Tanto Anticorrupción como el magistrado Manuel García Castellón apuntan que un policía cercano al comisario jubilado siguió en 2018 ofreció servicios a BBVA «vinculados con las contrataciones de Cenyt». La Policía, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional pensaban el 3 noviembre de 2017 que habían desarticulado una organización liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
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Un policía retirado que por entonces era conocido por unos pocos y que pasó a estar en boca de todos. Hasta la fecha de su detención, el agente encubierto había ofrecido, prestado y desarrollado múltiples servicios de investigación, de inteligencia o de consultoría para numerosos clientes, entre los que se encontraban reconocidas firmas españolas.
Ahora, los investigadores sospechan que el entramado encabezado por el espía siguió funcionando después de que éste ingresara provisionalmente en el centro penitenciario de Estremera, al menos durante unos meses más.
Así lo expone tanto el informe de Anticorrupción, en el que solicitó la prórroga de seis meses de la investigación centrada en los encargos que BBVA hizo a Villarejo entre 2004 y 2017, como el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en el que acordó ampliar las pesquisas hasta enero de 2023.
Ambos documentos destacan que en este sumario de la novena pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’ hay indicios de que «existen contrataciones» sobre las que se desconocen «apriorísticamente el porqué del encargo, tales como las posteriores del 2018 o la de muchos de los encargos sin contrato«.
Que Villarejo -en libertad provisional desde marzo de 2021- siguió operando desde la cárcel no es algo novedoso. O así se cree que ocurrió. En octubre de 2020, una comisión judicial registró la celda en la que estaba y su vivienda, y se incautaron de nuevas agendas que han ayudado a avanzar en las distintas líneas de investigación abiertas, tras recibir una denuncia que alertaba de que el comisario se había compinchado con dos presos que gozaban de permisos penitenciarios para presuntamente mercadear con información reservada.
Sin embargo, de lo que no se tenía constancia es que el círculo más cercano al ‘agente doble’ había mantenido la prestación de servicios similares a los ofrecidos antes de su detención.
«En la misma dinámica»
Así, para esclarecer estos hechos, a instancia de los fiscales del ‘caso Villarejo’, el magistrado instructor ha decidido volver a interrogar como imputados tanto a BBVA, como persona jurídica, como al exinspector Antonio Bonilla Martínez, policía situado en el ‘clan Villarejo’, que actuó como director de Operaciones del Grupo Cenyt, el entramado empresarial desde el que operaba el agente encubierto, pese a seguir en activo como funcionario público.
El que fuera compañero de Villarejo dentro y fuera de la Policía ha tenido participación en varios trabajos que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
En el caso de BBVA, fue uno de los responsables de los informes que se entregaron al banco que entonces presidía Francisco González, también imputado en esta causa y que volverá a comparecer ante el juez a petición propia. Al inicio de las investigación, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) ya advirtió al juez que, entre 2011 y 2017, la entidad financiera había hecho varios abonos a Anbycol, empresa de la que era dueño Bonilla.
No obstante, el avance de las pesquisas han hecho determinar que estos ‘negocios’ no concluyeron con la entrada en prisión Villarejo hace ya más de cuatro años y medio. Al parecer el ‘clan Villarejo’ siguió trabajando para determinados clientes, entre ellos BBVA, a través de la empresa de Bonilla:
Los encargos «si bien se encuentra directamente vinculados con las contrataciones de Cenyt, tienen la particularidad que son posteriores a la detención de José Manuel Villarejo y se producen en la misma dinámica pero referenciándose a través de la mercantil Anbycol en fechas del 14 de enero de 2.018, entre otras», reza el auto de García Castellón del pasado 22 de julio.
Encargos sin contrato
A todo ello, el magistrado suma otra serie de trabajos realizados antes de 2018 por el entramado de Villarejo para BBVA, de los que no constan ningún documento de contratación, por lo que, según los investigadores, pueden ser «encargos verbales», «ofertas comerciales», o «simplemente de cobertura para justificar las facturas y pagos».
Así, mientras se esclarecen estos hechos, el instructor ha ofrecido la personación como perjudicados a más de 60 personas, entre los que se encuentran nombres que ya han aparecido en numerosas ocasiones en la causa por haber sido objeto de otros espionajes, como los constructores Fernando Martín o Luis Portillo.
Pero también a otras posibles víctimas como Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el constructor Nicolás Osuna García; el secretario general del Grupo Noga, José Ramón Lacasa Marañón; el presidente de Ibérica de Maderas y Aglomerados y vicepresidente de la Fundación Mutua Madrileña, Luis Rodríguez Durón; o los altos directivos de Salto Systems, Javier Roquero y Rubén Ramos.
Los nuevos perjudicados fueron identificados hace un tiempo, pues en febrero de 2021 el juez García Castellón solicitó a Asuntos Internos averiguar quién había facilitado información de bases de datos policiales sobre estas personas a la red de Villarejo para los proyectos que se habrían desarrollado, al menos, entre 2013 y 2015, y otros que tuvieron lugar en 2018, por encargo, supuestamente, de BBVA.
