El informe completo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dado a conocer en los últimos días, da cuenta del escaso esfuerzo realizado por Paraguay para garantizar la seguridad jurídica que requiere la recuperación económica y, sobre todo, la convergencia del crecimiento con el desarrollo en el mediano y largo plazo.
La nota “moderada” a la mayoría de los resultados evaluados y “bajo” a uno de estos significa que si bien no volvimos a la lista gris, no estamos avanzando a la velocidad que se requiere para sacar a Paraguay del grupo de países corruptos y bajo el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Paraguay fue evaluado en sus logros durante el periodo 2015-2021 en el control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Gafilat analizó los avances en 11 resultados, de los cuales uno recibió la nota “sustancial”, nueve recibieron la nota “moderada” y el resultado 7, “Investigación y procesamiento del lavado de activos”, en el que son responsables el Ministerio Público y el Poder Judicial, tuvo la calificación “bajo”.
El magro desempeño en el resultado 7 se debe a la escasa cantidad de sentencias condenatorias de lavado. Apenas 30 sentencias frente a alrededor de 750 informes de inteligencia generados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Estas sentencias son, además, poco relevantes, teniendo en cuenta la existencia de muchos casos emblemáticos por los montos y la complejidad de los involucrados.
El informe nos pone en una situación sumamente delicada para enfrentar los desafíos de la recuperación económica y la necesidad de que el crecimiento no se limite a un aumento del producto interno bruto, sino que contribuya al desarrollo.
La seguridad jurídica es un factor determinante para el crecimiento y el desarrollo. La creación de riqueza a través de la iniciativa empresarial exige confianza en la protección que pueden ofrecer las leyes.
Esta seguridad hace referencia tanto a la relación entre las personas y el Estado como a las relaciones horizontales entre las personas.
La existencia de reglas claras y aplicadas de forma adecuada aporta certeza a la convivencia y a las relaciones económicas. Cuando esto no pasa, no hay claridad en la consecuencia de los actos de los agentes, lo que obstaculiza conductas deseables en términos económicos.
La ausencia de previsibilidad reduce los incentivos a invertir y consumir, factores determinantes del buen desempeño económico. La situación se agrava si se consideran las variables políticas derivadas de acciones delictivas o de la corrupción que acompañan el lavado, el terrorismo, el narcotráfico y otras acciones ilegales.
Las consecuencias negativas no se limitan al mercado interno. Paraguay está permanentemente buscando insertarse en el escenario internacional como país atractivo para la inversión externa. Sin embargo, en la prensa internacional está casi cotidianamente en las noticias negativas relacionadas con la corrupción.
Esto tiene dos resultados adversos. Por un lado, para mitigar esta imagen negativa se ofrecen oportunidades como la reducción de impuestos, cuya eficacia para lograr ese objetivo es muy baja, limitando recursos que el país necesita para aumentar su capital físico y humano.
Por otro lado, la debilidad institucional difundida a nivel internacional incentiva la llegada de agentes económicos de dudosa integridad que, en lugar de contribuir con los objetivos nacionales, terminan socavando aún más los cimientos de una sociedad cohesionada y un crecimiento inclusivo.
No hay ninguna posibilidad de lograr la sostenibilidad del crecimiento económico ni mucho menos que este se traduzca en bienestar sin seguridad jurídica, por lo que el resultado de esta evaluación genera preocupación y debe impulsar cambios profundos en el Sistema Judicial, el de peor desempeño según el reciente informe.
El Sistema Judicial debe presentar a la ciudadanía una propuesta de solución al problema con objetivos, resultados y plazos claros.
