico. Esa composición siguió funcionando hasta el 2 de junio de 2022 cuando se publicaron los fundamentos de la condena contra Jaime y Julio De Vido.
Y al mismo tiempo en el TOF 6 compuesto por los subrogantes (y titulares en otros TOF) Guillermo Costabel, Sabrina Namer y Rodrigo Giménez Uriburu se juzgaba y condenaba al influencer Camus Hacker a diez años de prisión por captación de menores vulnerables para producir material de abuso sexual infantil. Los tres jueces fueron subrogantes del TOF 6 durante dos años. Y ahora que no están más allí deben escribir la sentencia del condenado y su cómplice.
En el mismo TOF 6 para la misma fecha se realizó un juicio contra policías federales por haber recibido coimas, con la integración de los tres subrogantes que llegaron en marzo y quedarán allí por dos años salvo que alguno renuncie: Adrián Grümberg, Daniel Obligado e Ignacio Fornari. Fornari no es juez de Tribunal Oral Federal sino que integra uno en lo Penal Económico. Pero tuvieron que convocarlo. En resumne: el TOF6 funcionó al mismo tiempo con tres composiciones diferentes.
Tal vez el caso del TOF6 sea el que mejor ilustre la falta de jueces y el minué de las subrogancias. En el TOF4 faltan dos jueces titulares, en tanto en el TOF2 y en el TOF5 en el que son titulares Adriana Palliotti y Daniel Obligado hay una vacante. El resto de los tribunales está completo.
Pero los jueces y juezas de Comodoro Py no solo subrogan en sus vecinos de la Ciudad de Buenos Aires: algunos de ellos son suplentes en Mar del Plata o La Plata donde también hay cargos vacantes. La virtualidad de los juicios permite estar en tribunales a 400 km y al finalizar la audiencia de un caso de lesa humanidad cometido en Tandil-por ejemplo- conectarse para un juicio contra una banda de narcotraficantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Los jueces titulares de TOF de Capital José Michilini, Andrés Basso y Enrique Méndez Signori subrogan en la actualidad en La Plata, en tanto Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli integran el tribunal de Mar del Plata. Antes esos juicios se hacían de manera presencial lo que implicaba el traslado entre ciudades y el cobro de viáticos.
El Consejo de la Magistratura debe concluir el concurso para cubrir las vacantes en los tribunales orales federales de la Capital que se inició en 2018
Una vez que se termina la instrucción de un expediente y queda radicado en un TOF los imputados -salvo los de los casos de corrupción- pueden elegir –dependiendo del monto de la pena del delito- si quieren ser enjuiciados por un solo juez o por un tribunal colegiado de tres jueces. Si los imputados se declaran culpables se realiza un juicio abreviado en el que -se supone- se fija una condena menor que la que se podría firmar en un juicio. Entonces el trámite se resuelve con rapidez. También se puede realizar lo que se llama “suspensión de juicio a prueba” más conocido como probation.
Para delitos con poca pena se pueden realizar tareas comunitarias que establecen los jueces a modo de reparación de lo realizado. En esos casos los imputados no admiten la culpabilidad ni les quedan antecedentes. Para los juicios abreviados o las probation los jueces deben realizar audiencias, algunas unipersonales otras en conjunto y eso implica acomodar los horarios.
Para que se inicie el debate en un juicio oral y público se tienen que cumplir diversos pasos procesales. Primero fijar la fecha del juicio. Y entonces las partes deben ofrecer la prueba que los jueces deben evaluar si aceptan o no. La fiscalía y los acusados pueden solicitar instrucción complementaria porque fundamentan que hay cuestiones que no se profundizaron en la primera instancia.
Una vez cumplidos los pasos, se iniciará el juicio oral y público propiamente dicho. Por ejemplo en el TOF 2 que integran como titulares Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y como subrogante Javier Ríos se llevan adelante dos juicios por delitos de lesa humanidad. Y además en ese TOF se realiza por estos días el juicio llamado Vialidad en el que está imputada, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner. En ese juicio en lugar de Ríos ,que subroga desde este año, está el juez Andrés Basso, a su vez titular en el TOF3.
Pero también dos juicios por delitos de lesa humanidad. Gorini, por tomar un ejemplo, que subroga en el TOF4, está en el juicio por lavado de dinero de la firma Hope Funds y en un caso de secuestro extorsivo y en otro por narcotráfico en el que hay policías bonaerenses detenidos. El TOF4 tiene como titular a Guillermo Costabel y también como subrogante a Ricardo Basílico.
En el TOF7 están los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Canero, por ejemplo, integra un TOF de La Plata desde hace dos años para un juicio por delitos de lesa humanidad. Y subroga en el TOF5. Méndez Signori, por su parte, es subrgoante en La Plata. Por estos días comenzaron un juicio contra Oscar Parrilli y Katya Daura, por el caso del llamado “Libro de la década ganada”.
En el TOF 8 integrado por Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli se realizan por estos días varios juicios: uno a Guillermo Moreno por el caso de “¿Casco o guantes?”, otro contra Ricardo Jaime por un negociado con la firma Alstom y otro por un secuestro extorsivo.
Una audiencia por Zoom del juicio oraL y público conocido como Vialidad
Una vez comenzado el juicio declararán testigos (en casos complicados llegan a ser decenas), imputados, peritos, etc. Debido a la cantidad de juicios propios y por las subrogancias se logran realizar pocas audiencias por semana, entonces los debates de los casos más controvertidos pueden llegar a durar un año y en algunos casos más. Llegará el momento del veredicto. Y luego el de dar a conocer los fundamentos de la sentencia. En los casos simples eso sucede días después del veredicto, mientras que en los más complejos pueden llegar a publicarse dos meses más tarde de conocida la sentencia.
Y cuando el juicio termina la actividad de los jueces no finaliza. Porque son los encargados del control de la ejecución de la pena de los condenados. El día que una persona es condenada por un TOF uno de esos jueces será el que tenga que resolver los pedidos de los detenidos sobre, por caso, cuestiones de salud. Será quien establezca las condiciones para la detención domiciliaria. Y también a quien le reportarán, por ejemplo, si suena la tobillera electrónica de control. Será ese juez o jueza quien decida si ante varias violaciones al perímetro establecido por la prisión domiciliaria ese detenido deberá volver a la cárcel. También controlará que se acaten los términos de las probation otorgadas.
Ese juez o jueza de cada tribunal será quien supervise el cumplimiento de penas en suspenso y quien considerará los pedidos de libertad transitoria o asistida de los detenidos. También tendrán que determinar qué cantidad de pena se les reduce a los condenados a partir de los estímulos educativos obtenidos en la cárcel. Les toca también tomar decisiones en los extrañamientos y las expulsiones del país de los condenados extranjeros. Y por supuesto, firmar la finalización de las condenas.
Esta situación de vacantes y subrogancias implica que para hacer los juicios se tienen que compatibilizar muchas agendas. Si un tribunal tiene todos jueces titulares, se simplifica el primer paso. Pero como los titulares en un tribunal subrogan en otro deben armar una espacie de “Tetris” con los horarios. Y si además subrogan en otra jurisdicción las agendas se complican aún más.
Las agendas de los jueces tienen que ser acomodadas pero al mismo tiempo se tienen que compatibilizar con las de las fiscalías, con las de las defensorías públicas y también con las de los abogados particulares a quienes, por supuesto, se les superponen los juicios. Tanto las fiscalías como las defensorías tienen la figura de los auxiliares que pueden asistir a los debates algo que les permite mayor flexibilidad y que no sucede con los jueces.
El cambio de jueces conlleva no solo demoras en la realización de los juicios. Implica también que los empleados del tribunal –que asumen una enorme cantidad de tareas -cambien de modo de conducción cada tanto y tengan que amoldarse a las nuevas indicaciones y criterios jurídicos cada vez. Son los empleados -siete u ocho por cada vocalía- los que permanecen haciendo el trabajo a medida que los jueces cambian.
Llega un juez nuevo y pide que un empleado se encargue de ciertas tareas porque cree que no tiene nada asignado. Sin embargo quedaron pendientes trabajos que dejó encargados el subrogante que se fue y que el nuevo desconoce. Los secretarios, por ejemplo, deben asistir a todas las audiencias de los juicios a la par de los jueces sin descuidar todas las otras asignaciones que tienen a cargo.
Antes de que se estableciera la firma digital los secretarios y secretarias tenían dificultades para conseguir que tres jueces firmaran un decreto o una resolución. En Comodoro Py recuerdan cuando había tiempo para que un juez o una jueza hablara cara a cara con sus secretarios sobre el modo de ordenar las cuestiones de una vocalía. Eso, con las subrogancias múltiples y la virtualidad se ha vuelto difícil porque casi no hay disponibilidad horaria durante el día para el encuentro personal que, explican, no puede reemplazarse por un Zoom ni por interminables audios de WhatsApp.
Los TOF tampoco tienen disponibilidad física para acumular la documentación (todavía en papel) de causas complejas. Usan containers que están ubicados cerca del edificio de Comodoro Py pero también otros lugares. En un TOF en el que hay una vacante, el que era el despacho del juez que se fue ha sido ocupado como depósito de la documentación de varias causas.
Las subrogancias son voluntarias. Nadie obliga a los jueces a tomar una suplencia, es más, cobran por ello. Cuando son convocados para un juicio en particular, reciben un pago proporcional a lo trabajado. En tanto cuando son designados como subrogantes se agrega un 33 por ciento a sus altos sueldos, garantizado por dos años salvo que algo suceda. Y muchas veces sucede.
Al problema estructural de la falta de jueces hay que sumar las actitudes personales. Hay jueces que no quieren que tal o cual subrogue en su tribunal. Hay jueces que aceptan subrogancias y piden vacaciones fuera de la feria judicial, con lo que retrasan más aún lo que ya había de retraso. Y hay otros que por su personalidad no se adaptan fácilmente al trabajo en equipo y terminan renunciando a la subrogancia para la cual se habían postulado.
Sin las subrogancias, admiten en Comodoro Py, el sistema de juicios orales y públicos se caería con consecuencias graves como el mayor tiempo de prisión preventiva de los detenidos y las prescripciones de más causas de las que hay ahora.
En marzo de 2021, Infobae había informado sobre la situación de colapso de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Ciudad por la enorme cantidad de vacantes que hay. En esos tribunales se juzgan a los autores de robos, asesinatos y violaciones. En aquella nota se hizo referencia también a los TOF que juzgan casos de corrupción y crimen organizado.
Mientras que en el caso de los Tribunales Orales en lo Criminal, después de casi un año, el Senado puso fecha para julio para entrevistar a los candidatos y candidatas para cubrir algunas vacantes, poco y nada ha sucedido con los TOF. Hubo un pequeño avance en el Consejo de la Magistratura que no implica cambios en lo inmediato. Por ahora continúa el complicado sistema de subrogancias que mantiene en funcionamiento – no sin fallas- al sistema de juicios orales en casos de enorme repercusión pública.
