La Fiscalía presentó pruebas documentales, peritajes financieros y varios testigos, con los que logró comprobar que Mecafé recibió una avioneta como dádiva, de parte de una empresa a la que en 2013 le adjudicaron un contrato por más de $8 millones.
Antilavadodedinero / ElSalvador
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador determinó que José Miguel Menéndez Avelar, conocido también como «Mecafé», deberá purgar ocho años de prisión por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, según informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
La Fiscalía General de la República (FGR) había pedido una condena de 12 años de prisión, en tanto que la defensa del ahora convicto, argumentaba que lo que le atribuían no era constitutivo de delito.
En 2013 una empresa guatemalteca a la que le adjudicaron la construcción del denominado “Puente San Isidro», en Chalatenango, entregó a Menéndez Avelar y al entonces presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, una avioneta a manera de dádiva. Para entonces, Menéndez Avelar era presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
El fiscal de caso expuso durante el juicio que Mecafé tenía conocimiento de la negociación de un avioneta como dádiva de una sociedad guatemalteca, a cambio de la licitación del diseño y construcción de un puente en el municipio de San Isidro. Foto EDH/ Archivo
El expresidente Funes Cartagena fue separado del proceso judicial debido a que ha sido declarado como prófugo de la justicia salvadoreña. El exmandatario salvadoreño se encuentra en Nicaragua donde primeramente solicitó asilo y luego fue nacionalizado junto a varios de sus familiares.
La Fiscalía logró probar la acusación contra Mecafé con base en prueba pericial financiera y documental. Según la Fiscalía, entre el 2013 y 2016, Menéndez Avelar realizó 47 vuelos a diferentes países en la avioneta que le entregaron como dádiva.
La Fiscalía ha solicitado que la aeronave, que se encuentra en los hangares de una empresa en Guatemala, pase a ser propiedad del Estado salvadoreño bajo la Ley de Extinción de Dominio.
