La fiscalía solicitó 29 años de cárcel para la exalcaldesa de Lima por los delito de lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir y otros delitos. Además, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para ella y otros acusados.
Antilavadodedinero / Elcomercio
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán, habría lavado US$11.293 millones provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS como producto de la trama de corrupción internacional del Caso Lava Jato.
Por ello, el fiscal José Domingo Pérez, acusó a Villarán de la Puente por los presuntos delitos de delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. En consecuencia, solicitó para ella 29 años de cárcel.
Junto con la exburgomaestre han sido acusados otras 20 personas naturales, 10 personas jurídicas y 16 terceros civiles.
El expresidente de OAS, José Adelmario Pinheiro Filho; el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez; el exgerente de Promoción de la Inversión Privada Municipal, Domingo Arzubialde Elorrieta; el exgerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado Ramos; el exregidor Marco Antonio Zevallos y otros, están comprendidos dentro de la acusación. Para ellos se ha pedido penas entre los 25 y 9 años de pena privativa de la libertad.
Doce hechos delictivos
La fiscalía atribuyó a Villarán y su co-imputados la comisión de 12 hechos delictivos. Entre ellos, sostiene, se produjo una concertación entre la exalcaldesa, sus funcionarios y la empresa brasileña Odebrecht a fin de que ésta sea favorecida con el Proyecto Rutas de Lima en el año 2013.
A cambio, la constructora los habría apoyado con 3 millones de dólares que se habrían usado para contrarrestar el proceso de revocatoria, que pedía la salida de la alcaldesa.
En el marco de dicho proceso, la constructora OAS le habría entregado otros 3 millones de dólares a cambio de la suscripción de la adenda 1 de la concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2013 (donde se acordó ampliar la concesión de la obra por 30 a 40 años a dicha empresa).
Respecto a la suscripción del contrato de la concesión del Proyecto Vía Expresa Sur en el año 2013, la acusación refiere que se habría beneficiado la empresa Graña y Montero y ésta a cambio entregó suma 100 mil dólares que fueron blanqueados en el proceso de revocatoria municipal.
En el 2014, según la fiscalía, Odebrecht le habría transferido otros US$1′193,816.68 por la ejecución contractual del proyecto Rutas de Lima y que se destinarían a la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, donde Villarán buscaba reelegirse.
Finalmente, otros 4 millones de dólares habrían sido entregados a la exalcaldesa y sus funcionarios por parte de OAS en el marco de la suscripción de trato directo en el Proyecto Línea Amarilla. El dinero también habría sido lavado en la campaña de reelección de Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Los representantes del Ministerio Público sostienen que los acusados habrían alterado la documentación financiera y brindado falsa declaración sobre los aportes en los procesos electorales a fin de poder ocultar el ingreso de los activos ilícitos de las constructoras.
Impedimento de salida
Paralelo a la acusación respectiva, la fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Villarán y su inhabilitación para ejecer cargo público por siete años. También se requirió el pago de una caución de S/ 500 mil para asegurar su presencia en el proceso.
Además, se requirió que se le prohíba: comunicarse con sus co-imputados o los abogados de estos, emplear de manera directa o indirecta redes sociales para obstruir y/o entorpecer a la administración de justicia y dar declaraciones o manifestaciones en medios de prensa y redes sociales entre otros.
Para Castro Gutiérrez, Gabriel Prado, Zevallos Bueno, Arzubialde Elorrieta y otros también solicitó impedimento de salida del país por 36 meses.
Para el único que solicitó prisión preventiva por 36 meses fue para el empresario Mario Ruas Nogueira.
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No existe sindicación
Raúl Pariona, abogado de Villarán de la Puente, aseveró a que en los más de 144 tomos y más de 27, 000 folios que contiene la carpeta fiscal “no existe ningún documento, ningún testigo que sindique a Susana Villarán como autora de los delitos que se le imputa”.
El letrado sostuvo que pese a la prisión preventiva de la que fue objeto, hoy continúa con medidas de restricción impuestas por el Poder Judicial y que, finalmente la investigación concluyó y ha llegado el momento esperado por la defensa para evidenciar que ella no ha cometido delito alguno.
Recordó que a inicios de mayo del 2019, Susana Villarán expresó públicamente que aceptó aportes de campaña de dos empresas brasileñas expresando disculpas públicas por no haber dado esta información con anterioridad. Sin embargo, remarcó que la ex alcaldesa de Lima aseguró que nunca recibió coimas y no favoreció los intereses de las empresas a cambio de los aportes económicos brindados.
“Los aportes de campaña en ningún momento significaron algún acto ilegal o delictivo. Los aportes de campaña en nuestro ordenamiento jurídico han sido y son siempre lícitos”, dijo
